¿Qué puede retrasar la transición verde?

Los objetivos medioambientales del Acuerdo de París son ampliamente respaldados. Más dudas surgen cuando hablamos del proceso de transición a ese escenario final deseable, es decir, cuando entramos en el detalle de las medidas que hay que tomar y observamos que algunas de ellas generan distorsiones en otros objetivos muy relevantes de política económica. Un ejemplo lo hemos tenido en 2021, con encarecimiento del precio de la electricidad, riesgo de desabastecimiento energético, tensiones inflacionistas, impacto negat...

Los objetivos medioambientales del Acuerdo de París son ampliamente respaldados. Más dudas surgen cuando hablamos del proceso de transición a ese escenario final deseable, es decir, cuando entramos en el detalle de las medidas que hay que tomar y observamos que algunas de ellas generan distorsiones en otros objetivos muy relevantes de política económica. Un ejemplo lo hemos tenido en 2021, con encarecimiento del precio de la electricidad, riesgo de desabastecimiento energético, tensiones inflacionistas, impacto negativo en el crecimiento económico, etcétera. Incluso en el seno del Banco Central Europeo (BCE) se está planteando la necesidad de valorar si las presiones inflacionistas derivadas de la transición verde van a ser permanentes y ello pudiera afectar a la orientación de la política monetaria.

La demanda de algunos minerales (litio y cobalto) está vinculada con la producción de baterías de coches eléctricos y la demanda de cobre, níquel y manganeso con su uso en otras tecnologías bajas en dióxido de carbono (CO₂). Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), el consumo de litio y cobalto podría multiplicarse por más de seis en los próximos años, el de cobre por dos y el de níquel por cuatro. Como la oferta de esos productos es muy rígida a corto y medio plazo, parecen inevitables las subidas de precios. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) considera que, si la subida de precios de los minerales críticos de 2021 se mantiene hasta 2030, la inversión requerida para cumplir los objetivos de implantación de energías renovables aumentará unos 700.000 millones de euros.

Sobre la energía, la AIE recordaba recientemente que los países no están invirtiendo lo suficiente para cubrir sus necesidades energéticas futuras. Si le añadimos la incertidumbre existente sobre las políticas energéticas aplicadas y las previsiones de demanda, se está generando un elevado riesgo de volatilidad en los mercados de energía.

Otro ejemplo de medidas deseables desde un punto de vista medioambiental, pero con posibles consecuencias desfavorables en otros terrenos, es el mercado europeo de CO₂ (y el futuro mecanismo de ajuste en frontera de CO₂). Alguna característica de este mercado, en particular, un volumen total de derechos de emisión cada vez menor (y, así, cumplir los objetivos de sostenibilidad), genera una presión alcista sobre el precio del CO₂, especialmente cuando algunas fuentes de energías con mayores emisiones tienen que ser usadas para asegurar el suministro energético. Es decir, la mayor demanda de derechos de emisión se va a enfrentar a una oferta cada vez menor. Este mayor precio del CO₂ es un incentivo a la reducción de emisiones, ya que las tecnologías innovadoras verdes resultan más rentables, pero también es uno de los factores que explica el aumento del precio de la electricidad.

Desde un punto de vista financiero, la AIE ha señalado que para alcanzar los objetivos climáticos se requiere aumentar la inversión anual en proyectos de energías limpias en unos cuatro billones de dólares para 2030. Estas necesidades financieras son enormes, pero se pueden conseguir. Esto no significa que algunas actividades o sectores (incluso los metales críticos mencionados) no encuentren dificultades para obtener financiación por no tener una calificación directa como “proyectos verdes”. Por esto, es muy importante no penalizar la financiación de actividades que, aunque desde el punto de vista sectorial sean “marrones”, impliquen un compromiso o un resultado de reducción de emisiones.

Una vez descritos algunos desafíos de la transición verde, ¿qué alternativas tenemos para conjurar esos peligros? En mi opinión, la más clara es la innovación tecnológica. Ante la alternativa de un menor crecimiento económico para reducir emisiones de CO₂, la innovación tecnológica es la clave para reducir emisiones o mitigar los efectos negativos de dichas emisiones.

The Economist exponía recientemente que ya están muy avanzadas tecnologías para luchar contra el cambio climático: geoingeniería solar, captura y almacenamiento de CO₂, bombas de calor, aviones propulsados con hidrógeno, agricultura vertical, veleros contenedores, etc. Europa está liderando la lucha contra el cambio climático, fijándose objetivos muy ambiciosos, pero también debería liderar la investigación e innovación tecnológica en este terreno. Si la colaboración público-privada ha sido fundamental para el desarrollo de vacunas anticovid en un tiempo récord, ¿por qué no hacer lo mismo para el desarrollo de tecnologías verdes? El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es una gran oportunidad y debería priorizarse la inversión en proyectos innovadores.

Lo que no puede ocurrir es que algunas de estas tecnologías sean consideradas controvertidas porque socavan los esfuerzos para reducir las emisiones de CO₂. Estas actitudes representan un claro obstáculo a tecnologías innovadoras y a una transición verde más suave y, seguramente, más exitosa.

Si las medidas para alcanzar los objetivos climáticos perjudican objetivos esenciales de política económica, el respaldo ciudadano a la transición verde disminuirá. Si hay que elegir entre más bienestar cierto hoy frente a más bienestar (menos cierto) dentro de varios años (entre 10 y 30), ¿alguien duda de cuál sería la elección mayoritaria? Y acabaremos perdiendo todos.