El laberinto donde Ligia Ceballos se busca como Diana Ortiz, una bebé robada en el franquismo

Saber de dónde viene uno debería ser un camino en línea recta, pero el de Ligia Ceballos está tan empedrado de obstáculos que la línea se ha vuelto un laberinto borgeano. La mujer de 57 años intenta confirmar si cuando era una bebé fue robada a sus padres biológicos en España, durante la época del franquismo, y traída ilegalmente a México, donde su familia adoptiva la registró con otro nombre y una nueva nacionalidad. Ella está convencida de que así sucedió, pues se lo confesaron sus padres adoptivos cuando tenía 33 años. Pero aún falta la colaboración de las autoridades de ambos países para, por ejemplo, realizar una prueba de sangre que lo confirme. Antes de ser Ligia Ceballos, aquella niña se llamaba Diana Ortiz. Era 1968 cuando la trajeron a México, a los pocos meses de nacida. ¿Quién sería ahora Diana Ortiz? ¿Qué habría sido de Ligia Ceballos? Las dudas convergen en un mismo punto, una misma persona. ¿Qué tan difícil es encontrarse a uno mismo? ¿Qué tan difícil es encontrar al niño que uno fue (o, más bien, que no fue)? Eso: un laberinto en línea recta.

La Suprema Corte de Justicia de México ha emitido una sentencia que obliga a las autoridades a al menos intentar dar una respuesta a esas preguntas. Ligia Ceballos emprendió hace años una denuncia ante la Fiscalía para que la ayudara a esclarecer las circunstancias de su irregular adopción. La Fiscalía y los jueces habían dado carpetazo, pero el Supremo ordenó hace unas semanas que se reabra el expediente y se investigue su caso como una desaparición forzada. Se trata de la última sentencia aprobada por la Corte antes de ser reemplazada por los togados que fueron electos por voto popular en junio. La resolución indica que también debe investigar el delito de tráfico de personas y determinar quiénes fueron los responsables, tanto en el Gobierno de España como en la Iglesia católica, que tuvo un rol fundamental en el despojo de niños de sus familias durante la dictadura de Francisco Franco (1939-1975). En un país como México, donde las desapariciones a manos del narco y las autoridades son una historia común, el caso de Ligia expone el espectro de posibilidades en las que se puede cometer el mismo delito.

Según todas las convenciones, el delito de desaparición no prescribe hasta que la víctima es localizada. Para el Supremo mexicano, Diana Ortiz, oficialmente, no ha aparecido. Se sabe que aún vive. A lo largo de los años, Ligia Ceballos logró conseguir los documentos que le indican que nació en Madrid el 29 de mayo de 1968 bajo aquel otro nombre. Sus padres adoptivos, a los que ella ofrenda un profundo cariño, fueron a recogerla a España y se la llevaron a vivir a Mérida, capital de Yucatán, en la península del golfo de México. En el país latinoamericano fue registrada como si hubiera sido la hija biológica de sus nuevos padres, con otro nombre y la nacionalidad mexicana. Es decir, se borró todo rastro de las turbias circunstancias en las que fue dada en adopción. Ligia sostiene que sus padres mexicanos nunca supieron que en aquellos años había en España una práctica sistemática de robo de bebés, principalmente de las familias disidentes de la dictadura.

“Yo pasé casi toda mi vida pensando que era hija de esa familia. Fue un shock”, dice Ligia. “La realidad fue modificada para mí. Y me vino la inquietud de saber quién pude haber sido, quién dejé de ser por ser quien hicieron que fuera”. A ella la acogió una familia acomodada de Mérida. Su madre era hija del exgobernador yucateco Agustín Franco. Ligia cuenta que era “un secreto a voces” que no era la hija biológica de sus padres. Pero fue hasta los 33 años cuando alguien se lo dijo abiertamente. Ella confrontó a su familia por teléfono. “Sí, es cierto”, le confesó su madre, que, pasados unos segundos que se sintieron demasiado largos, le preguntó: “¿Estás bien, hija?”. Sí, lo estaba. En el fondo, se sintió como si nada hubiera cambiado. Ligia había tenido una buena vida. Sus padres, dice, fueron extremadamente amorosos. Pero una duda inquietante había nacido en ella, una contradicción entre sentirse bien con quien era y al mismo tiempo imaginarse quién hubiera llegado a ser.

Su madre le dijo cuál era su nombre real y de ahí partió su búsqueda. Hizo solicitudes de información por internet y también viajó a Madrid. En una ocasión la acompañó su padre. “A mi padre le dolió lo que vio. Sintió que había colaborado, sin saberlo, porque él nunca se enteró de todo eso”, cuenta Ligia. Algunas organizaciones hablan de miles de casos de niños robados por el franquismo. Como ocurre en los regímenes represivos, el crimen se institucionalizó. Colaboraron funcionarios, hospicios y clérigos católicos. La entrega de Ligia a sus padres adoptivos se dio mediante la operación de los Arzobispados de Mérida y el de Madrid. Ella cree que hubo dinero de por medio. “Mi mamá murió, gracias a Dios, sin saber lo que pasó en esa época, porque tú como padre, sentir que, en lugar de haberle hecho un bien a un pequeño, quizás le hiciste un mal muy grande a toda una familia, debe ser muy difícil”, sopesa Ligia.

La Ley de Memoria Democrática de España reconoce como víctimas a los bebés robados y a sus familias. Amnistía Internacional, que ha asesorado legalmente a Ligia Ceballos, explica que el franquismo instauró una moralidad pública, de índole católica, que no solo ponía en alta estima a las mujeres que procreaban naturalmente, sino que cierto tipo de familias eran consideradas indignas de tener descendencia, por ejemplo, las personas pobres o de izquierda. Eso creó las condiciones para el despojo de bebés. Daniel Canales, integrante de Amnistía Internacional, señala que hubo un corolario eugenésico que buscaba también “la eliminación del gen rojo”, de acuerdo con las teorías que sustentaban el régimen. “La represión ideológica del franquismo implicó una labor de quitar niños a familias republicanas y dárselos a familias afines al régimen. Eso es algo que además acabó institucionalizándose, que se plasmó en las leyes”, indica.

La defensa legal de Ligia Ceballos sostiene que el robo de niños fue un “genocidio equiparado” y un delito de lesa humanidad, dada su sistematicidad. La sentencia de la Suprema Corte de México, elaborada por el ya exministro Juan Luis González Alcántara, es un paso hacia la verdad. No obstante, su cumplimiento cabal depende también de la voluntad del Estado español, que, a decir de Ligia, no se ha mostrado cooperador, independientemente del partido gobernante. “Lo único que le faltaría a España es hacer un reconocimiento formal, llamarme y darme mi pasaporte con mi nombre de Diana Ortiz”, valora. Hay otros caminos hacia la justicia, sin embargo. Ligia, o Diana, tuvo hijos y también nietos. Uno de estos es mitad europeo. A ella le da curiosidad. “Al final del día, la vida nos hace justicia. Mis genes regresan a Europa. Lo que nunca debió de salir, de alguna forma ha vuelto”, dice.