Iván Cano, el preso del horror de México

Un chico alto —de 1,87 metros—, con brazos largos y muy delgado —apenas 50 kilos—, sale del aeropuerto de Guadalajara, en Jalisco. Es su primera vez en México, también la primera vez que sale de su país. Es de Villavicencio (Colombia), tiene 25 años y se llama Iván Esteban Cano Hernández. Está ilusionado, ha tardado casi un año, pero, por fin, ha conseguido un trabajo. Iván tiene el síndrome de Marfan, una enfermedad genética que le ocasiona fallos musculares, problemas de corazón y una fuerte pérdida de visión. A pesar de su discapacidad, él siempre ha tratado de salir adelante, cómo le enseñó su familia. Tiene estudios en contabilidad y es técnico en sistemas informáticos, justo lo que buscaba la compañía mexicana de paquetería que le contactó por internet y que le ha pagado un viaje de 3.600 kilómetros. Gracias a esta oportunidad ha montado por primera vez en un avión. Ha aprovechado una escala en Cancún para mandarle un mensaje a su madre: “Mamá, ya llegué a México y estoy bien”. Es lo único a lo que le ha dado tiempo.

Nada más aterrizar en Guadalajara recibe una llamada de la empresa: un vehículo le espera a la salida del aeropuerto. Los que le van a recoger ya tienen la referencia de su cara y al verlo, con su maleta pequeña de rueditas, solo gritan: “¡Iván!”. Piensa, mientras lo dirigen a una camioneta negra con vidrios tintados, que parecen amables. Dentro ya están tres hombres grandes, acuerpados, de unos 30 o 40 años. Tienen acento mexicano. Llevan gorras y pasamontañas. Iván se queda paralizado, no puede pensar en nada. La camioneta sale del camino principal del aeropuerto y se orilla en un Oxxo. Ahí le tapan la cabeza, le agarran las manos y gritan: “¡Cabrón, no te muevas porque te matamos!”. Es la tarde del 12 de mayo de 2025 y es justo en ese momento cuando Iván Cano comienza a llorar.

Este colombiano denuncia haber sido engañado y reclutado de forma forzada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El crimen organizado quería que él hackeara para ellos, que consiguiera datos personales y ubicaciones de algunos objetivos. No supo ni pudo hacerlo. Durante dos semanas, el joven, con discapacidad, aguantó el secuestro y las torturas. A finales de mayo, un operativo de la Guardia Nacional llegó a un rancho de la sierra de Michoacán, en la frontera con Jalisco. Ahí, en ese terreno minado, estaba Cano. Sin embargo, no fue liberado, sino detenido por portación de armas de uso exclusivo del ejército, un delito federal que conlleva prisión preventiva oficiosa.

Desde el 28 de mayo, Iván Cano está preso en el penal Licenciado David Franco Rodríguez, de Morelia, la capital de Michoacán. Su caso se enmarca dentro de la nueva estrategia de detenciones masivas que ha implementado Omar García Harfuch, el zar de Seguridad de México, para luchar contra el crimen organizado. Desde octubre de 2024, más de 37.000 personas han sido arrestadas, entre ellas está Iván. EL PAÍS reconstruye, con acceso a la carpeta de investigación, con su testimonio, el de su familia, el de la embajada colombiana y las voces de expertos, la pesadilla que trajo a un chico pobre de Colombia hasta una cárcel mexicana.

La cárcel

“¿Cómo está, hijo? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo se siente? ¿Qué más de su nuevo trabajo? Cuénteme, estoy preocupada porque no tenemos comunicación, no sé nada de usted. Dígame al menos un hola”. Eso recuerda Rubiela Hernández, de 68 años, de los mensajes constantes que le escribió a su hijo Iván durante dos semanas de mayo. No entendía qué estaba pasando. Su hijo siempre fue cariñoso y atento. Pero tras el mensaje a su llegada en Cancún, no supo más de él. Así fue hasta el 28 de mayo, que la llamó, a través de la mediación del Consulado de Colombia en México, para contarle que estaba detenido en Morelia: “Lo primero que me dijo entre lágrimas fue: ‘Mamá me engañaron, me quitaron todos mis documentos y me golpearon’. Ahí empezó nuestro calvario”, cuenta Rubiela por videollamada desde Villavicencio.

