Revitalizar la Universidad

Tras tres años de intensas negociaciones, la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) salió por fin adelante en el Congreso con una mayoría absoluta de 176 diputados y un notable grado de consenso en el seno de la comunidad universitaria, aunque la convergencia se haya logrado a costa de renunciar a algunas ambiciones iniciales y de buscar un equilibrio entre los diferentes intereses en juego...

Tras tres años de intensas negociaciones, la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) salió por fin adelante en el Congreso con una mayoría absoluta de 176 diputados y un notable grado de consenso en el seno de la comunidad universitaria, aunque la convergencia se haya logrado a costa de renunciar a algunas ambiciones iniciales y de buscar un equilibrio entre los diferentes intereses en juego. La reforma no solo era necesaria, sino urgente. El sistema universitario español ha sufrido en los últimos años un gran deterioro por la insuficiencia presupuestaria y por la cronificación de carencias y disfunciones graves que han lastrado su capacidad de reacción ante las nuevas realidades. En los 21 años de vigencia de la LOU, que se aprobó en 2001 y solo ha tenido dos reformas parciales, las universidades han tenido que afrontar un proceso acelerado de internacionalización del conocimiento, el protagonismo de nuevas tecnologías fuertemente disruptivas y cambios profundos en las exigencias profesionales, y todo ello con plantillas docentes escasas, cada vez más envejecidas y con niveles inaceptables de precariedad laboral.

Una de las principales mejoras que aporta la ley es la regularización de hasta 25.000 profesores que ahora ejercen como falsos asociados, con sueldos de miseria y total inseguridad laboral. Las universidades deberán convocar concursos de méritos para regularizar su situación y dotarlos de contratos indefinidos, de manera que la temporalidad baje del 40% actual al 8%. Pero la reforma va más allá y permite una doble vía contractual, la funcionarial y la laboral, con la posibilidad de contratar de forma justificada a profesores de prestigio, en el marco de una institución que en los próximos 10 años habrá de gestionar la jubilación del 53% de sus docentes. Otra relevante modificación es la que regula las comisiones de selección de profesorado de modo que la mayoría de los miembros sean ajenos a la Universidad convocante con el fin de rebajar la actual patología sistémica de la endogamia.

El modelo de gobernanza ha sido otro asunto peliagudo. La ley no contenta a quienes reclamaban un modelo de gestión de corte empresarial, pero deja suficiente margen para que cada equipo de gobierno pueda decidir la forma concreta de elección de sus cargos y sus propias prioridades. Al cargo de rector podrán optar también profesores titulares, y una vez elegido, el rector tendrá la potestad de nombrar un tercio del consejo de gobierno.

Pero para que todas estas reformas puedan dar los frutos esperados, la ley no garantiza de forma suficiente su financiación. Limita el precio de las tasas universitarias, que no podrán incrementarse, y marca como objetivo, no como obligación, que el gasto universitario alcance el 1% del PIB en 2030, frente al 0,7% actual. Pero esta decisión corresponde a las autonomías, y habrá que asegurar que cuenten con los fondos necesarios para llegar a ese porcentaje mínimo.