¿Quién debe jalarse la oreja?

Las disidencias de las FARC están en el Congreso. La frase golpea. Es fuerte. Aunque lo verdaderamente fuerte es que se haya permitido a quienes no firmaron los acuerdos de paz con el Gobierno de Juan Manuel Santos seguir creciendo y afianzándose en el negocio del narcotráfico.

Esto es: las disidencias mandan; las disidencias controlan territorio; las disidencias mantienen en jaque a la fuerza pública; y las disidencias se engordaron como el marranito de Navidad, con la única diferencia de que noso...

Las disidencias de las FARC están en el Congreso. La frase golpea. Es fuerte. Aunque lo verdaderamente fuerte es que se haya permitido a quienes no firmaron los acuerdos de paz con el Gobierno de Juan Manuel Santos seguir creciendo y afianzándose en el negocio del narcotráfico.

Esto es: las disidencias mandan; las disidencias controlan territorio; las disidencias mantienen en jaque a la fuerza pública; y las disidencias se engordaron como el marranito de Navidad, con la única diferencia de que nosotros, y no ellos, seremos el plato de Nochebuena.

La mano del Gobierno se ha extendido con blandura, y bien lo han aprovechado quienes operan como delincuentes de alto nivel y raquítico sentido político. A menos que por “política” se entienda extorsionar a los funcionarios de elección popular o ponerle un fusil en la sien a la gente para que vote por los candidatos de las disidencias en octubre.

Tan evidente ha sido en los últimos días que las disidencias no respetan al Gobierno progresista, que hasta la propia Francia Márquez ha salido a reclamar acción de la fuerza pública: “Necesitamos sí o sí que nuestras Fuerzas Militares y de Policía den respuestas y resultados concretos, tenemos que mejorar la situación de seguridad (…). Yo sé del esfuerzo que hacen y sé que hay que salvaguardar la vida, pero ustedes tienen todas las herramientas necesarias para garantizar la seguridad, ese es un mandato constitucional”.

No, vicepresidenta. No cuentan con todas las herramientas necesarias, partiendo de la básica: el apoyo real del Gobierno a la efectiva acción de los uniformados. La moral tiene saldo en rojo para miles de hombres y mujeres que se juegan a diario la vida combatiendo el crimen y la ilegalidad.

El mundo coloidal de las negociaciones del Gobierno con la colección de delincuentes que decoran el pesebre nacional tiene efectos en una ciudadanía asustada. La única manera de lograr el éxito en las conversaciones con la delincuencia es asestarle golpes contundentes. El criminal busca beneficios y agacha la cabeza solo cuando está disminuido por la fuerza del Estado.

El Gobierno ha sido tan inconsistente en el manejo de la autoridad legítima que, hoy en día, cuando se logra un importante positivo (dar de baja a un delincuente de alto nivel), los propios uniformados dudan en comunicarlo a sus superiores, so pena de que sean responsables de la muerte de un interlocutor del alto comisionado de Paz.

Por eso, en materia de acciones violentas del Estado Mayor Central, “en los últimos tres meses se nota un fuerte incremento: 84 en julio, 164 en agosto y 90 en lo corrido de septiembre, para un total de 340 acciones, que representan el 54,3 por ciento de las realizadas este año” (El Tiempo, 24/09/23).

Por eso “Tibú (es) el pueblo colombiano con más coca del planeta, sin morgue, alcalde, juez ni fiscal. Los grupos armados al margen de la ley mataron o desterraron a las autoridades en el municipio con más cultivos de coca en el mundo” (EL PAÍS América Colombia, 23/09/23).

Por eso “en los departamentos de Cauca y Nariño, más de 30.000 usuarios se encuentran sin servicio de energía debido a los recientes ataques armados que dañaron la infraestructura eléctrica” (El Colombiano, 23/09/23).

Por eso “El estado de terror se apodera de Tuluá y silencia a los medios. El crimen organizado, con panfletos amenazantes y atentados, tiene intimidada a la población, jueces y periodistas en medio de la época electoral más violenta que ha vivido el municipio en su historia reciente” (EL PAÍS América Colombia, 15/09/23).

Por eso este año, según Indepaz, “se han registrado 64 masacres, han asesinado a 123 líderes sociales y 30 firmantes de paz; se han presentado más de 99.000 eventos de desplazamiento forzado” (Caracol Radio, 21/09/23).

Por eso “Nariño vive una crisis de violencia en plena paz total. (Su) situación es similar a la de otras de las regiones más conflictivas en Colombia, que, según el CICR, suman siete conflictos entre diferentes actores, de los que el Estado es tan solo uno” (EL PAÍS América Colombia, 10/09/23).

Evalúe bien, señora vicepresidenta, si el jalón de orejas es a la fuerza pública o debe aplicarse en su pabellón, que es el del Gobierno al que usted pertenece, y al que se le ha visto poca efectividad en el combate a los criminales.

Apliquen la sabiduría ancestral: conversen con los criminales, claro, pero solo después de una buena apretada de pescuezo.

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Retaguardia. Urge expandir el virus de la seguridad en los 1.104 municipios tocados por la luz del sol. No menos importante que, pasadas las marchas, las entidades públicas revelen los balances de gastos y apoyos que se dieron a los manifestantes. Son dineros de todos los colombianos y, como en el viejo refrán, “las cuentas claras y el chocolate espeso”.

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