En la cárcel michoacana Licenciado David Franco Rodríguez hay 11 colombianos detenidos. La mayoría tienen formación militar y están vinculados a procesos como supuestos mercenarios de carteles. Algunos aseguran que fueron traídos con propuestas engañosas de trabajo para prestar servicios de seguridad y terminaron reclutados a la fuerza por los carteles, otros solo guardan silencio. Por eso, cuando Iván Cano llegó al penal, con sus lentes gruesos y postrado en una silla de ruedas, en los corredores de la cárcel se empezó a comentar que su caso era distinto.

El origen

Iván Esteban Cano arruga la nariz cuando habla, como si eso le ayudara a ver mejor. Siempre ha sido así. Cuando era pequeño se caía mucho, por su corta visión. Su madre recuerda que los médicos contemplaron operarlo a los dos años, pero decidieron que mejor no, porque su retina era muy débil y podía quedar ciego.

Nació en Villavicencio, la capital del departamento del Meta, una ciudad golpeada por la guerra con las FARC y los paramilitares, la puerta de entrada a los Llanos Orientales de Colombia. Una localidad de unos 580.000 habitantes que, aunque ha mejorado sus cifras, todavía registra un 29% de población que no alcanza a cubrir las necesidades básicas. Es el caso de la familia de Iván. “Pobre, pero con muchos valores y conocimientos”, defiende Rubiela Hernández. Él es el menor de cinco hermanos. El único que nació con el síndrome de Marfan, por el que fue considerado “no apto” para prestar el servicio militar obligatorio en Colombia. Pero también el único que vivía en la casa materna antes de viajar a México. El consentido. El que siempre se interesó por estudiar y, pese a sus limitaciones, se formó como técnico en contabilidad y sistemas.

“Yo nunca lo hice enfermo. Nunca le alimenté a él esa situación y eso lo ayudó a salir adelante”, dice su madre. A principios de año, Iván Cano llevaba ya meses en la búsqueda de trabajo. Los procesos solían terminar cuando llegaban a su condición de salud. Por eso, con angustia, empezó a mover su currículum en Internet, en plataformas internacionales de empleo como Enjobs. Cuando a los dos meses de apuntarse recibió un correo electrónico, interesado en su perfil, se entusiasmó mucho.

El intercambio de mensajes continuó hasta que le dijeron que el trabajo era suyo. Se trataba de un cargo administrativo, “en temas de contabilidad y respaldo computacional”, explica Cano en una entrevista telefónica con EL PAÍS, tal y como lo contó en su primera audiencia al juez. Le ofrecieron un salario de 45.000 pesos mexicanos al mes, unos 2.500 dólares, una suma que triplicaba el sueldo de cualquier trabajo similar en Colombia.

El contrato tenía una duración de seis meses y solo lo firmaría a su llegada. Por eso, debía entrar a México con visa de turista. Ellos le pagaron los vuelos y el hotel. Además, le transfirieron a través de Western Union 5.000 pesos mexicanos (unos 250 dólares) para todos los gastos de su traslado desde Villavicencio hasta Guadalajara. Este tipo de engaño es ahora una parte medular del reclutamiento forzado de los carteles mexicanos. Con ofertas falsas, que incluyen todos los gastos de traslado pagados, el Cartel Jalisco Nueva Generación engrosa sus filas con jóvenes humildes que solo quieren trabajar. “Yo lo sentí muy bien. Tanto tiempo buscando empleo. Pensé que era una buena oportunidad para mí. Dije, vamos a hacerlo, lo veo totalmente legal y voy a poder trabajar para ayudar a mi familia”, cuenta Iván.

Lo llamaron a comienzos de mayo para ultimar detalles. El hombre que lo contactó dijo que se llamaba Roberto Hénao Sánchez y ser el representante de Talento Humano de una compañía de Guadalajara. Con el nombre que le dieron a Iván no hay ninguna empresa afincada en Jalisco que conste en el Registro Público de Comercio de México; sí aparece una web, de una compañía de paquetería y mensajería en Guadalajara. “Siempre estamos buscando talento”, anuncian en su portal, que cumple todas las características de ser una fachada: las imágenes del equipo de la empresa son modelos de una marca de ropa española y las fotos de los supuestos clientes son sacadas de un banco de imágenes; los nombres de sus directivos no cuadran con sus firmas ni con los datos que aparecen en sus redes sociales. La última publicación en Facebook de esta empresa fue justo el 9 de mayo de 2025. Una de las fechas en que contactaron por teléfono a Iván Cano.

