Estados Unidos eleva la presión para que México deje de favorecer a Pemex y CFE en el TMEC

La presión desde Estados Unidos para que México reduzca la participación de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha aumentado ante la presentación de una iniciativa en el Congreso estadounidense para poner controles al sector energético en el tratado de libre comercio (TMEC). Los empresarios de EE UU reclaman que el Gobierno mexicano favorece a las dos empresas estatales y eso limita sus oportunidades de inversión en México. La queja ha llegado hasta los congresistas que han redactado una propuesta de ley que obliga a la instalación de paneles de resolución de controversias en el acuerdo. México, Estados Unidos y Canadá tienen prevista la revisión del tratado en julio de 2026.

La propuesta llegó al Congreso de EE UU esta semana de la mano del congresista Jodey Arrington, un republicano de Texas, que argumenta que la renegociación del TMEC en 2021 tenía la intención de “abrir los mercados energéticos a la inversión estadounidense”. Arrington señala que desde entonces México no ha cumplido con los compromisos del acuerdo en el sector energético y ha impedido la competencia. La iniciativa está respaldada por congresistas tanto republicanos como demócratas, lo que eleva las posibilidades de que esta prospere en el camino legislativo y se convierta en un aspecto no negociable para Estados Unidos.

Los empresarios estadounidenses señalan que entre las áreas en las que Pemex y CFE acaparan las operaciones están la generación de energía, el transporte de gas natural, la operación de instalaciones de energía renovable y el almacenamiento de combustible. John Murphy, vicepresidente de la Cámara de Comercio de EE UU, ha apuntado que la propuesta podría expandir el potencial del tratado y contrarrestar las tensiones políticas entre ambos países. “Es necesario abordar los nuevos permisos de importación de productos energéticos de México, las políticas que favorecen a las empresas estatales mexicanas competidoras, la excesiva burocracia y las cargas administrativas, las inspecciones injustificadas y las auditorías aduaneras y fiscales”, ha mencionado el empresario.

México ha atravesado por diversos cambios en su política energética en la última década. En 2014, el entonces presidente Enrique Peña Nieto modificó la ley para abrir el sector a la inversión privada, algo que no había ocurrido en un siglo. Esa reforma abrió un abanico de posibilidades para la industria y las empresas estadounidenses empezaron a invertir en México. Al mismo tiempo, el papel de Pemex y la CFE en el mercado disminuyó e, incluso, ambas compañías empezaron a convivir con los nuevos jugadores. Sin embargo, tras la elección en 2018 de Andrés Manuel López Obrador como presidente, la reciente apertura del sector energético se paralizó.

López Obrador acusó a su antecesor de dejar a las empresas estatales sin herramientas para poder competir y emprendió una nueva política de Estado en la que el objetivo era la autosuficiencia energética para el país. Sheinbaum, nada más llegar a la presidencia, puso en marcha una nueva reforma energética en la que las empresas estatales volvían a ser las encargadas de llevar la batuta y añadió la posibilidad de que estas celebraran contratos con firmas privadas. En este esquema, por ejemplo, el magnate Carlos Slim ha apostado por la exploración en campos petroleros en el golfo de México.

Ante el reclamo estadounidense que ha llegado hasta el Congreso, el Gobierno mexicano ha respondido que no ejerce “un trato discriminatorio en contra de los inversionistas estadounidenses y canadienses”. La Secretaría de Energía ha asegurado que los señalamientos de los empresarios no tienen fundamentos y que el TMEC ya cuenta con mecanismos para resolver las controversias, por lo que un panel sería innecesario. “La legislación mexicana mantiene y promueve la inversión privada para el desarrollo y reactivación de los sectores hidrocarburos y de electricidad bajo reglas claras y transparentes. Ejemplos de esto incluyen la implementación de la nueva figura de contratos mixtos entre los privados con las empresas públicas del Estado”, ha argumentado.

Un análisis del Consejo de las Américas —una organización que agrupa a diversas empresas estadounidenses— que fue entregado a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) señala que con su preferencia por Pemex y CFE, México toca los apartados del TMEC relacionados con los monopolios de empresas estatales, las inversiones mínimas aceptables para un sector y la discriminación hacia las firmas. Los empresarios apuntan que la CFE “retrasa, rechaza o no responde” a las peticiones de permisos para proyectos de energías renovables, además que el Estado mexicano pide entre sus requisitos para hacer negocios en el país revelar información comercial sensible que después puede ser aprovechada por las empresas estatales que, a su vez, son sus competidores. El camino para la revisión del acuerdo se vislumbra cada vez más complejo.