Indultos y reformas: para quién

No. El problema no es que una sentencia lleve a modificar una ley. Tampoco que se tome en consideración una petición de indulto a la que, efectivamente, cualquier condenado tiene derecho. No lo es al menos desde una perspectiva progresista, que a diferencia del inmovilismo conservador considera la norma como algo inevitablemente vivo, cambiante dentro del equilibrio competitivo de poderes, sometida a su contexto. El problema (hoy como ayer) es por qué, para qué y sobre todo para quién se emprende el proceso.

De recorrerse,...

No. El problema no es que una sentencia lleve a modificar una ley. Tampoco que se tome en consideración una petición de indulto a la que, efectivamente, cualquier condenado tiene derecho. No lo es al menos desde una perspectiva progresista, que a diferencia del inmovilismo conservador considera la norma como algo inevitablemente vivo, cambiante dentro del equilibrio competitivo de poderes, sometida a su contexto. El problema (hoy como ayer) es por qué, para qué y sobre todo para quién se emprende el proceso.

De recorrerse, esta eventual senda produciría un pacto entre élites que representan exiguas mayorías. Nada nuevo en realidad: así ha funcionado el equilibrio territorial español durante las últimas décadas. De manera bilateral, excluyendo tanto a las respectivas minorías que en ese momento no detentan el poder (en el caso de Cataluña, que casi nunca han tenido acceso a él debido a la intencionada hegemonía nacionalista) como al resto de autonomías. Y todo, para ponerle apenas un parche a la gobernabilidad inmediata: para aprobar unos presupuestos generales. Insisto: nada nuevo, nada demasiado distinto a los intercambios seculares de los partidos mayoritarios con los periféricos. Con una importante salvedad: esta vez, tras un intento fallido de secesión, el desgaste periódico al que se somete a los excluidos del pacto es aún más dañino que de costumbre. Estamos poniéndole una muleta a la gobernabilidad a corto plazo, solo para enviarla hacia un precipicio.

¿En qué consistiría, pues, una solución verdaderamente progresista? Probablemente, en un acuerdo multilateral y sostenible, que no sólo tenga en cuenta, sino que exija, que vuelva ineludible la inclusión de minorías políticas en la toma de decisiones. Un acuerdo que tanto en Cataluña como en el conjunto de España acabe sustituyendo hegemonías por mecanismos para producir, si no consensos, al menos distribuciones equitativas de poder.

Quizás dicho acuerdo incluiría una reforma del Código Penal. Yo no lo creo, en la medida en que puede interpretarse como favor a quienes denostaron los derechos de dichas minorías (algo muy poco progresista). Otorgarles, en cualquier caso, poder en la eventual negociación es la única manera de superar la lógica que nos ha traído hasta aquí: una que nos pareció aceptable durante demasiado tiempo, hasta que nos dimos cuenta de que estaba gestando su propia derrota. @jorgegalindo