El joven confiesa que no revisó a fondo la página web. La emoción le ganó. El día del viaje, se despidió de su familia y les prometió que todo estaría bien. Llegó en autobús hasta un hotel de Bogotá, cerca del aeropuerto, y a la media noche del 11 de mayo salió con la aerolínea VivaAerobus con destino a Cancún, donde haría una escala.

Estaba nervioso. En un momento tuvo que pedir asistencia médica, porque pensó que su corazón se iba a detener. Le proporcionaron una máscara de oxígeno. El vuelo se le hizo eterno. En el aeropuerto de Cancún se dio cuenta de que sin querer se le había fracturado el papel del boleto hacia Guadalajara, así que acudió con la aerolínea para que le dieran otro. Pudo volar y aterrizó a medio día en la capital de Jalisco. En este último aeropuerto perdió la maleta, por lo que también pidió ayuda, primero a un señor y después a una trabajadora de VivaAerobus. Ambos le ayudaron a recuperarla. “Me pasó de todo”, resume con inocencia.

Meses después, Iván Cano aún recuerda llorando su secuestro tras salir del aeropuerto de Guadalajara. Tiene que parar la entrevista. Después se calma y dice: “Hasta ese momento, yo nunca sospeché nada”.

El reclutamiento

Los detalles de las dos siguientes semanas se mezclan en la cabeza de Iván. Sabe que lo trasladaron a una “casa de entrenamiento, como una casa de tiro”. Que lloraba cada vez que escuchaba los disparos y no sabía qué hacer. Sabe que le quitaron nada más llegar su ropa —sus zapatillas blancas, su buzo rojo— y que le dieron prendas de tipo militar. Sabe que ya nunca volvió a ver la maleta con sus cosas, tampoco sus documentos ni su celular. Sabe que ya solo durmió en el suelo. Que comió poquitas veces, arroz y frijoles, “todo bien picante”, y que le tiraban el plato al piso. Que lo agarraban a patadas, a tablazos, que algunos de los golpes en los testículos le dejaron un daño que todavía siente. Que le dijeron que lo iban a matar, a desaparecer, a él y a su familia. Sabe lo que querían que hiciera: hackear.

“Como yo puse en mi currículum que era técnico en desarrollo y ciberseguridad, ellos creían que yo podía hacer lo contrario: ser hacker. Me querían obligar a hackear cuentas, a hacer todo lo malo, todo lo negativo”, explica Cano. En concreto, el cartel quería que accediera a datos personales y ubicaciones satelitales, aunque nunca le llevó un ordenador para hacerlo. Este modelo de reclutamiento forzado no es nuevo. “Cuando inicia la guerra contra el narco, en el Gobierno de [Felipe] Calderón, hacia 2010, se reportaron desapariciones de perfiles de ingenieros de sistemas y de telecomunicaciones, pero esta línea de investigación no ha sido profundizada por las autoridades”, apunta Juan Carlos Gutiérrez, director jurídico de la organización de derechos humanos Idheas.

Hace por lo menos dos años que, gracias a los juicios de capos del Cartel Jalisco y del Cartel de Sinaloa en Estados Unidos, se conoce cómo estos grupos usan hackers para acceder a sistemas de vigilancia, para rastrear información y para asesinar informantes. “En el caso de México no tenemos la capacidad para localizarlos así, pero también lo han hecho y lo siguen haciendo. Logran entrar al sistema de C4, de C5 o hackean los sistemas de radio para poder identificar los movimientos de la policía”, explica Carlos Pérez Ricart, profesor de Seguridad de la universidad pública del CIDE: “Eso es muy común: utilizar sistemas paralelos de vigilancia en su favor”. Todo forma parte, incide Pérez Ricart, en la diversificación del portafolio criminal.

