Garantizar el asilo

La situación de hacinamiento en la que se encuentran cientos de personas desde las últimas semanas en el aeropuerto de Madrid-Barajas resulta insostenible. Un mes después de que estallara la crisis, no solo no se ha encontrado una solución sino que aumenta el número de viajeros en tránsito que solicitan protección internacional, una modalidad de entrada en Europa mucho más segura que la incierta travesía en patera. Todos ellos tienen derecho a que se examine su solicitud, pero la acumulación sobrevenida de casos está impidiendo que se resuelvan en los plazos que establece la ley y las condiciones de vida en las tres salas habilitadas son cada vez más indignas. Se entiende que lo prioritario para el Ministerio del Interior sea controlar el flujo de personas, pero eso no exime a España de dar un trato adecuado a quienes están bajo su custodia.

La situación empezó a salir de la normalidad en verano con la llegada de somalíes que aterrizaban con pasaporte de Kenia. A principios de enero ya eran más de 650 los que habían solicitado asilo en la zona de tránsitos del aeropuerto. A ese grupo inicial se han sumado otros viajeros procedentes de Marruecos, en vuelos iniciados en Casablanca con destino a América Latina.

El cumplimiento de la normativa exige comprobar la nacionalidad del solicitante y examinar si tiene derecho a protección, un trámite que se demora estos días por la acumulación de solicitudes y la alarmante escasez de personal para hacer entrevistas. En diciembre, tres jueces requirieron a Interior poner fin a las condiciones de insalubridad en las que se encontraban. Como solución de emergencia, el Ministerio solicitó el traslado de una parte de estas personas a un Centro de Internamiento de Extranjeros, pero el juez la denegó por entender, de acuerdo con la Fiscalía, que a un demandante de asilo no se le puede considerar inmigrante en situación irregular ni, por tanto, privar de libertad. Antes hay que determinar si se admite a trámite su petición.

Interior impuso el sábado un visado de tránsito a los viajeros con pasaporte de Kenia como ya había hecho en la última década con viajeros procedentes de Siria, palestinos residentes en Líbano, yemeníes y haitianos, entre otros. Esta medida, sin embargo, va contra la normativa de asilo, dado que impide que quienes tienen necesidad de protección internacional puedan viajar y solicitarla. Somalia vive sumida en un durísimo conflicto civil y una terrible crisis humanitaria por la peor sequía en 40 años. De hecho, la UE ha concedido asilo al 55% de los somalíes que lo han solicitado. No es fácil encontrar una solución al problema de fondo, pero parece claro que urge destinar más recursos a agilizar los trámites, evitar el hacinamiento en el aeropuerto y garantizar unas condiciones dignas a quienes solicitan ejercer en España un derecho reconocido internacionalmente.