Cuando Puigdemont despierte, el dinosaurio seguirá ahí

Los resultados de las elecciones generales celebradas el 23-J han situado a los independentistas de Junts en el centro del escenario político nacional, confiriéndoles el papel de actores determinantes. En efecto, atendiendo al reparto de escaños en el Congreso que han arrojado los comicios, Pedro Sánchez solo lograría superar el debate de investidura y convertirse en presidente del Gobierno si, junto con el apoyo de...

Los resultados de las elecciones generales celebradas el 23-J han situado a los independentistas de Junts en el centro del escenario político nacional, confiriéndoles el papel de actores determinantes. En efecto, atendiendo al reparto de escaños en el Congreso que han arrojado los comicios, Pedro Sánchez solo lograría superar el debate de investidura y convertirse en presidente del Gobierno si, junto con el apoyo de sus socios en la anterior legislatura, Junts votara a su favor o se abstuviera. Que alguna de estas dos hipótesis se verifique en la práctica dependerá no sólo del “precio” político que el candidato socialista esté dispuesto a pagar a Junts, sino también del rumbo que siga la situación procesal de su líder, Carles Puigdemont.

Si en relación con las demandas políticas ya conocidas —amnistía y referéndum de autodeterminación—, el margen para la negociación es marcadamente angosto, topándose con los límites derivados de la Constitución, el panorama en el ámbito judicial no se muestra hoy por hoy menos complicado. Una vez que el Tribunal General de Justicia de la Unión Europea estimó (en su sentencia del pasado 5 de julio) que el Parlamento Europeo despojó correctamente de su inmunidad a los diputados independentistas, entre ellos, el expresidente Puigdemont, ha quedado expedita la vía para que el Tribunal Supremo reactive las órdenes europeas de entrega y detención ante la justicia belga. Una petición todavía no formulada, pero que ha sido solicitada por parte de la Fiscalía al día siguiente de las elecciones. Habrá que ver si la reacción del juez Llarena se produce inmediatamente o si, por el contrario, opta por una actitud más cautelosa. Habrá que ver también si la defensa de Carles Puigdemont recurre la sentencia del TGUE y si, como no cabe descartar, logra que su ejecución se paralice, impidiendo la entrega de los eurodiputados afectados, hasta que se resuelva finalmente el caso. Otra incógnita a despejar, ciertamente no menor a la vista de la actitud demostrada en el pasado reciente, es qué resolverán, llegado el momento, los tribunales de Bélgica en relación con la entrega solicitada. En cualquier caso, y a pesar de todo lo dicho, lo que no suscita ninguna duda es que las euroórdenes se emitirán y que la maquinaria judicial volverá a ponerse en marcha.

Siendo este el complejo contexto de referencia jurisdiccional en el que nos encontramos, se impone tomar conciencia de los límites concurrentes, insistiendo en que el margen de maniobra negociador del candidato Sánchez es prácticamente nulo. En un Estado de derecho, la acción de los tribunales sigue sus propias pautas y responde a una lógica que es ajena a las dinámicas políticas. Por ese flanco, la pelota está en el tejado independentista. Y es que, más allá de su mantra sobre la ilegitimidad de los procesos judiciales todavía pendientes en España contra los líderes huidos, la realidad es tozuda y aquellos seguirán irremisiblemente su curso. Empecinarse en lograr concesiones políticas en ese terreno conduce al fracaso, porque lo cierto es que, aunque Junts y su líder, Carles Puigdemont no quieran despertar de su sueño, el dinosaurio (de la justicia) sigue y seguirá estando ahí.

Ante este estado de cosas, cabe plantear la hipótesis remota, pero no por ello teóricamente descartable, de que, dada la certeza de una entrega que, tarde o temprano, acabará produciéndose, los afectados tomen la iniciativa y la lleven a cabo voluntariamente. No es posible ignorar el altísimo precio derivado de tal decisión, porque al imputarse, junto con el de desobediencia (anteriormente, sedición) el delito de malversación agravada, que lleva aparejada una pena de cárcel superior a dos años, no sería posible eludir el inmediato ingreso en prisión de Puigdemont. Una situación de privación de libertad que, dados los antecedentes del caso, se prolongaría hasta que se dictase sentencia. Por otro lado, respetando la presunción de inocencia, el veredicto final emitido por el Tribunal Supremo sería previsiblemente condenatorio. El expresidente seguiría, pues, una suerte similar a la de los líderes independentistas, con Oriol Junqueras a la cabeza, que en su momento se sometieron a los correspondientes procesos, acabaron en la cárcel y, posteriormente, fueron indultados por el Gobierno socialista.

El ingente coste político que la hipótesis propuesta provocaría en el seno del independentismo es, asimismo, obvio, puesto que generaría un terremoto de la máxima intensidad en el que el argumento de la “pureza” independentista esgrimido por Junts frente a la pretendida “traición” de Esquerra, más proclive a llegar a acuerdos con el Gobierno estatal, quedaría sustancialmente eclipsado. Abriría la puerta a un replanteamiento en la actual división, permitiendo la formulación de estrategias comunes ante el poder central. Que esta sea la senda elegida por Junts a día de hoy se perfila como un ejercicio de política ficción, una suerte de misión imposible plagada de dificultades insuperables. Pero, como sucede en las películas de Tom Cruise, cuando todo parece perdido, podemos especular con que se produzca un acontecimiento inesperado que cambie el curso del relato y nos lleve a un desenlace final con el que nadie contaba.