Certificado para un dictador

Desde este pasado lunes se puede dar por concluido definitivamente el excepcional experimento democrático tunecino, poco más de diez años después de la denominada Primavera Árabe y de la instalación en Túnez de la única y más avanzada democracia parlamentaria de la geografía árabe. La democracia parlamentaria ya quedó suspendida hace un año, cuando el presidente se consideró legitimado para destituir al primer ministro y cerrar el Parlamento, acogiéndos...

Desde este pasado lunes se puede dar por concluido definitivamente el excepcional experimento democrático tunecino, poco más de diez años después de la denominada Primavera Árabe y de la instalación en Túnez de la única y más avanzada democracia parlamentaria de la geografía árabe. La democracia parlamentaria ya quedó suspendida hace un año, cuando el presidente se consideró legitimado para destituir al primer ministro y cerrar el Parlamento, acogiéndose a un artículo de la Constitución que le permitía tomar medidas excepcionales “en caso de que un peligro inminente amenazara a las instituciones, la seguridad y la independencia del país, obstaculizando el funcionamiento regular de los poderes públicos”.

Kaid Said no cumplió ninguno de los requisitos ni de los límites temporales que requerían las medidas de excepción. No consultó al Gobierno, sino que echó al primer ministro. Tampoco informó al presidente de la Corte Constitucional, porque previamente se había asegurado de que no hubiera consenso parlamentario para elegir a sus magistrados y constituir la institución. Ni al presidente del Parlamento, impedido de su obligación constitucional de constituirse en asamblea permanente durante la duración de las medidas de excepción, puesto que también había sido suspendido. Tampoco atendió a los 30 días de límite de tales medidas excepcionales, sino que las convirtió en permanentes, hasta ayer mismo, cuando la Constitución vulnerada ha sido ya sustituida por otra nueva, redactada siguiendo sus indicaciones y a su conveniencia de presidente acaparador de todos los poderes, el judicial, el legislativo, e incluso el religioso, además del ejecutivo.

Lo mínimo que se puede decir respecto a los motivos aducidos es que el auténtico peligro inminente que amenazaba a las instituciones y al funcionamiento de los poderes públicos era el que representaba el propio presidente. En el año transcurrido entre el golpe anticonstitucional del 25 de julio de 2021 y el referéndum de este 25 de julio, Said ha mantenido el rumbo de su presidencia ajena a la legalidad. A los dos meses empezó a gobernar por decreto ley, medio año después decretó la suspensión definitiva del Parlamento y nombró personalmente el comité de juristas que han redactado la nueva Constitución, sin respetar por supuesto los procedimientos de enmienda y de reforma constitucional legalmente previstos.

Cualquier iniciativa de reforma constitucional debía obtener el dictamen favorable de la Corte Constitucional y la aprobación por mayoría de la Asamblea, obligada a aprobar por dos tercios el texto reformado. Era optativo que el presidente sometiera este texto a referéndum con el acuerdo de nuevo de los dos tercios de los parlamentarios. La consulta, celebrada este pasado lunes, es la única condición mantenida, aunque con la salvedad de su carácter no vinculante: en caso de victoria del voto negativo, nada hubiera podido impedir que la nueva Constitución no entrara igualmente en vigor, como se han encargado de señalar los juristas.

Gracias al nuevo texto constitucional, el poder se concentra entero en manos del presidente. Nada queda de la división de poderes, todos en sus manos. Las instituciones independientes que garantizaban los equilibrios y los controles han quedado diluidas o han desaparecido. Previamente, ya en febrero, Said cerró el Consejo Superior de la Magistratura y despachó a sus 45 miembros, encargados hasta entonces de nombrar a los jueces, tarea que, naturalmente, se arrogó a sí mismo.

Si la prueba del dictador es que no respeta ni siquiera las reglas de juego que él mismo ha establecido, Said también la ha superado. El día de referéndum se permitió dirigirse directamente al país para recabar la participación ante la escasa concurrencia a las urnas, en flagrante vulneración de las normas de voto. El voto afirmativo fue plebiscitario, un 94,6%, pero la participación no superó el 28%. La dictadura tiene ahora carta de naturaleza formalmente legal y solo falta celebrar las elecciones del próximo diciembre para las nuevas y débiles Cámaras parlamentarias con las que Said culminará la construcción del edificio autocrático iniciada desde el momento de su clamorosa victoria en la elección presidencial directa en 2019, cuando obtuvo un 72% de los votos populares con la promesa de devolver el poder al pueblo, gobernar con eficacia y terminar con la corrupción, tareas todas ellas a las que los dictadores no suelen prestar especial atención.