Crisis política en Colombia

El Gobierno de Colombia afronta su peor crisis desde que asumió las riendas del país hace 10 meses con la promesa de un cambio profundo. El escándalo de las escuchas ilegales que motivó la destitución de dos cargos de máxima confianza del presidente Gustavo Petro agrava una situación ya de por sí delicada. Las tensiones de la coalición legislativa y el estancamiento de reformas clave obligan al mandatario a demostrar su capacidad de go...

El Gobierno de Colombia afronta su peor crisis desde que asumió las riendas del país hace 10 meses con la promesa de un cambio profundo. El escándalo de las escuchas ilegales que motivó la destitución de dos cargos de máxima confianza del presidente Gustavo Petro agrava una situación ya de por sí delicada. Las tensiones de la coalición legislativa y el estancamiento de reformas clave obligan al mandatario a demostrar su capacidad de gobernar y a retomar la iniciativa con inteligencia para reactivar su agenda. Superar este profundo bache es imperativo no solo para la credibilidad del primer presidente de izquierdas de la Colombia contemporánea, sino para garantizar la misma gobernabilidad.

La disputa entre Armando Benedetti, un volcánico político que se convirtió en una figura decisiva de la última campaña electoral antes de ser nombrado embajador en Venezuela, y la jefa de gabinete del propio Petro, Laura Sarabia, degeneró en un caso lleno de aristas. La más grave es la insinuación de Benedetti sobre la financiación de la candidatura. Las grabaciones filtradas se limitan a sembrar dudas, pero ensombrecen el horizonte del Ejecutivo. El mandatario instó a su antiguo colaborador a dar explicaciones ante la Fiscalía y la oposición acudió a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para que investigue al jefe de Estado. A eso se suma que el movimiento fundado por Petro, el Pacto Histórico, denunció al fiscal general, que debería atenerse a la templanza que exige el ministerio público, por unas declaraciones sobre la trama de escuchas, acusándolo de actuar como un político.

Este tsunami daña la imagen internacional de Colombia, pero ha tenido también consecuencias directas en la agenda de reformas que el Gobierno trataba de desatascar cuando faltan menos de dos semanas para que termine el periodo de sesiones. El Legislativo congeló tres de los grandes proyectos de Petro en materia sanitaria, laboral y de pensiones. La falta de tiempo no era el único obstáculo, ya que la debilidad de la coalición dificultaba un acuerdo. Sin embargo, ahora se han multiplicado los frentes abiertos.

La base social que apoya al Gobierno reaccionó, movilizada por Petro, con la convocatoria de manifestaciones en defensa de las reformas. A las marchas de este miércoles se unieron las centrales sindicales, organizaciones estudiantiles y el presidente, quien ofreció un discurso en el que agitó el fantasma de un “golpe blando” y no solo pidió apoyo a los proyectos que están en el Congreso, sino que anunció dos reformas adicionales. La idea de autorreivindicarse en una manifestación no es nueva, él mismo convocó otra hace apenas un mes. Dadas las circunstancias, sin embargo, no parece la mejor fórmula para rebajar la tensión en momentos de enorme confrontación. La prioridad del Gobierno en este contexto debe ser evitar tanto la confusión como el recrudecimiento de la tensión social y política. La mejor vía para rescatar la credibilidad reformista de Petro pasa por gestionar con transparencia y voluntad de diálogo la peligrosa crisis actual.