Iván Cano afirma tajante que se opuso a la petición del cartel: no quería ni tampoco sabía. “No alcancé a hacer lo que ellos me pidieron porque yo no tenía idea, yo no he hackeado en mi vida, nunca. Y sé de sistemas y estudié para eso, sí, pero yo nunca en mi vida fui ladrón cibernético”, apunta: “Yo les dije que yo no era malo, yo no era una persona delincuente. Mi mamá nunca me crió con esas perspectivas. Siempre toda mi vida he hecho todo bien a pesar de mi enfermedad, a pesar de mi discapacidad. He tratado de salir adelante haciendo las cosas bien, nunca en mi vida se me había pasado en la cabeza ser un delincuente o ser un sicario”.

Esa negativa trajo más torturas como consecuencia. En un momento —no recuerda el día— cuenta que trató de huir, pero que no logró correr muy lejos. Se desbarrancó y se dañó un tobillo. Lo agarraron. Y ese intento trajo más golpes como consecuencia. Así consta en su declaración ante el juez: “Dijo que su enfermedad provoca que aun con mínimos golpes tiene un dolor ‘más certero”. Después, lo trasladaron de lugar, sin su maleta ni su ropa, en un ejemplo más del inventario del horror de los objetos que dejan atrás las víctimas del crimen organizado, un rastro de memoria frente a las garras del cartel.

Hay cosas que Iván Cano todavía no sabe de ese tiempo: ¿cómo se llamaban los chicos que estaban secuestrados con él y con los que trató escaparse? ¿Dónde están ahora? ¿Por qué a él no lo mataron?

El arresto

El 27 de mayo de 2025, el oficial Oliver Morales, el agente Juan Cortés y el subagente Mario García llegaron temprano al poblado de Santa María del Oro, en la sierra de Jalisco. Estaban “realizando actos de investigación” a bordo de una pick up blanca, rotulada con el nombre de su corporación: Guardia Nacional. Completaron reconocimientos por caminos y brechas de terracería, acompañados de tres elementos más, durante unos 120 kilómetros. Cruzaron a El Santuario, municipio de Tocumbo, ya en Michoacán, a las 15.45 horas. Tardaron todavía una hora y cuatro minutos más en ver que había “tierra removida” en un tramo del camino. “Tenemos conocimiento que es una zona de conflicto entre grupos criminales, quienes colocan en el suelo, ocultos entre la tierra, artefactos explosivos que son activados al contacto”, escriben después los agentes en el parte: “Motivo por el cual detuvimos la marcha”.

Decidieron continuar a pie, divididos en grupos. Juan Cortés y Mario García fueron por el lado izquierdo del vehículo, en dirección al sur, cuando vieron “movimientos inusuales entre la maleza”. Se acercaron “de manera sigilosa”, se identificaron como Guardia Nacional y dieron la orden: “¿Hay alguien ahí? ¡Salgan con las manos en alto!”. En ese momento, a las 16.54 horas, entre la maleza, apareció un hombre delgado, con lentes y “vestimenta militar”. Estaba portando “un arma de fuego larga entre sus manos”. Los agentes gritaron de nuevo: “Tire el arma al suelo y ponga las manos en alto”. El sujeto —admite el parte militar— accedió “sin oponer resistencia”. Así fue, según la versión de la autoridad que quedó consignada en el expediente, cómo Iván Cano, que hacía 15 días que no hablaba con su madre, llegó a ser detenido.

Esta escena es radicalmente distinta a cómo Iván explica su arresto. Estaba en un rancho, el segundo al que lo llevaban los criminales, pero no sabía dónde. Define el lugar como una especie de campamento, con lonas y alguna construcción sin terminar. Recuerda que estuvo un tiempo amarrado, de su tobillo izquierdo a un palo, con una especie de cadena. En algún momento “los malos” lo soltaron y lo dejaron ahí, señala en la parte más borrosa de su testimonio. Sí afirma que los guardias lo encontraron “acurrucado”, “pegado a una pared”, “sin nada más que la ropa que le habían dado”. Creyó que los agentes iban a rescatarlo. “Pero ellos también me amenazaron. Me querían obligar a que les diera información y yo les decía: ‘No, yo estoy secuestrado acá, vea cómo me encuentro’. Ellos lo único que hacían eran reírse y reírse”.

