Otra política de estabilidad en la UE

La Comisión Europea ha abierto una amplia consulta sobre el futuro del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC). Su objetivo es el diseño de una política fiscal (presupuestaria) en la UE, más inteligente, adaptable, adecuada y favorecedora de la inversión y el crecimiento económico. La propia consulta de Bruselas delata la ausencia de un consenso entre los 27 Gobiernos, pero sin duda lo más urgente es impedir el simpl...

La Comisión Europea ha abierto una amplia consulta sobre el futuro del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC). Su objetivo es el diseño de una política fiscal (presupuestaria) en la UE, más inteligente, adaptable, adecuada y favorecedora de la inversión y el crecimiento económico. La propia consulta de Bruselas delata la ausencia de un consenso entre los 27 Gobiernos, pero sin duda lo más urgente es impedir el simple retorno al PEC, que en la anterior crisis precipitó la fracasada austeridad extrema: no puede reimplantarse como si nada hubiera ocurrido.

Si ha habido que suspender las reglas a lo largo de toda la crisis pandémica es porque no sirven para cualquier coyuntura. Un cuadro normativo solo útil para una determinada circunstancia resulta ineficaz como mecanismo que ahorme las distintas estrategias fiscales de Estados en fases distintas del ciclo económico. Pese a haber registrado varias flexibilizaciones, hubo que congelarlo en los primeros compases del coronavirus y ahí estuvo el esbozo de una real política fiscal de toda la UE, desplegada en el plan Next Generation.

Todos los socios (menos Luxemburgo) han incumplido el PEC durante dos décadas de forma reiterada. Sin apelar al catastrofismo, e incluso reconociendo que en algunos casos ayudó a la consolidación fiscal, lo hizo a un precio inaceptable. La factura social del austeritarismo redundó en recortes que debilitaron al Estado de bienestar y dañaron más a los sectores sociales y países más vulnerables, con el efecto político de un repunte de neopopulismos soberanistas en casi todos ellos. La disminución de la inversión pública como vía para contener el déficit agravó las crisis porque su asimetría sancionadora respecto al Procedimiento de Desequilibrios Macroeconómicos (que vigila los superávits excesivos) resultó siniestra para el Sur. Frente a la inextricable complejidad de sus tecnicismos, urgen normas sencillas y plausibles para lograr los hitos de déficit y deuda del Tratado en plazos sensatos. Entre ellas figura la regla de gasto, para que este no crezca más que la economía, la regla de oro de la inversión, que excluye del cómputo del déficit las apuestas productivas estatales, o las mismas proyecciones conjuntas para las 27 economías.