La batalla por los Estados lleva al límite las alianzas rumbo a las presidenciales

“No soy un traidor”. Así defendió el senador Jorge Carlos Ramírez Marín su decisión de romper con más de cuatro décadas de militancia en el Partido Revolucionario Institucional (PRI). El viraje no se dio en el vacío. Ramírez Marín, hasta esta semana uno de los nueve miembros de la bancada priista en la Cámara alta, adelantó también que iba a buscar la candidatura al Gobierno de Yucatán por el Partido Verde Ecologista de México, aliado de la coalición gobernante encabezada por Morena. En plena época de destapes, el tablero político anticipa varios movimientos y reacomodos de cara a las elecciones de 2024, entre acusaciones de chapulineo [transfuguismo], desacuerdos patentes en las contiendas internas y la amenaza de nuevas rupturas que desafían el discurso de unidad del opositor Frente Amplio por México y el bloque oficialista.

“Empezaré a trabajar para que esta alianza sea invencible”, dijo Ramírez Marín, que reprochó al PRI no apoyar sus aspiraciones, pese a ser el único integrante del grupo parlamentario en el Senado electo por mayoría relativa. El político ha defendido que tiene una estructura política y una base de votantes propia que el Frente no quiso tomar en cuenta. Yucatán es uno de los últimos feudos que mantiene el Partido Acción Nacional (PAN), la formación más votada de la coalición. Es también uno de los Estados donde la llamada Cuarta Transformación, el proyecto político del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha tenido más dificultades para encontrar su lugar. En esas coordenadas se entiende la jugada del senador y ahora aspirante a gobernador.

Sin embargo, parece que es pronto para que Ramírez Marín pueda cantar victoria. Morena definió esta semana a los cuatro aspirantes que participarán en la contienda por la candidatura en Yucatán y lo dejó fuera, al menos de momento. También fue excluido el senador Raúl Paz, que abandonó al PAN el año pasado. El expriista, sin embargo, aseguró que el Verde lo postulará de forma directa y confió en que la Comisión de Encuestas de Morena le dará uno de dos cupos adicionales que pueden abrirse.

Nueve gubernaturas están en liza en próximo año y las dirigencias estatales de Morena han empezado a hacer la criba de aspirantes en otras entidades. En Jalisco, el Estado donde hubo mayor cantidad de aspirantes (49), solo avanzaron cuatro perfiles encabezados por Carlos Lomelí, que perdió en los comicios de 2018, y quedó fuera Antonio Pérez, el padre del piloto Checo Pérez.

En Ciudad de México se anticipa una batalla a cuatro bandas entre el exjefe policial Omar García Harfuch, la alcaldesa Clara Brugada, Mariana Boy y el subsecretario Hugo López-Gatell. Morena dijo que esos cuatro perfiles fueron electos por unanimidad y sin fricciones, pero se excluyó a cuadros como el gobernador y exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, el dirigente nacional Mario Delgado y Miguel Torruco, diputado federal e hijo del secretario federal de Turismo. Torruco, por ejemplo, se había destapado apenas un día antes de que la representación del partido en la capital anunciara su decisión.

“Aún no termina el proceso de selección de perfiles para la encuesta final. Esto no acaba hasta que se termina”, dijo Torruco tras conocer el anuncio. Delgado ha tenido que salir a explicar que las decisiones de las representaciones estatales son solo propuestas. “No quiere decir que si alguien no sale electo por el Consejo Estatal ya no pueda competir”, agregó el dirigente. Ricardo Monreal, exaspirante a la presidencia, también anunció que iba a desistir en su intento de ser jefe de Gobierno, un cargo que se le ha negado pese a una extensa trayectoria en el Legislativo.

En otros Estados, el aviso de choque de trenes es patente. La secretaria de Energía, Rocío Nahle, encabeza la lista propuesta por el partido en Veracruz, pero en el limbo quedó Sergio Gutiérrez Luna, expresidente de la Cámara de Diputados y otro peso pesado de la formación. Gutiérrez Luna dijo que confiaba en que la dirigencia nacional corregirá los “sectarismos” y el “control faccioso” para enmendar la plana al consejo estatal. “No a la zacatecana. Fuera Nahle”, se lee en lonas y bardas que aparecieron esta semana en Xalapa, la capital del Estado, contra la integrante del Gabinete, que no es oriunda de esa entidad. López Obrador tiene previsto presentar el lunes una lista de los altos funcionarios que dejarán su Administración y dijo que empezará a nombrar a los sustitutos.

En Puebla quiere ser gobernador Alejandro Armenta, presidente del Senado. Pero también Rosario Orozco, la viuda del exgobernador Miguel Barbosa, e Ignacio Mier, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara baja. Julio Huerta, primo de Barbosa, se apuntó a ocupar uno de los cupos reservados para los aspirantes hombres. El criterio de paridad tendrá un papel determinante en la configuración de las candidaturas de todos los partidos y se perfila como una nueva fuente de polémica.

En Chiapas no fueron incluidos en la lista de la representación estatal la diputada y empresaria Patricia Armendáriz ni Eduardo Ramírez, antiguo miembro del Verde y expresidente del Senado. Sí están la senadora Sasil de León y la alcaldesa de Tapachula, Rosy Urbina. En Tabasco, otro Estado que no estuvo exento de polémicas internas, destacan Javier May, director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, y la senadora Mónica Fernández Balboa.

La historia se ha replicado una y otra vez esta semana en Guanajuato y en Morelos, donde varios liderazgos federales del oficialismo buscan definir su futuro político. Del lado de la oposición se antoja también que las candidaturas no alcanzan para quienes han levantado la mano. Tan solo en Ciudad de México se habla de las aspiraciones de los panistas Santiago Taboada, Lía Limón y Kenia López Rabadán; del priista Adrián Ruvalcaba; de la polémica Sandra Cuevas; de Mariana Moguel, hija de Rosario Robles, y de Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón y excandidata presidencial.

En el Frente se acumulan las versiones de un reparto del mapa electoral entre el PRI, el PAN y el Partido de la Revolución Democrática, con la doble encomienda de frenar la racha de derrotas en los Estados que ha aquejado a sus dirigencias y de prevenir fisuras como las que afloraron durante la selección de Xóchitl Gálvez como aspirante presidencial.

En el juego de cotos de poder, alianzas no del todo consolidadas en el plano local y posibles desacuerdos, el caso de Ramírez Marín da visos de la complejidad de la operación y de sus riesgos. Buena parte pasa por el papel que desempeñen Gálvez y Claudia Sheinbaum como coordinadoras de sus bloques partidistas, más allá de su rol como candidatas a la presidencia. Pero también por cómo se movilicen las maquinarias electorales de los aspirantes que se quedaron en el camino en las internas.

En junio de 2024, los mexicanos saldrán a las urnas para elegir presidente, 500 diputados, 128 senadores, 31 Congresos locales, nueve Gobiernos estatales, 1.580 Ayuntamientos y 16 alcaldías. Son poco menos de 20.000 cargos en juego en el plano local y federal. A pesar de las consignas de unidad, la batalla empieza por las candidaturas.

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