En el escenario narrado por los guardias, Iván Cano estaba caminando por la sierra, armado con un fusil semiautomático, y cuando lo encontraron se identificó así: “Soy el Guacamaya de las FEM”. Llevaba colgada una mochilita de color negro, en la que portaba tres identificaciones (entre ellas el pasaporte), 10.500 pesos (unos 500 dólares), cinco boletos de avión y su billetera. Según los agentes, volvió a insistir con que él era “El Guacamaya”. Fue detenido a las 17.01, según el parte militar. Este documento apunta que tras leerle sus derechos, el detenido contestó: “Sí, entiendo mis derechos, pero ustedes no saben quién soy, no me van a sacar de aquí, las FEM ya vienen por mí”. Los uniformados le mandaron callar.

Desde la cárcel, preguntado por este periódico, Iván Cano afirma todavía no saber qué son “las FEM”. Estas siglas, no muy conocidas, hacen referencia a Fuerzas Especiales Mencho, una especie de cuerpo de élite que responde a Nemesio Oseguera Cervantes, el poderoso líder del Cartel Jalisco Nueva Generación. Cano también rechaza tener un alias o que alguien le hubiera llamado antes El Guacamaya. “Yo no me identifiqué con ningún apodo a ellos, ninguno”, afirma por teléfono enojado, “ellos me amenazaron y me dijeron que si yo no decía lo que ellos querían me iban a matar”.

Los abusos

Iván Cano es puesto a disposición judicial a las 22.30 horas del 27 de mayo de 2025. Él afirma que fue detenido mucho antes; en un oficio indicó que los militares llegaron al rancho donde él estaba el día 26 de mayo. A este periódico relata que los agentes lo amenazaron, lo golpearon y lo grabaron tratando de que se inculpara. El joven recuerda que lo tuvieron, orinado, durante horas en el suelo de una camioneta. También se lo dijo al juez: que los uniformados le hirieron en la espalda y en la rodilla. Esta declaración llevó a que se iniciara una carpeta de investigación por torturas que todavía sigue abierta. Este periódico ha preguntado a la Guardia Nacional si los agentes acusados siguen en activo o se les ha abierto alguna investigación dentro de la dependencia, pero al cierre de esta edición no había recibido respuesta.

Los abusos que narra Iván Cano se alinean con el testimonio de casi 40 jóvenes que también estuvieron como rehenes del Cartel Jalisco Nueva Generación en el pueblo de La Vega, en Jalisco, y en enero, durante su “rescate”, el Ejército los torturó y agredió sexualmente. Ambos casos se enmarcan en la ofensiva que Omar García Harfuch lidera en la lucha contra el crimen organizado. El Gobierno de Claudia Sheinbaum ha cambiado los métodos de su prdecesor, Andrés Manuel López Obrador, y ha desplegado una dura estrategia que ha llevado a la cifra récord de más de 2.500 detenidos al mes.

Este incremento también ha impactado a ciudadanos colombianos. Según las cifras del consulado de Colombia en México, en los últimos tres años y hasta diciembre de 2025, han sido detenidas 433 personas de esta nacionalidad (94 de las cuales fueron privadas de su libertad solo este año). Un incremento frente, por ejemplo, al 2023 cuando fueron encarcelados 53.“Vemos con preocupación que existe un panorama complejo en materia de derechos humanos para los colombianos en México”, ha respondido el embajador Carlos Fernando García a EL PAÍS: “Hay una tendencia de aumento en casos de muertes violentas, de trata de personas con fines de explotación sexual, laboral y de reclutamiento de personal con formación militar. También nos angustian las cifras de desapariciones y secuestros, así como el incremento de la detención de connacionales y de las denuncias de estos por no contar con garantías procesales”.

La versión de los militares y la de Iván Cano solo coinciden en que el traslado desde la sierra michoacana hasta Morelia fue por helicóptero.

