El ‘caso Bárcenas’ y EL PAÍS

El Partido Popular se financió ilegalmente con dinero negro donado por grandes empresarios, la mayoría contratistas del Estado, que pusieron casi ocho millones de euros entre 1990 y 2009. Esas aportaciones sirvieron para abonar sobresueldos a dirigentes del partido y pagar distintos servicios, entre ellos, la reforma de la sede central del PP en la calle de Génova.

Esta verdad judicial —la existencia de una caja b en un part...

El Partido Popular se financió ilegalmente con dinero negro donado por grandes empresarios, la mayoría contratistas del Estado, que pusieron casi ocho millones de euros entre 1990 y 2009. Esas aportaciones sirvieron para abonar sobresueldos a dirigentes del partido y pagar distintos servicios, entre ellos, la reforma de la sede central del PP en la calle de Génova.

Esta verdad judicial —la existencia de una caja b en un partido político que ha gobernado España 15 de los 44 años de la reciente etapa democrática— fue ratificada hace un año por el Tribunal Supremo cuando avaló la primera sentencia del caso Gürtel y ha sido apuntalada ahora por la Audiencia Nacional en el fallo sobre los denominados papeles de Bárcenas, la contabilidad paralela que destapó EL PAÍS el 31 de enero de 2013.

Casi nueve años después de aquella publicación, los hechos probados de la sentencia establecen que Bárcenas “gestionó los fondos en metálico aportados al PP como donaciones privadas a través de una contabilidad paralela (contabilidad b) de cuyo ingreso y gasto no se dejó constancia en la contabilidad oficial ni por tanto fueron fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas”. Esa contabilidad paralela reflejó, según la sentencia, “acontecimientos cuya realidad ha quedado acreditada, como los traspasos a las cuentas de donativos oficiales, entregas de dinero a determinadas personas vinculadas con el PP o los pagos por las obras de reforma de la sede central del PP en la calle Génova 13 de Madrid”.

José María Aznar —durante cuyo mandato nació y se desarrolló este sistema de financiación ilegal— y Mariano Rajoy —que no solo no eliminó ese sistema cuando dirigió el partido, sino que ascendió a tesorero nacional a quien era conocedor y gestor del mecanismo corrupto— han negado en sede judicial que existiera una caja b en el PP. Todos los secretarios generales del partido que convivieron con ese instrumento tóxico de dinero oculto a la Hacienda Pública han mantenido la misma versión que Aznar y Rajoy ante los tribunales. Después de tres sentencias sobre el caso, produce sonrojo recordar el testimonio de dos presidentes del Gobierno y numerosos ministros del PP, incapaces de mostrar preocupación por la investigación sobre el funcionamiento corrupto de la organización que encabezaron.

Lo más cerca que estuvieron de admitir alguna responsabilidad política fue cuando varios de ellos llegaron a sugerir que si la caja b existió realmente, no era del partido, sino de Luis Bárcenas. Pero esa excusa pretendidamente absolutoria se ha demostrado falsa, porque la mayoría de los gastos acreditados de esa caja b solo han beneficiado al PP como partido o a sus líderes. Pensar que Bárcenas pudo ser un dirigente político altruista capaz de usar el dinero negro que obtenía para hacer obras en la sede del PP o pagar sobresueldos a los dirigentes del partido es un ejercicio intelectual absurdo que va contra todas las leyes de la lógica.

Tres sentencias, una de ellas firme, consideran a estas alturas suficientemente probado que el PP se financió ilegalmente, pero todavía nadie en esa formación política ha pedido perdón por unos hechos probados en resoluciones judiciales cuyo recuerdo manchará por muchos años la imagen de un partido con vocación de gobierno.

El actual líder del PP, Pablo Casado, se ha negado a pedir perdón porque no participó en los hechos y tan solo se atrevió a anunciar hace meses que vendería la sede central para intentar borrar así uno de los símbolos de la corrupción del PP. Pero la venta de Génova 13 todavía no se ha producido y Casado sigue gestionando desde el silencio su respuesta a las sentencias que condenan al PP por prácticas corruptas. Todavía quedan media docena de juicios por corrupción que salpican al partido.

Tampoco ha pedido disculpas el Partido Popular por la campaña emprendida contra el diario EL PAÍS tras la publicación de los papeles de Bárcenas. Desde los principales dirigentes populares (sus secretarios y vicesecretarios generales) hasta distintos cargos públicos y empresarios que aparecían citados en esos papeles, presentaron demandas contra EL PAÍS y acusaron a este periódico de injurias y calumnias por publicar falsedades, además de reclamar fuertes cantidades de dinero por el perjuicio causado.

Todas esas demandas fueron archivadas por distintos jueces, pero la campaña de descrédito que el PP puso en marcha contra EL PAÍS durante aquellos años sigue intacta pese a las sentencias conocidas, sin que nadie de la formación política se haya sentido obligado a desdecirse de tantas acusaciones infundadas. Aquella ofensiva judicial del PP contra EL PAÍS pretendió atemorizar y amordazar a un medio de comunicación que lo único que persiguió con la publicación de los papeles de Bárcenas fue denunciar las prácticas corruptas en la vida política española y favorecer la regeneración democrática.

El juicio y la sentencia de los papeles de Bárcenas cierran uno de los capítulos más negros en la historia del Partido Popular. La Audiencia Nacional solo ha podido juzgar dos de los 19 años de prácticas corruptas que quedaron registrados en los papeles de Bárcenas. Pero ni los empresarios que donaron grandes cantidades de dinero opaco ni los dirigentes populares que recibieron parte de ese dinero sin declararlo a Hacienda responderán por aquellos hechos ante los tribunales de justicia, aunque la opinión pública se haya hecho una idea de lo ocurrido a través de lo ya juzgado y sentenciado.