El Congreso brasileño decide extinguir la Amazonia

No se trata de otro de los muchos ataques realizados en los últimos años. Es un intento de ataque fatal. Mientras la prensa y las redes sociales se hacían eco de la dimisión del ministro contra el Medio Ambiente, Ricardo Salles, la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía de la Cámara de los Diputados aprobaba por 40 votos a 21 el Proyecto de Ley 490/2007. Este proyecto de ley, tal como está redactado hoy, es el mayor ataque a la selva amazónica y a los pueblos originarios, articulado por Jair Bolsonaro y sus compinches, como los miembros del Centrão, una coalición de partidos si...

No se trata de otro de los muchos ataques realizados en los últimos años. Es un intento de ataque fatal. Mientras la prensa y las redes sociales se hacían eco de la dimisión del ministro contra el Medio Ambiente, Ricardo Salles, la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía de la Cámara de los Diputados aprobaba por 40 votos a 21 el Proyecto de Ley 490/2007. Este proyecto de ley, tal como está redactado hoy, es el mayor ataque a la selva amazónica y a los pueblos originarios, articulado por Jair Bolsonaro y sus compinches, como los miembros del Centrão, una coalición de partidos sin programa ni ideología que apoya al presidente a cambio de cargos y partidas presupuestarias. Si el Congreso aprueba el proyecto y este se convierte en ley, la selva llegará a un punto sin retorno.

La dimisión de Salles es una victoria para quienes quieren la selva en pie, pero el exministro era solo un correo de lujo de Bolsonaro que hacía el trabajo sucio para la ministra de Agricultura, Tereza Cristina, para que ella pueda fingir que impulsa una agroindustria “moderna”. Una versión del cliché “poli bueno, poli malo” de las películas de Hollywood. Salles se va, pero la “musa del veneno” se queda, firme como un poste. Ella y todo lo que representa están dañando el medio ambiente desde mucho antes del Gobierno de Bolsonaro y posiblemente seguirán haciéndolo tras su fin.

El ataque a la Amazonia y sus pueblos está organizado. La comisión aprobó el proyecto de ley el mismo día que Salles dimitió formalmente del Gobierno en el Diario Oficial. Aunque era una noticia más importante, quedó relegada o no apareció en absoluto. El Proyecto de Ley 490 es la mayor ofensiva contra la Amazonia y sus pueblos, una ofensiva que no empezó con Bolsonaro ni con los parlamentarios vinculados a él, pero que solo ha llegado hasta aquí porque es Bolsonaro quien ocupa el poder. Como la mayor selva tropical del mundo es la gran reguladora del clima, lo que está ocurriendo ahora en el Congreso brasileño amenaza a todo el planeta. En los dos primeros años del Gobierno de Bolsonaro, la deforestación de la selva aumentó casi un 48% en las áreas protegidas de la Amazonia, según un estudio del Instituto Socioambiental.

Si la Amazonia deja de ser lo que es —una gran reguladora del clima— será muy difícil, quizá imposible, controlar el sobrecalentamiento global. Solo por esta razón, la inversión internacional en Brasil está cayendo en picado: ni siquiera el capitalista más acérrimo quiere que se le identifique con el colapso de la vida en la Tierra.

Faltan palabras para nombrar a los humanos capaces de poner en riesgo a su propia especie. Tendremos que encontrarlas. El Proyecto de Ley 490 es un ataque fatal, realizado a una región ya extremadamente debilitada por todo el “ganado” que Ricardo Salles hizo pasar siguiendo órdenes de Bolsonaro. “Hacer pasar todo el ganado” es una expresión que el propio ministro utilizó en una reunión del Ejecutivo con el sentido de derogar el mayor número de leyes medioambientales posible de una vez. Salles debilitó las inspecciones, estimuló la invasión de las tierras públicas —incluso las formalmente protegidas por la ley— e incentivó a los depredadores: ladrones de tierras públicas, madereros y mineros que forman la base de apoyo de Bolsonaro en la Amazonia. Para cerrar la lista, es fundamental mencionar también el ataque a los pueblos originarios, la negativa a demarcar sus tierras como determina la Constitución y, finalmente, haber dejado que la covid-19 entrara en tierras indígenas, proceso ya denunciado como genocidio. La resistencia de los indígenas contra su propia extinción ha mantenido la selva en pie hasta hoy. Y la demarcación de sus tierras ancestrales, determinada por la Constitución de 1988, ha sido la principal responsable de garantizar la supervivencia de la selva. Alrededor de las tierras indígenas y las zonas de conservación, “el ganado” ya ha pasado.

Es duro, muy duro, explicar a personas pagadas —y muy bien pagadas— con dinero público que sería prudente no intentar exterminar la especie. Pero esta es la situación en la que nos encontramos: sugiriendo a sus excelencias que suspendan su fanatismo y su codicia por algunas horas y estudien al menos un poco. Sugiriendo a sus excelencias que, por favor, no borren a los humanos del planeta con sus acciones. El problema es que, como la codicia les estimula a mantener el cerebro libre de la influencia de las neuronas, prefieren repetir que el colapso climático es un “complot marxista”, como hacía el hombre que arruinó la diplomacia brasileña. Diputadas Bia Kicis y Carla Zambelli y todos los caballeros que las rodean: dense cuenta de que hasta las amebas tienen instinto de supervivencia.

