Escudo social contra la dana

El Gobierno aprobó ayer un segundo paquete de ayudas para los afectados por la dana: 110 nuevas medidas que se suman a las decretadas hace una semana, de forma que la aportación para tareas urgentes y reconstrucción supera los 14.300 millones de euros, el mayor programa puesto en marcha en España tras una catástrofe natural. Su intención es reforzar el escudo social y laboral para evitar despidos y contribuir a que empresas y autónomos puedan recuperar su actividad y no se vean abocados a la asfixia financiera o al cierre. Se trata de que 400.000 trabajadores, 30.000 empresas y 100.000 hogares cubran sus necesidades básicas.

Este segundo paquete se centra en los sectores más afectados, como el agrario, que recibirá 200 millones de euros en ayudas directas más otros 175 millones para reparar infraestructuras. Sobresale el refuerzo de los ERTE, que han solicitado más de 400 empresas; la congelación de los pagos hipotecarios o los 500 millones destinados a retirar lodo y escombros, algo esencial y que con tanta razón reclaman los damnificados. En estas dos semanas, la gestión de los efectos de la catástrofe ha sido muy mejorable, pero la respuesta estatal deja claro para qué sirven los impuestos, algo que ya se demostró durante la pandemia. La eficacia del plan se medirá también en la celeridad y la transparencia con las que las ayudas lleguen a los afectados, aspecto en el que las autoridades no siempre han estado a la altura en catástrofes recientes como las sufridas por Lorca o La Palma. La decisión de adelantar de inmediato el 50% de las subvenciones camina en la buena dirección.

Lamentablemente, los esfuerzos pueden quedar ensombrecidos con el cambio del clima político en torno al drama. En los primeros días no hubo críticas cruzadas entre el Gobierno y la Generalitat Valenciana. Bien al contrario, Mazón agradeció en público la ayuda y la rápida presencia de Pedro Sánchez sobre el terreno. El PP, sin embargo, ha pasado al ataque y, sin respaldar claramente a su presidente regional, Carlos Mazón, maniobra para sembrar dudas sobre el nombramiento de Teresa Ribera como comisaria europea a base de retorcer sus infructuosos intentos de contactar con Mazón el fatídico día. Unas maniobras que previsiblemente se verán hoy cuando Ribera se someta al preceptivo examen en el Parlamento Europeo.

Una catástrofe de estas dimensiones y la profunda indignación ciudadana que ha provocado lo cambia todo, y la manera en que se gestione marcará la legislatura popular en Valencia y, probablemente, el resto de la legislatura nacional. Todo ello en medio de una creciente ola ultrapopulista y de una desconfianza en las instituciones que sería un error obviar y una irresponsabilidad alentar, como están haciendo algunos dirigentes populares.

Mazón lanzó ayer unas tibias excusas al reconocer que se “pueden haber cometido errores”, pero sigue sin asumir la incompetencia con la que él y su equipo afrontaron la luctuosa jornada de la dana. Tenía toda la información actualizada por parte de Aemet y de la Confederación Hidrográfica del Júcar, tal y como muestran los correos electrónicos que ambas instituciones remitieron a la Administración autonómica, sus bases de datos sobre caudales y embalses y los mensajes en las redes sociales. Tenía las competencias exclusivas en una emergencia anunciada en la comunidad que preside y en lugar de ser él quien estuviera al frente, exigiendo datos y anticipando la ayuda que podría necesitar, clama acusando a otros de no haberle hecho hacer su trabajo. Ayer se supo que el martes, 29 de octubre, desdeñó la decisión de las universidades públicas de suspender su actividad ante la alerta roja. Mazón comparece el jueves en las Cortes autonómicas. Es el mejor marco para que ofrezca las explicaciones pendientes, que deberían comenzar por el anuncio de la destitución de su consejera de Justicia e Interior, cuya desastrosa dirección de esta emergencia hace imperiosa su marcha.