¿El regreso de “agárrenlos en caliente”?

La historia que ha hecho que un poblado de nombre Santo Tomás de los Plátanos se vuelva noticia nacional es conocida. Los detalles de esos hechos, así falte mucho por saberse, son en cambio indicativos de lo que podría ser el retorno, en grande, del “agárrenlos en caliente”.

Santo Tomás es un municipio del Estado de México, más cercano a Michoacán que a Toluca, y nada lejos de Valle de Bravo. Tras rendir protesta el 17 de diciembre pasado como su alcalde, Pedro Luis Hernández de Paz escapó a un megaoperativo policiaco-militar.

La fuga de quien es ligado a la Familia Michoacana tuvo tintes de película chusca. Un convoy de más de quince vehículos policiacos de la policía mexiquense y de la Guardia Nacional, con sus respectivos elementos, no pudo capturar a quien juraba el cargo en un templete.

O de película de Luis Estrada, esas donde México todo es como ese poblado en el que el alcalde hace su regalada voluntad, desnudando el espejismo que son las instituciones; donde los de abajo, a final de cuentas, imitan lo que ven arriba: simular que se cumple con la ley.

Hernández de Paz es buscado en el marco de la Operación Enjambre, redada con la que Morena busca activar un nuevo esquema de golpes al narco a partir de investigación. El primer zarpazo fue a finales de noviembre, y el de Santo Tomás sería un fruto más de esa iniciativa.

La toma de protesta de Hernández de Paz no fue improvisada. Tuvo mampara con su nombre. Y había esa mañana una mesa dispuesta, flores incluidas, y enviado de la maestra Delfina Gómez, gobernadora del Edomex. Y un convoy que se quedó con las ganas de atraparle.

Cinco días después del bochornoso operativo, la Fiscalía del Estado de México presentó los retratos de quince personas detenidas, acusadas de ser cómplices de la fuga y, en términos llanos, de ser parte de lo que acusan al alcalde entrante y a la saliente: instrumentos de la extorsión que padecen los pobladores de Santo Tomás.

Entre los retratos publicados por la Fiscalía, con la bandita negra que se supone salvaguarda la presunción de inocencia, hay dos adultos mayores. Bastante mayores. Y el resto lo componen un grupo de variadas edades de ambos sexos.

¿Estamos ante una peligrosísima banda que la autoridad mexiquense y federal (hubo soldados en la detención) no había descubierto, o son más bien chivos expiatorios de gobiernos heridos en su orgullo?

La región en que se ubica Santo Tomás está plagada por el cobro de piso. El gobierno de Delfina Gómez pareció decidido a enfrentar ese flagelo, que incluye muertes, una vez que Palacio Nacional cambió de titular. Las detenciones pueden ser una noticia buena, o una pésima.

Durante las audiencias de los quince detenidos —me refreno para no insistir demasiado en que ojalá no estemos atestiguando aprehensiones por venganza político-policial—, han empezado a surgir algunas versiones que acusan abusos e inconsistencias.

Violenta N es secretaria del Ayuntamiento. Reconoce que tras la fuga, los síndicos y demás personal de ese municipio procedieron a seguir el trámite de la toma de protesta. Alega que de ello estaba informado, en tiempo real, el gobierno estatal. Y hoy la acusan de eso, de tratar de formalizar la llegada del nuevo alcalde, cosa que según ella se había acordado con la secretaría general del Edomex.

Ella relata que su detención se dio con lujo de violencia y sin escatimar “insultos” y “amenazas” sobre ella y su familia. Las intimidaciones siguieron en la sede de la Fiscalía hasta el jueves 19. Ese día fue acusada de cohecho.

“El viernes 20 le dictaron la libertad bajo reserva, pero la reaprehendieron por el delito de resistencia”, dice la nota de Reforma publicada este viernes 27 de diciembre, de donde tomo buena parte del testimonio de Violeta, quien cree que esas detenciones fueron para que la fiscalía ganara tiempo para “construir” una acusación.

En similar situación están otras personas, y al menos tres policías que niegan cualquier participación en la fuga y cuya defensa alega que ni siquiera estaban trabajando a la hora de los hechos.