El Proyecto de Ley 490 es de autoría de un diputado ruralista ya fallecido y está en trámite en el Congreso desde 2007. La propuesta se suma a por lo menos otros 13 proyectos o fechorías contra los pueblos originarios, que alteran el Estatuto del Indígena y actualizan el texto de la Propuesta de Enmienda Constitucional 215, una de las mayores amenazas a los derechos indígenas jamás producida por el Congreso.

Es fácil percibir que, si se aprueba, el proyecto derogará totalmente los derechos indígenas y permitirá legalmente la explotación predatoria de la selva amazónica y otros biomas. Si cuando se respetan —al menos formalmente— los derechos constitucionales de los pueblos originarios y no se permite la explotación minera ni predatoria en sus tierras se desmatan más de un millón de hectáreas en la Amazonia en un año, como ocurrió en 2020, imagínese lo que puede ocurrir en un año de farra total y legalmente autorizada. Estando prohibida la explotación minera, solo en la tierra indígena yanomami hay unos 20.000 mineros devastando la selva, parte de ellos bajo el mando del Primer Comando de la Capital (PCC), una de las mayores facciones del crimen organizado de Brasil. Para cualquier persona con más de dos neuronas y un mínimo instinto de conservación y amor por sus propios hijos (o sobrinos), la intención del proyecto de ley se explica por sí misma y la magnitud del impacto es ridículamente obvia.

Pero ahí está. Arriesgándose a contagiarse y morir de covid-19, cientos de indígenas de diferentes pueblos protestaron en Brasilia y fueron recibidos con bombas de gas lacrimógeno. A la única diputada indígena, Joênia Wapichana, del partido Red de Sostenibilidad, la interrumpía constantemente y le impedía hablar la presidenta de la comisión, la bolsonarista Bia Kicis. La sesión de votación del miércoles 23 de junio fue un espectáculo de horror, de estupidez y de racismo explícito. Vergüenza es poco.

Las tierras indígenas pertenecen al Estado, pero son de usufructo permanente y exclusivo de los pueblos originarios. Cuando el Congreso pretende cargarse la Constitución, eso afecta a los derechos de todas las brasileñas y de todos los brasileños. El objetivo es sacar estas tierras del dominio público, del bien común, y ponerlas en manos de especuladores, para obtener beneficios privados. Esta trama ya la conocemos bien. Esta vez, como la Amazonia se verá gravemente afectada, toda la lucha contra el colapso climático y la sexta extinción masiva de especies se verá comprometida, lo que convierte el proyecto de ley en un tema de interés para la comunidad mundial. La catástrofe que se perfila es planetaria, y no hay exageración en esta afirmación.

Verse obligado a deshacerse de Ricardo Salles, tal vez su ministro más querido, hace sufrir a Bolsonaro. Es una gran derrota. Salles le sirvió fielmente y dejó un precioso legado a Bolsonaro, que fue elegido prometiendo permitir (todavía más) la explotación predatoria en la Amazonia y cumplió a rajatabla su promesa de campaña. He aquí la hoja de servicios prestados por Salles, enumerada por el Observatorio del Clima: “dos años de deforestación creciente, dos récords sucesivos de incendios en la Amazonia, 26% del Pantanal carbonizado, inacción ante el mayor derrame de petróleo de la historia de Brasil, emisiones de carbono crecientes y la imagen internacional del país por los suelos. Para no decir que solo destruyó, Salles añadió una expresión al léxico del portugués brasileño: boiada [ganado], como sinónimo de destrucción medioambiental”.

Salles solo ha sido defenestrado formalmente porque el propio Bolsonaro está demasiado acorralado ante las pruebas de su responsabilidad en la muerte de más de medio millón de brasileños de covid-19. Salles dejó el Gobierno por la puerta de atrás el mismo día en que las investigaciones sobre la compra sospechosa de la vacuna Covaxin llegaron al nombre de Bolsonaro en la Comisión Parlamentaria de Investigación de la Pandemia. El presidente brasileño nunca ha estado tan acorralado. Y lo siente. Cuando Bolsonaro lo siente, hace sangrar a los demás. Ya he advertido en este espacio —y lo hago una vez más— que cada día que Bolsonaro pasa en el poder es un día más de horrores, sobre todo donde es más difícil que la prensa llegue, como en la selva profunda. De la misma forma que el Congreso se apresura a aprobar las maldades, la base de Bolsonaro en la Amazonia invade, saquea, quema y mata. Es necesario que ocurra un impeachment o Brasil desocurrirá de la forma más trágica.

Eliane Brum es escritora, reportera y documentalista.

Traducción de Meritxell Almarza

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