Ni federalista ni de izquierdas

El preacuerdo entre el PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa es una antología de premisas falsas y vaguedades que asume el marco mental del nacionalismo. En primer lugar, da por cierta la falacia de que los impuestos los pagan los territorios y no los ciudadanos. Una vez más, el socialismo acepta las mentiras del independentismo: la sentencia del Estatut como detonante del procés, el lamento por la jud...

El preacuerdo entre el PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa es una antología de premisas falsas y vaguedades que asume el marco mental del nacionalismo. En primer lugar, da por cierta la falacia de que los impuestos los pagan los territorios y no los ciudadanos. Una vez más, el socialismo acepta las mentiras del independentismo: la sentencia del Estatut como detonante del procés, el lamento por la judicialización de la política. Suscribe otra superchería: que Cataluña está infrafinanciada. Como ha explicado Ángel de la Fuente, el déficit fiscal de Cataluña se explica porque es uno de los territorios de mayor renta. Ese déficit es mucho menor del “que calcula la Generalitat por un procedimiento sesgado” y se sitúa “en la relación ‘normal’ en España entre renta per cápita y saldo regional”. “La posible inequidad no estaría, por tanto, en el déficit sino en su eliminación”, señala, y eso es lo que busca “la financiación singular”, que pretende que Cataluña recaude e ingrese todos los impuestos de titularidad estatal: el objetivo es aportar menos a la caja común. Reduce la solidaridad: disminuye las obligaciones hacia las comunidades más pobres, porque así son los caminos del Gobierno de progreso. El enfoque es bilateral y no multilateral: el mayor obstáculo del federalismo en España lo representan aquellos que se proclaman federalistas pero en la práctica defienden el confederalismo y los privilegios. Lo crucial para ellos no es tener más, sino tener más que los otros. Por si acaso, el pacto limita una vez más la solidaridad apelando al principio de ordinalidad: dice cómo se tienen que gastar el dinero los demás. Fragmenta la Agencia Tributaria, lo que producirá costes de transición y coordinación. Sin duda, tranquiliza que la cesión de las competencias se negocie con quienes malversaron fondos públicos para atacar el orden constitucional y dicen que lo volverán a hacer. Reducirá los recursos del sistema y de las comunidades beneficiarias. Algunas de las que son receptoras netas pueden volverse contribuyentes. Es posible que otras deban aportar más y acaben pidiendo otro régimen especial. ¿Por qué no deberían hacerlo? Ya dice el Gobierno que es buenísimo y todos somos singulares y tonto el último. Esta transformación hacia un modelo confederal no se hace con un debate o un proyecto de reforma constitucional o estatutaria, sino únicamente para conseguir una investidura. No solo socava la solidaridad entre territorios, reduce la redistribución y amenaza la sosteniblidad del Estado: incrementa la sensación de agravio entre territorios y ciudadanos, y ataca la idea de que compartimos una comunidad.