Vandalismo de Trump contra el sistema multilateral, una vez más

La apetencia y activismo de la Administración Trump para socavar, y de ser posible destruir, las instituciones internacionales parecen ser ilimitados y, lamentablemente, permitidos por la inacción pusilánime de otros Gobiernos. El más reciente acto de vandalismo diplomático de Trump es la nominación de un ciudadano estadounidense para el cargo de presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esta acción contraviene claramente el entendido y práctica de larga data que, a cambio de que la institución tenga su sede en Washington D.C., su presidente siempre sería un latinoamericano y un...

La apetencia y activismo de la Administración Trump para socavar, y de ser posible destruir, las instituciones internacionales parecen ser ilimitados y, lamentablemente, permitidos por la inacción pusilánime de otros Gobiernos. El más reciente acto de vandalismo diplomático de Trump es la nominación de un ciudadano estadounidense para el cargo de presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esta acción contraviene claramente el entendido y práctica de larga data que, a cambio de que la institución tenga su sede en Washington D.C., su presidente siempre sería un latinoamericano y un estadounidense su segundo al mando. El compromiso de los Estados Unidos con la regla de tener un líder latinoamericano en el BID está claramente registrado, ni más ni menos que en un discurso pronunciado por el presidente Eisenhower en las Naciones Unidas en agosto de 1958.

Esa característica de la gobernanza del BID fue una de varias que hicieron que la institución sea ejemplar, de hecho pionera, entre las instituciones financieras internacionales. No fue únicamente que los posibles deudores de la institución estuviesen facultados para asumir un papel de liderazgo, a condición de que estuvieran dispuestos a suministrar la mayor parte del capital necesario, que es lo que habían ofrecido y han cumplido, sino que también crearon un verdadero banco para el desarrollo. Desde el primer día, se le otorgó al BID la capacidad de financiar programas más amplios de desarrollo económico, no solo proyectos individuales; proporcionar cooperación técnica junto con sus préstamos; y financiar operaciones con el sector privado sin garantías gubernamentales. Mucho dice que, estas y otras características del BID, fueron luego copiadas e incorporadas por el Banco Mundial y otros bancos regionales multilaterales.

Las bases del BID han demostrado ser sólidas y eficaces, ya que al tiempo que opera como una cooperativa de propietarios que apoya el desarrollo de la región, ha logrado mantener su excelente calificación crediticia. El BID ha podido diferenciarse de otros bancos regionales de desarrollo, en gran parte debido a su marco de gobernanza y selección de liderazgo. Tienen toda la razón quienes han observado que, en otros bancos regionales, los miembros tienen recursos asegurados pero poca o nula influencia, y en algunos otros, los miembros tienen influencia, pero pocos recursos. En el BID, los miembros tienen influencia y recursos. La propiedad mayoritaria del capital junto con una voz fuerte en la toma de decisiones y la gestión, encabezada por la presidencia de la institución, han hecho que el BID posea tanto legitimidad como efectividad. Estas cualidades ahora están siendo amenazadas por la decisión equivocada de la Administración Trump y la hasta ahora débil respuesta, más bien de genuflexión, por parte de los Gobiernos de América Latina y el Caribe.

Contrariamente a sus habituales excesos retóricos sobre la unidad latinoamericana, muy poca de esta han demostrado nuestros Gobiernos en la práctica, no solo en los últimos tiempos sino también históricamente. Si nuestros gobernantes no logran coordinarse y unirse en contra de la propuesta estadounidense para el BID, la Administración Trump habrá avanzado una vez más en sus disparatados asaltos contra los convenios e instituciones internacionales.

La lista de esas graves infracciones es ya increíblemente larga. Para mencionar algunas, recordemos el repudio al TPP [Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica]; la retirada del acuerdo de París sobre cambio climático; el rechazo del acuerdo nuclear con Irán; la degradación del TLCAN hacia el T-MEC; la retirada de la UNESCO y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU; la terminación del Tratado de Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio y la evidente resistencia a extender el tratado START; la imposición de aranceles ilegales a sus socios comerciales y la realización de una guerra comercial a gran escala contra China, todo esto en violación de las normas y procedimientos de la OMC; la evasión de las posibles sanciones de esta última, mediante el bloqueo del nombramiento de nuevos miembros del órgano de apelación de su mecanismo para solución de controversias hasta dejarlo inoperativo; el abandono del Pacto Mundial para las Migraciones; y el descabellado abandono de la Organización Mundial de la Salud en medio de una pandemia mundial.

Todas estas acciones tienen dos rasgos comunes. Uno, traicionan el liderazgo visionario y efectivo del pasado de Estados Unidos en la construcción de un sistema internacional basado en reglas, tan crucial para la paz y la prosperidad global. Dos, también traicionan el interés nacional de Estados Unidos, al reducir la influencia de ese país y acrecentar la de sus supuestos adversarios y competidores geopolíticos y económicos.

Es hora de limitar y reparar, en la medida de lo posible, el daño que la Administración Trump ha infligido al sistema internacional. La OMC y el BID son dos buenos lugares para comenzar. Por alguna misteriosa razón, el actual director general de la OMC ha renunciado y, por lo tanto, debe elegirse un sucesor. Si el maltrato de la OMC por parte del Gobierno de Trump vale como referente, entonces es razonable esperar un proceso en el que la Administración americana opte por apoyar a alguien contrario a la misión, los valores y las capacidades de la institución, tal como lo está haciendo en el caso del BID.

Para ambos nombramientos pendientes, forzar que la correspondiente elección sea retrasada hasta principios de 2021 sería la acción responsable del resto de los miembros. Este paso se justificaría ciertamente por las condiciones anormales planteadas por la pandemia, las cuales impiden un proceso adecuado de consulta y campaña por parte de los candidatos que compiten por liderar esas instituciones, pero también por el hecho de que para entonces habrá un nuevo Gobierno en los Estados Unidos, con suerte dispuesto a rectificar las perniciosas políticas aplicadas por la Administración estadounidense desde principios de 2017. Este podría ser el caso de cualquier persona elegida democráticamente por los ciudadanos estadounidenses. ¿Qué tal si, incluso un reelecto presidente Trump, por fin se da cuenta en pocos meses de lo dañina que su guerra absurda contra el sistema multilateral ha sido para los intereses vitales de su propio país?

Ernesto Zedillo Ponce de León es profesor de economía y política internacionales en la Universidad de Yale; expresidente de México.