El recurso desesperado: apelar a un fraude electoral

Frente a lo que parece un probable triunfo de Claudia Sheinbaum en las próximas elecciones presidenciales y, con ello, la extensión de seis años más de un gobierno en manos de Morena, hay una oposición recalcitrante que no parece estar en condiciones de avenirse a tan “ominoso” resultado. Algunos entre ellos han comenzado a animarse con una idea desesperada: impugnar los comicios bajo el criterio de que se trata de una elección de Estado y que, encima, ha sido vulnerada por los narcos. Se afirma que las intervenciones de la presidencia en las campañas y los esquemas de apoyos sociales convertidos en granjas de votos, entre otros factores, tendrían que llevar a invalidar un triunfo del partido gobernante. No son los mismos argumentos, pero es una tesis, la de una suerte de fraude electoral, que los seguidores de Bolsonaro en Brasil y Trump en Estados Unidos esgrimieron para desconocer los resultados de las elecciones presidenciales en esos países.

En el caso de México se trataría de un planteamiento in extremis, porque incluso en el hipotético caso de que prosperara tal argumento, no necesariamente deriva en el triunfo de su candidato. Los casos de Bolsonaro y Trump eran distintos porque ellos gobernaban el día de los comicios; la invalidación del resultado electoral los mantenía hasta nuevo aviso en la cabina de mando. En México gobierna Morena en las Cámaras y en Palacio Nacional, cualquier impasse de esa naturaleza trastoca momentáneamente la transición, pero deja a la misma fuerza política en el poder.

Pese a este absurdo, sorprende la frecuencia con que comienza a escucharse en algunos círculos antilopezobradoristas un coqueteo con esta idea. O quizá simplemente algunos despistados han tomado de manera literal lo que hasta ahora se ha usado como un argumento de campaña para abollar la imagen del partido oficial. Lo de una “elección de Estado” Xóchitl Gálvez lo ha convertido en un lema reiterado en las plazas públicas e hizo acusaciones en ese sentido en su reciente gira a Estados Unidos. Pero me parece, insisto, que se trata de un mero argumento de campaña destinado a provocar la indignación entre los suyos o a generar preocupación a los indecisos. En suma, una de las muchas oratorias para intentar conseguir votos, pero quisiera creer que no constituye una forma de preparar el terreno para una futura impugnación.

Es el mismo caso de la enorme campaña que se ha montado en redes sociales para mantener vivo el #NarcopresidenteAMLO. Puede entenderse que se trate de una táctica electoral, como lo fue “un peligro para México” en 2006 y 2012, aunque habría que señalar que en ese caso se dañaba la imagen de un individuo y al líder de un movimiento político. Hoy, en cambio, se afecta la reputación del Estado mexicano mismo y se alimenta la perjudicial percepción, tan conveniente a la derecha estadounidense, de que en México prevalece un Narcoestado. En este mismo espacio he señalado la irresponsabilidad de actores políticos que, aunque se presentan como paladines de la democracia, no han tenido ningún rubor para financiar una campaña que afecta la legitimidad de la presidencia misma. Habría que insistir que, si hubiera algún delito o prueba tendría que presentarse, pero usarlo como argumento de propaganda con cargo a la imagen de las instituciones es delicado. Para los halcones de Washington, siempre en busca de pretextos, la acusación es asumida no como un rasgo de López Obrador o un presidente en lo específico, como pretende la oposición buscando votos fáciles, sino como una descripción del estado en que se encuentra un país que, según ellos, ya estaría siendo gobernado por los narcos.

En la misma dirección pondría yo la cobertura que se está haciendo sobre los crímenes en contra de candidatos en algunas regiones bravas del país. Preocupante, inadmisible y una llamada poderosa a hacer algo para detener la amenaza de las bandas en algunos procesos electorales locales. Delicado como es, habría que mantenerlo en la proporción que representa en una elección masiva que involucra cerca de 20.000 puestos en todo el país. Esto no significa ignorar los casos y, de ser necesario considerar medidas especiales en varias docenas de lugares vulnerables; repetir la elección incluso allá donde sea necesario. Pero pretender arrojar dudas sobre la elección presidencial, gubernaturas o principales capitales del país, donde ese no es el tema, es absolutamente desproporcionado.

Me parece que hay tres elementos que reducen la posibilidad de una crisis de ese tipo. Primero, mal que bien se ha instalado la noción entre los actores políticos y la opinión pública de que los procesos electorales son imperfectos, pero poseen legitimidad. México resistió en 2006 la increíble prueba de una elección resuelta por la mitad de un punto porcentual, entre graves y razonables acusaciones de fraude, pero nunca impugnadas de manera violenta. Desde entonces, los fallos de los tribunales e instancias electorales han sido acatadas regularmente. Por más tentación que tengan los actores políticos derrotados para desconocer un resultado, saben que no contarán con la anuencia de la opinión pública.

Segundo, la composición variopinta del INE en este momento debilita la noción de que la institución pudiera prestarse a favorecer un resultado ilegítimo. A la actual presidenta se le atribuye una supuesta empatía con el oficialismo, pero no así a la mayor parte de los consejeros. Imposible pensar que el INE pudiera operar en favor de una fuerza política sin que otra parte del organismo lo denunciara.

Tercero, el mayor desincentivo a una impugnación electoral es el resultado mismo. La protesta de Marcelo Ebrard cuando perdió la elección interna carecía de toda solvencia de fondo, porque perdió por los 13 puntos que desde hacía varios meses las encuestas anticipaban. El primer requisito de una impugnación creíble es que el resultado final traicione las tendencias observadas. Hoy el consenso de los sondeos de intención de votos, incluso entre las empresas periodísticas críticas del obradorismo, marcan una diferencia en torno a los 20 puntos. Si Xóchitl Gálvez pierde por una cantidad cercana a esa, no hay manera de pretender que en alguna parte le robaron sus votos. ¿Cómo impugnar un resultado que refleja el deseo de continuidad que expresan los actuales niveles de aprobación en el gobierno?

Hay mucha pasión polarizada en el país y viviremos tres meses incesantes de campañas sucias e infamias, pero no deberían ser razón para desbarrancar la enorme estabilidad política que México ha conseguido en materia electoral. Las acusaciones que hoy se esgrimen tendrían que ser solo eso, argumentos de campaña, y no una estrategia para preparar una narrativa dirigida a desconocer el resultado de las elecciones del 2 de junio. Apelar a recursos incendiarios hace correr el riesgo de quemar la casa en la que vivimos todos. @jorgezepedap

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