El informe médico

En la carpeta de investigación de Iván Cano hay dos revisiones médicas y un solo perito: el médico forense Andrés Aguilera Calixto. La primera se realizó el 27 de mayo de 2025, a las 20:35 y solo duró 12 minutos. La segunda se hizo ese mismo día a las 23:45 horas, según el reporte de los agentes de la Guardia Nacional. El médico Aguilera dejó por escrito que Iván Cano refirió tener dolor en su rodilla izquierda. También que tenía lesiones y hematomas por golpes, “ocasionados por terceras personas hace dos semanas en el cerro donde se encontraba”. Pero aseguró que no eran “de las últimas 24 horas”. Lo más llamativo es que comentó por escrito que Iván Cano le dijo durante el examen, “de forma voluntaria”, que era colombiano y trabajaba como hacker para el Cartel Jalisco Nueva Generación.

Ante el juez, en la audiencia inicial, el relato de Iván fue distinto. Negó portar el arma de fuego que los agentes dijeron que tenía en el momento de su detención. Manifestó que en su arresto los agentes de la Guardia Nacional lo amenazaron con matarlo a él y a su familia si no actuaba como le decían. Desde la cárcel, Iván no puede evitar llorar cuando vuelve a ese momento. Su relato es brumoso. Pero dice que cuando lo capturó la Guardia Nacional le dijeron que se declarara culpable y que dijera que era hacker al servicio del cartel: “Si no lo hacía me iban a chingar a mí y a mi familia”. Consultado si accedió a darle esa versión al médico, Iván dice que sí, que lo hizo intimidado, que le dijo intranquilo que era hacker de un grupo armado tal y como le indicaron, pero también que había sido amenazado y temía por su vida. Esto último no quedó en el informe escrito del perito.

Iván Cano no tiene registros de investigación, órdenes de aprehensión o causas penales, ni en Colombia ni México. Así lo confirmó la propia Fiscalía General de la República, tras una búsqueda minuciosa de sus antecedentes. La dependencia federal no ha querido responder a las preguntas de este periódico.

La flagrancia

En toda la carpeta de investigación del caso de Iván Cano solo hay una prueba contra él: el testimonio de los militares. No hay resultados del análisis de pólvora para las manos del joven colombiano porque el instrumento que debía estudiar las muestras estaba roto. Tampoco se ha aportado ninguna huella de Iván en el fusil que supuestamente cargaba en el momento de su arresto. No hay inspecciones en el terreno ni recolección de evidencias, a causa de la inseguridad de la zona, explica la Guardia Nacional. No están las grabaciones de la aeronave ni las de los vehículos de los agentes, puesto que es una información reservada por seguridad nacional, explica la misma dependencia. Tampoco se han registrado pruebas de fuerza que demuestren que el acusado puede portar ese fusil cargado (que pesa más de tres kilos según el informe de balística forense), pero sí la valoración de un médico de Colombia que establece que, por su discapacidad, solo puede acarrear dos kilos. Iván Cano está en prisión porque, según los uniformados, fue detenido en flagrancia.

El juez de distrito Miguel Ángel Henríquez decidió vincularlo a proceso por el delito de portación de armas de uso exclusivo del ejército el 3 de junio, a pesar del estado de salud del joven colombiano. Sí ordenó que se abriera una carpeta contra los agentes por torturas. Cano rechazó el procedimiento abreviado que le propuso la FGR para declararse culpable. Afirma que él no ha cometido ningún delito, e insiste, ante el juez y ante este periódico: él solo estaba secuestrado.

Iván cuenta desde la cárcel que se le duermen las piernas y a veces se cae al piso de repente cuando está mucho tiempo de pie. En especial cuando ayuda a otros internos con algunas tareas en los talleres de confección de cinturones dentro de la prisión. Ya no está en silla de ruedas, pero debe apoyarse de un bastón para caminar. En la última conversación está conmovido porque es el cumpleaños de su madre. Le ha mandado un mensaje: “Hola ma, un abrazo grande, te amo mucho. Si yo volviera a nacer te volvería a escoger como mi mamá. Feliz cumpleaños, lejos, pero pronto estaré cerca de ustedes. Te llevo en mi corazoncito”. Antes de colgar, duda sobre el reportaje, confiesa que tiene miedo. Teme estar poniéndose en riesgo por contar su historia. Luego, se llena de valor y acepta revelar los horrores —del crimen y del Estado— que ha vivido. “Yo solo quiero que me ayuden a salir de aquí”.