Una respuesta europea a los ‘Papeles de Pandora’
Este nuevo escándalo pone de manifiesto una falta de voluntad política para hacer frente a las prácticas fraudulentas. La UE puede y debe adoptar medidas concretas que la combatan
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) ha dado a conocer una nueva investigación: los Papeles de Pandora. Es la mayor filtración jamás registrada de datos provenientes de estructuras off shore.
Una vez más, la filtración nos recuerda que quienes podrían ayudar a poner fin al sistema off shore son los que se benefician del mismo. Están afectados el actual titula...
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El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) ha dado a conocer una nueva investigación: los Papeles de Pandora. Es la mayor filtración jamás registrada de datos provenientes de estructuras off shore.
Una vez más, la filtración nos recuerda que quienes podrían ayudar a poner fin al sistema off shore son los que se benefician del mismo. Están afectados el actual titular de finanzas de Países Bajos y el primer ministro checo: ambos gozan de poder de veto en materia fiscal en la UE. El sistema desvelado opera como un mecanismo paralelo para una élite privilegiada al margen de los sistemas tributarios de la población común.
Por otro lado, el gran valor de la filtración, que abarca el período que va de 1996 a 2020, es también constatar cómo ha evolucionado el sistema offshore después de las medidas contra el blanqueo de capitales y el intercambio de información puestos en marcha por la UE y la OCDE. La principal conclusión que podemos sacar de ello es cómo el papel de Estados Unidos como facilitador del secreto financiero en detrimento de los paraísos fiscales más tradicionales del Caribe se ha incrementado drásticamente. Así mismo, la filtración nos muestra los fallos clamorosos en la legislación que tenemos en marcha. No estamos haciendo lo suficiente, ni aplicamos bien las normas que tenemos.
En primer lugar, hay que referirse a la existente lista de paraísos fiscales de la UE: esta no incluye por ejemplo jurisdicciones como las Islas Vírgenes, sede de dos tercios de las sociedades descubiertas en la investigación. Una lista que el Ecofin se disponía a revisar esta semana de forma nuevamente errática.
En segundo lugar, constatamos el creciente papel de facilitador de múltiples bufetes y cómo las normas de due dilligence que deben aplicar han fallado estrepitosamente, como demuestra que personas políticamente expuestas (PEP) logran eludir las reglas contra el blanqueo. A pesar de los avances recientes en estas normas contra el blanqueo o con el intercambio automático de información en la OCDE (CRS, por sus siglas en inglés), muchas jurisdicciones de la UE no aplican adecuadamente las directivas europeas. Un claro ejemplo es Malta, sometido en principio a esta legislación y que fue sin embargo señalado por el Grupo de Acción Financiera Internacional como jurisdicción de alto riesgo.
En tercer lugar, la legislación contra el blanqueo y la lucha contra la elusión es un ejercicio completamente politizado. Estados Unidos no está adherido al CRS de la OCDE porque aplica su propio estándar llamado Fatca, pero bajo este régimen no comparte información sobre el beneficiario final de los activos que son propiedad de ciudadanos no estadounidenses y tampoco existe una reciprocidad total en términos de intercambio automático de información. A esto hay que añadir que Nevada, Delaware, Dakota del Sur y Alaska tienen regímenes muy agresivos en la imposición sobre las ganancias de capital. Ni la OCDE ni la UE se han atrevido jamás a señalar a los americanos, a pesar de que, al incumplir el criterio de intercambio de información fiscal, EE UU debería figurar en la lista de paraísos fiscales de la UE.
Todos estos escándalos ponen al desnudo una falta clamorosa de voluntad política para hacerles frente, a pesar de que hace tiempo que tenemos identificados los ámbitos donde actuar. En primer lugar, hay que reformar a fondo la metodología de la lista de la UE de jurisdicciones no cooperadoras y la lista negra de jurisdicciones que no cumplen con la lucha contra el blanqueo. El criterio de la información sobre el beneficiario final debe ser incluido, discusión que lleva bloqueada desde 2019. Con esta medida, se podrían haber impuesto criterios de beneficiarios reales más estrictos en más de 90 jurisdicciones.
En segundo lugar, la UE debe mejorar la aplicación interna de la legislación contra el blanqueo (una revisión de la misma está también en marcha). La Comisión debe iniciar procedimientos de infracción contra aquellos que no apliquen de manera efectiva y adecuada nuestra legislación.
En tercer lugar, la UE debe pedir una revisión urgente del marco de intercambio de información global de la OCDE, el CRS. Este debe ampliarse para incluir activos no financieros como obras de arte, jets privados y yates. Pero también debe incluir a los beneficiarios reales de bienes inmuebles e identificar mejor las ganancias de capital obtenidas a través de estos (fenómeno que describe muy bien la investigación del ICIJ).
Finalmente, sería deseable que avanzáramos hacia un impuesto específico que grave las transferencias y el uso de activos radicados en empresas instrumentales off shore.
Existe en estos momentos una cierta voluntad política global para avanzar hacia un tipo mínimo global del impuesto de sociedades combatiendo así la elusión. Es inaplazable completar este ejercicio con medidas también para poner coto a la piratería de las grandes fortunas.
Ernest Urtasun es vicepresidente de Los Verdes en el Parlamento Europeo por En Comú Podem.