Sánchez, en el callejón de Puigdemont
El presidente del Gobierno ha descubierto que subirse al barco del independentismo no es un paseo amable, sino una travesía llena de temporales
Caretas fuera: esto ya sólo va de Carles Puigdemont. Junts no quiere aceptar la ley de amnistía como está, por pánico a que las causas abiertas por terrorismo o alta traición dejen a Puigdemont fuera. Y ello ha detonado una batalla soterrada en el independentismo, donde afines a Junts acusan a Oriol Junqueras de querer dejar tirado a su líder. Pedro Sánchez se adentra en un callejón inci...
Caretas fuera: esto ya sólo va de Carles Puigdemont. Junts no quiere aceptar la ley de amnistía como está, por pánico a que las causas abiertas por terrorismo o alta traición dejen a Puigdemont fuera. Y ello ha detonado una batalla soterrada en el independentismo, donde afines a Junts acusan a Oriol Junqueras de querer dejar tirado a su líder. Pedro Sánchez se adentra en un callejón incierto: la posibilidad de que el principal responsable del 1 de octubre de 2017 jamás regrese a España, o que se generen nuevos agravios alrededor de la amnistía.
Basta observar cómo partidarios del líder de Waterloo hablan de “pinza” entre el PSOE y ERC en contra de Puigdemont. Pero incluso esas teorías de la conspiración asumen que el expresident es el mayor escollo por que se niegan al actual texto. Si bien, el objetivo de Junts era vender un relato antiélites con la medida de gracia. Decían que sería “integral”, no como los indultos, a sabiendas de que hundieron a ERC en las urnas por la imagen de beneficios para la casta que generaron entre el independentismo. Aunque las caretas cayeron en la votación en el Congreso. Unos pocos nombres hacen trastabillar la negociación, y si no se llega a un acuerdo, muchos ciudadanos anónimos se quedarán fuera de la amnistía, por más que Junts presente a ERC como “la casta” y se vendan a ellos mismos como “la gente”.
Así que Sánchez tiene un mes para buscar una salida. ¿Puede el PSOE dar mayores garantías jurídicas a Puigdemont? El Gobierno se enfrenta al elefante en la habitación: resetear el procés también pasaba por cerrar la casa de Waterloo, que se acabe el relato del “exilio” o la “represión”, de un líder vagando por instancias europeas poniendo a escurrir a España. Por ello, la situación tampoco es buena noticia para nuestra democracia. Puigdemont sigue siendo un símbolo que alimenta la fantasía de quienes le consideran el “president legítim”, y su permanencia en Bélgica, un cabo suelto que se utilizará para bloquear toda normalización política.
Y es que nada se ve igual en la Cataluña díscola en que en el Madrid político. Lo que parece indecente a ojos del sentido común, que Puigdemont niegue el perdón procesal a cientos de ciudadanos, quizás no lo sea a ojos de muchos independentistas. No hay que olvidar que Junts se presentó al 23-J negando su participación en la gobernabilidad de España, que ciertos votantes querían que bloqueara la investidura, a otros la amnistía les queda lejos, o un último grupo no acepta haber congelado el referéndum a cambio de las medidas de gracia. Pese a ello, quién sabe si el egoísmo de su élite no será pronto distorsionado mediante más victimismo y la invención de nuevos agravios: Junts podría volverse el partido de los indignados por la amnistía, de los que “no se dejaron engañar”. En el otro extremo, el del realismo, está la presión que ejerza su base de alcaldes implicada en el 1-O. E incluso, la esperanza de que siempre será mejor agarrarse a una posibilidad judicial, por complicado que sea el camino, que a ninguna.
La duda es si ERC puede contrarrestar la eventual insolidaridad de sus adversarios. La huida de su diputado en el Parlament Ruben Wagensberg a Suiza, implicado por el Tsunami Democràtic, se ha convertido en dinamita para cuestionar esa afirmación de los republicanos sobre que la ley de gracia era “robusta”. Qué duda cabe de que Junts utilizará ese ejemplo para afirmar que en verdad, la ley no aportaba las garantías, o que a Junqueras ya le convenía que Puigdemont no volviera.
Aunque los socialistas también tienen su propio dilema. Sánchez ha dado el puñetazo en la mesa a las puertas de las elecciones gallegas, bajo la idea de que peor sería para los soberanistas que gobierne la derecha. Voces de izquierdas aplauden que, al fin, haya remilgos frente al independentismo. Pero el PSOE también tiene un problema de relato. ¿Cómo iba a explicar ahora que todo el terrorismo es amnistiable? Cabe pensar que en La Moncloa no solo temen un varapalo ante el Tribunal Constitucional, sino ante el TJUE. No es lo mismo que a uno le llame la derecha “dictador” por leyes que ratifican los tribunales internacionales, que por leyes que no aceptan los estándares europeos.
Sin embargo, todavía existe una salida salomónica posible: chutar la pelota hacia delante. Jaume Asens proponía que Junts acepte la ley en los términos actuales, y que el PSOE se comprometa a introducir reformas, a futuro —se entiende, según avancen de las causas judiciales. Ello haría ganar tiempo a ambas partes, sin que todo salte por los aires, sin que nadie asuma por ahora renuncias sustanciales.
En consecuencia, Sánchez ha descubierto que subirse al barco del independentismo no es un paseo amable, sino una travesía llena de temporales. Dicen algunos afines a Junts que la “ofensiva del Estado” ya no es contra ellos, sino contra el propio líder del PSOE. Suena a argumentario para convencer al presidente. Pero está claro que la amnistía puede marcar un punto de inflexión, una ruptura entre Puigdemont y Sánchez que no augura cuatro años de Gobierno. El callejón es ahora de doble sentido; veremos si, también, la salida.