Asustaviejas

Los periódicos, decían los antiguos, deben informar, formar y entretener. Dedicarse a meter miedo está mal. Una de las finalidades de los bulos, más allá de hacer que nadie crea nada, es generar debates sobre problemáticas inexistentes o residuales para meter miedo. Si sales a comprar el pan, te okupan la casa, cuentan. No es cierto, pero ayuda a ensuciar el clima social y a captar publicidad de seguros y alarmas....

Los periódicos, decían los antiguos, deben informar, formar y entretener. Dedicarse a meter miedo está mal. Una de las finalidades de los bulos, más allá de hacer que nadie crea nada, es generar debates sobre problemáticas inexistentes o residuales para meter miedo. Si sales a comprar el pan, te okupan la casa, cuentan. No es cierto, pero ayuda a ensuciar el clima social y a captar publicidad de seguros y alarmas.

Lo que se conoce como okupación de una vivienda, delito que técnicamente es el de usurpación, trata de aquellas vacías. Ni siquiera de segundas residencias, sino de viviendas sin uso durante años o incluso abandonadas. Muchas de ellas son propiedad de bancos. Cuando alguien entra para establecerse en una vivienda que es la habitual de otra persona, o que esa segunda persona usa al menos esporádicamente, estamos hablando de otro delito, el de allanamiento. A quien lo comete, la Policía lo saca en horas.

Daniel J. Ollero contaba a finales de agosto en El Mundo que “el fenómeno de la okupación” despuntaba. Escribía que el consejero madrileño de Vivienda, Turismo y Transporte echaba en cara “la inacción del delegado del Gobierno” en esa comunidad. Su pieza comienza con esta frase: “El fenómeno de la okupación en España se ha intensificado en los últimos años” y sigue diciendo que en 2023 “se registraron 15.289 casos de allanamiento o usurpación de inmuebles” en España. El número es cierto, pero a Ollero se le olvidó contar que un año antes, en 2022, fueron 16.765 y dos años antes, en 2021, un total de 17.274. Es decir, casi 2.000 menos en dos años.

Lo de El Mundo es de aficionados comparado con las historias de Abc. Solo en agosto publicó casi 30 “noticias” sobre okupas. Hay que ser original y buscar bien para no repetirse, pero los de Julián Quirós lo consiguen, desde hacer como El Mundo y dar los datos de 2023 sin contar que eran más las okupaciones en 2022 y 2021, hasta escribir que ”desde el aniversario de la aprobación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se han registrado un total de 15.289 casos de allanamiento”, dando a entender que aumentan y que uno ya no se puede ir de vacaciones sin encontrarse a la vuelta un okupa en el salón, con los pies sobre la mesilla gritándole a Mbappé.

Abc también nos cuenta (ustedes perdonen, pero dan ganas de cantar aquello de ”por el mar corren las liebres, por el mar corren las liebres, por el monte las sardinas, tralará”), que “Vox pide contundencia a Page ante el aumento de casos de okupación en la región”. Pero en Castilla-La Mancha bajaron, según los datos del Ministerio del Interior, de 753 en 2021 a 718 en 2022 y a 632 en 2023. Que Vox miente es vox populi, perdón, Vozpópuli (esos también mienten, por cierto), pero hombres de dios, 632 es menos que 753.

Abc va más allá y cuenta el bulo y la información real con tres días de diferencia. El 6 de agosto, Jorge Herrero nos relata cómo una vivienda de Cobisa, en la provincia de Toledo, fue okupada dos veces en 24 horas por las mismas personas. En la primera okupación, porque la vivienda tenía un morador habitual, la Guardia Civil, acompañada del alcalde de la localidad, acudió y no pudo hacer nada hasta que los okupas se fueron por propia voluntad, llevándose además “objetos de valor”. Repetía una historia que había contado Ana Rosa Quintana en su programa TardeAr y aseguraba que la Guardia Civil no podía hacer nada porque “la legislación vigente impidió una acción rápida”.

Tres días después, sin hacer referencia a aquel artículo, Abc contó a sus lectores, confiando en su desmemoria, que la mujer okupa de aquella historia había sido en realidad detenida y acusada de allanamiento de morada y otros dos delitos de daños y amenazas. La pieza relataba que los agentes “comprobaron que se trataba de okupas por lo que obligaron a la mujer y a sus hijos a abandonar la vivienda”. Se ve que en tres días cambió la legislación.