Este viernes terminó la audiencia de los quince. Se quedarán acusados, incluida Violeta incluida, de, entre otros delitos y no todos de la totalidad de ellos, fuga, lesiones, daño a bienes, abuso de autoridad y robo con violencia.

La jueza dio un mes para complementar las acusaciones. O sea, que por el momento, y de acuerdo con lo que presentó el ministerio público y atendió la juzgadora, hay elementos para creer que el alcalde fugado lidera una amplia red (la fiscalía busca a once personas más) criminal.

O no. O simplemente tenemos un caso de abuso político-policial-judicial que debería encender alertas en la sociedad: el retorno, en prime time, como se dice, de prácticas deleznables, donde por diversas razones la autoridad detiene a mansalva y después “virigua”.

Ningún delincuente debería andar en la calle mientras la población vive atemorizada de su actuar impune. Pero debería resultar insoportable para la nación, más aún, que inocentes sean detenidos para generar la idea de que se combate la inseguridad.

La Operación Enjambre tiene que pasar al menos tres aduanas antes de inscribirse en el registro de las buenas ideas.

La primera es que los detenidos, de verdad, sean culpables de lo que se les acusa; la segunda, que pronto caigan los verdaderos capos, no meros “charales”, en línea con lo de “peces gordos”; y que, a final de cuentas, tranquilidad y paz regresen en verdad al Estado de México.

Espero equivocarme, pero desde hace semanas en el ambiente se nota un frenesí por detener: la instalación —en varias partes del país— de una mecánica que asume que con las redadas se demuestra decisión, fuerza, capacidad y hasta honestidad. Dios.

En no pocas entidades y regiones la sociedad está desesperada. Tal zozobra no merece una respuesta falaz, un nuevo engaño. El actuar policial no es aceptable sin la férrea contención de la legalidad, y menos cometiendo nuevos atropellos.

Como en el caso de Santo Tomás de los Plátanos, le toca a la autoridad demostrar todas y cada una de las culpabilidades: del edil, y de presuntos cómplices. Y le toca a las y los jueces no rendirse a su compromiso de ser imparciales y rigurosos.

Hay una presión enorme por la falta de justicia. Esta alimenta los peores instintos: personas abrumadas que quieren que metan gente a la cárcel así no se les respeten sus derechos, así las carpetas de investigación sean débiles, de plano ridículas e incluso fabricadas.

Es obligación de la autoridad mexiquense —insisto: hay más estados donde vemos este frenesí de detenciones— demostrar que los indicios y las pruebas de presunta culpabilidad gozan de solidez. No es a los detenidos a quienes toca sacudirse la sombra de culpabilidad que les endilga, en redes y medios, el gobierno.

Sobre todo porque muchos de esos detenidos hasta hoy, y basta ver las fotografías, son gente que proviene de los estratos donde la violencia es más acuciante, donde la falta de oportunidades campea, donde la carencia de recursos para una buena defensa es norma.

Hablando de fotografías y de retornos: ¿de verdad es necesario una vez más convencer a la opinión pública de lo malos que son los detenidos poniendo siempre las armas que les confiscan, de verdad extrañan a García Luna así de mucho los que tanto lo critican?

En todo caso, esas fotografías tampoco probarían nada. Los montajes suelen caerse en audiencias con verdaderos juzgadores.

Ahora que si lo que tendremos de hoy en adelante son juzgados cuyos titulares son obsequiosos con las fiscalías por miedo a lo que el gobierno les pueda hacer tras la implementación de la reforma judicial, el coctel de la simulación es tan perfecto como inescapable.

De tener sustancia los temores aquí expuestos, resta solo mencionar lo obvio. En el tiempo en que se promueve que por el bien de todos, primero los pobres, que nadie olvide que muchísimos de quienes están en prisión “preventiva”, esos que duran años sin sentencia, ya no digamos que resultan inocentes, son, ni más ni menos, los más pobres e indefensos. Afuera, a merced de los delincuentes; adentro de la prisión, triturada su vida y la de sus familias por un sistema no judicial, sino políticodelincuencial adicto a montajes con redadas.