La negociación por el IEPS entre la Cooperativa Pascual y el Gobierno de Sheinbaum: “La atención a la salud no se combate solo con cobrar impuestos”

La discusión sobre el aumento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en México ha colocado a la Cooperativa Pascual en el centro del debate fiscal y social. Mientras que el Gobierno de Claudia Sheinbaum sostiene que el incremento tributario busca reducir el consumo de azúcar y mejorar la salud pública, la cooperativa advierte que el cambio podría poner en riesgo su liquidez y viabilidad, el empleo de sus trabajadores y la cadena de producción que sostiene a cientos de familias.

El Gobierno defiende el IEPS como un impuesto “saludable” para hacer frente a problemas de sanidad pública, como la diabetes y la obesidad. Sin embargo, especialistas cuestionan su eficacia real y alertan sobre sus posibles efectos.

La doctora Elba Jiménez Solares, coautora del libro Impuesto a las bebidas azucaradas: ¿la regulación actual del IEPS es eficiente, coherente y cumple su fin extrafiscal? y profesora del posgrado de Derecho en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, de la UNAM, explica a este diario que el tema de la salud no se resuelve únicamente con un impuesto, sino con estrategias integrales que incluyan alternativas saludables de alimentación y educación en la población.

¿Qué pide la Cooperativa Pascual?

En el centro de las discusiones por el aumento del IEPS a las bebidas azucaradas está la Cooperativa Pascual, una empresa referente del sector refresquero mexicano. Fundada a finales de los años treinta, enfrentó una huelga decisiva en mayo de 1982 cuando el entonces dueño se negó a respetar un aumento salarial. Tras un prolongado conflicto, los trabajadores lograron convertir la empresa en una cooperativa, una asociación autónoma y voluntaria en la que unen sus recursos.

La cooperativa produce jugos y refrescos con fruta natural y caña de azúcar de origen mexicano, lo que, aseguran, termina suponiendo una desventaja económica frente a las grandes refresqueras que utilizan jarabes de alta fructuosa, un endulzante hasta 40% más barato. Por esta razón, Pascual ha solicitado un trato fiscal diferenciado que le permita maniobrar frente al aumento del impuesto.

Así, propone que se mantenga el IEPS actual de 1,64 pesos por litro para productos elaborados con insumos naturales y nacionales, en empresas que generan empleos formales en las comunidades.

La cooperativa sostiene que un aumento de más de tres pesos por litro en el precio final de sus bebidas afectaría gravemente a su competitividad, pues afirma tener apenas el 2% del mercado refresquero mexicano, frente al 98% dominado por gigantes como Coca Cola y Pepsi.

¿Qué dice el Gobierno de Sheinbaum?

La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado su simpatía hacia Pascual. Durante su conferencia matutina del pasado 7 de noviembre, la presidenta señaló que su Gobierno “quiere mucho a la cooperativa” y que entablarán negociaciones con respecto al aumento del impuesto.

A partir de entonces, se anunciaron mesas de diálogo entre la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Salud y la cooperativa para analizar las alternativas. No obstante, Jiménez Solares considera improbable que el Gobierno modifique la ley del impuesto, porque en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación ya se encuentra contemplado con sus proyecciones de recaudación.

También advierte que si el Gobierno abre la puerta a modificar la ley, se podría convertir en un motivo para que otras empresas quieran cabildear.

¿Por qué se está replanteando el IEPS?

El IEPS grava bienes como el alcohol, el tabaco, las bebidas azucaradas o los alimentos no básicos con alto contenido calórico, productos que el Estado considera no esenciales y cuyo consumo busca desincentivar.

En México, el IEPS a las bebidas azucaradas comenzó en 2014 con una cuota de un peso por litro. Sin embargo, el Gobierno ha anunciado un incremento a partir de 2026 con el que el gravamen pasará de 1,64 a 3,08 pesos por litro en bebidas con azúcares añadidos. Además, por primera vez, también se aplicará el impuesto a las bebidas light y cero azúcar.

El ajuste ocurre en un país donde se consume un promedio de 166 litros de refresco por persona al año y donde uno de cada tres nuevos casos de diabetes mellitus se atribuyen al consumo de bebidas azucaradas, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud.

En la teoría, la medida pretende frenar los problemas de salud pública. Sin embargo, Jiménez Solares puntualiza que desde 2014 a la fecha únicamente durante el primer año el impuesto a las bebidas azucaradas disminuyó el consumo en la población, pero de 2015 a 2025, se ha incrementado.

El panorama sanitario lo confirma. Según cifras del INEGI, en 2024 la diabetes mellitus fue la segunda causa de muerte en México, con más de 112.600 defunciones, y cuatro de cada 10 niños y adolescentes en edad escolar viven con sobrepeso y obesidad, según un estudio presentado en junio por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Un impuesto sin garantía de mejorar la salud

Otra de las preocupaciones centrales sobre el aumento del impuesto es que no existe claridad sobre el destino de lo recaudado. Jiménez Solares señala que en el presupuesto de egresos no existe un rubro dedicado a los programas para la prevención de la diabetes o la obesidad, y que no se conoce si lo recaudado se pueda destinar realmente a combatir los problemas de salud pública.

“El tema de la atención a la salud no se combate solo con cobrar impuestos”, advierte. “Si queremos acabar con la obesidad y la diabetes, es necesario crear una política integral de acceso a la educación alimentaria, así como alimentos saludables y asequibles”, concluye.

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