Perseguir a los cómplices de la pederastia

La petición de la Fiscalía General del Estado a todos los fiscales superiores de España para que valoren la extensión de la acusación “a las posibles conductas encubridoras por parte de los representantes de las instituciones religiosas” supone un salto cualitativo en el proceso de esclarecimiento de la verdad, justicia para las víctimas y depuración de responsabilidades en los casos de abusos sexuales cometidos en el seno de la...

La petición de la Fiscalía General del Estado a todos los fiscales superiores de España para que valoren la extensión de la acusación “a las posibles conductas encubridoras por parte de los representantes de las instituciones religiosas” supone un salto cualitativo en el proceso de esclarecimiento de la verdad, justicia para las víctimas y depuración de responsabilidades en los casos de abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia católica española. Se trata de un importante paso del ministerio público en la aproximación a un escándalo social que —aunque llegue tarde— al menos refleja la determinación de la Justicia de investigar la cadena de responsabilidades en unos hechos dramáticos que, ocultos a la mayor parte de la sociedad, sin encubridores no habrían podido prolongarse durante tanto tiempo.

La memoria anual, presentada por la Fiscalía el pasado miércoles, incluye por vez primera la actuación de la institución —iniciada en enero de 2022— en este escándalo, que pudo ser conocido por la opinión pública gracias a la exhaustiva investigación que desde hace años viene realizando EL PAÍS y que hasta la fecha contabiliza 2.190 víctimas y 1.021 acusados. La Fiscalía General ha recibido de las fiscalías superiores, a las que ordenó el 31 de enero del año pasado que le remitieran todos los procedimientos penales relacionados con estos delitos, un total de 167 casos: 61 diligencias de investigación, 86 diligencias previas y 20 sentencias condenatorias. Son datos muy parciales, según reconoce la propia memoria anual. Hay que lamentar el papel que en esto desempeña la jerarquía católica española, que, al contrario que las conferencias episcopales de países como Estados Unidos, Alemania, Francia o Portugal, se ha caracterizado por una sistemática falta de colaboración y transparencia. Primero, ignorando el problema y sus denuncias; más tarde, tratando de desacreditar públicamente la rigurosa investigación de este periódico, y, finalmente, actuando con tibieza y solo cuando en diciembre de 2021 EL PAÍS le hizo entrega directamente al papa Francisco un detallado informe de 385 páginas que recogía 251 casos.

La decisión de la Justicia de investigar también si se han encubierto los delitos de pederastia en la Iglesia abre una nueva dimensión en el proceso. Habrá casos en los que el agresor puede haber actuado solo y otros en los que personas conocedoras de sus actividades se sitúen a un nivel jerárquico inferior o igual, pero también cabe la posibilidad real de que haya superiores conocedores de estos delitos que no hayan actuado. En la lista pública y constantemente actualizada de este periódico figuran los nombres de 75 obispos o superiores religiosos acusados por las víctimas de encubrimiento.

A la luz de esta situación queda realzada la importancia de la comisión creada en marzo de 2022 por el Congreso y dirigida por el Defensor del Pueblo, quien ha organizado un importante equipo multidisciplinar que incluye también a representantes de la Fiscalía General. Dada la complejidad de la investigación, el Defensor del Pueblo no ha querido prometer plazos que crearan expectación y pudieran comprometer el trabajo. Pero no cabe duda de que estos se acortarían con la colaboración plena de la jerarquía católica española y no con meras declaraciones de buenas intenciones.