Lecciones del acuerdo de Doñana

Tras años de negar las evidencias y de escalar la tensión y el conflicto, se anunciaba esta semana un principio de acuerdo por el que el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, se comprometía a dejar en suspenso la proposición de ley por la que se preveía reconocer y, por tanto, ampliar los regadíos del entorno de Doñana, y la vicepresidenta del Gobierno de España Teresa Ribera anunci...

Tras años de negar las evidencias y de escalar la tensión y el conflicto, se anunciaba esta semana un principio de acuerdo por el que el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, se comprometía a dejar en suspenso la proposición de ley por la que se preveía reconocer y, por tanto, ampliar los regadíos del entorno de Doñana, y la vicepresidenta del Gobierno de España Teresa Ribera anunciaba una inversión de 350 millones para proyectos sociales en la comarca de El Condado de Huelva, donde se ubican los polémicos regadíos, inversión que se suma a los 356 millones ya invertidos.

La polémica proposición de ley impulsada por la Junta, que ha contado con las críticas de la comunidad científica, la Unesco, los grupos ecologistas y la Comisión Europea, era de difícil encaje con la legislación ambiental y con todas las líneas estratégicas asumidas por la UE ante las consecuencias que la crisis climática tiene sobre el agua, en especial, en entornos altamente sensibles como es Doñana. Por encima de la rivalidad política y de las dinámicas de polarización que alientan algunos posicionamientos ante las políticas ambientales, las consecuencias del cambio climático obligan a alcanzar acuerdos que permitan gestionar los recursos en función de las nuevas realidades.

Es interesante analizar por qué la tensión ha ido escalando hasta alcanzar su máximo en la pasada primavera. Quienes llevan años estudiando y siguiendo la evolución de la zona ya advirtieron entonces que la ley no podía responder más que a intereses electoralistas de corto plazo, pues los que la impulsaban sabían que se arriesgaban a una multa de la Unión Europea e incluso a la calificación de Doñana como “patrimonio mundial en peligro” por parte de la Unesco.

Doñana es una muestra más de cómo las políticas de transición ecológica tienen que incorporar las variables económicas y sociales apostando por mecanismos de justicia social que permitan una transición con la búsqueda de alternativas para los territorios, los sectores empresariales y las personas que se vean afectadas por estas transformaciones. La inversión prevista para proyectos sociales, pendiente de concretar, debe convertirse en una oportunidad para redirigir la economía de la zona hacia actividades acordes con los recursos del territorio en el corto, medio y largo plazo.

Es necesario que los acuerdos se concreten y ejecuten para avanzar hacia un nuevo modelo económico en ese entorno y en la protección y recuperación de Doñana. Mirando al futuro, urge preguntarse cuántos casos similares se han dado ya o se van a plantear. La transición ecológica requiere acuerdos entre agentes políticos, sociales y económicos que posibiliten los cambios necesarios. Todo lo contrario a las estrategias de polarización o de demagogia electoral.