La ruta del INE para sortear el recorte presupuestal: “Tenemos todo en contra”

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha reaccionado tras el recorte de 13.400 millones de pesos que el Congreso hizo al presupuesto de 40.476 millones que le solicitó. El tijeretazo, de más del 30%, concretado la madrugada de este jueves por el bloque oficialista ha puesto contra las cuerdas a la autoridad electoral para realizar la elección judicial en junio de 2025. Las consecuencias del recorte se plasmarán en que tendrán 80.000 centros de votación, aproximadamente, en lugar de las 172.000 casillas proyectadas; así como un menor número de capacitadores para los inéditos comicios, como adelantó a este diario la presidente del órgano, Guadalupe Taddei. “Es preocupante, es severo, es históricamente alto el recorte”, ha dicho este jueves Taddei, que también adelantó que el organismo no hará “berrinches”. El monto del recorte presupuestario es casi el equivalente a los 13.200 millones solicitados para realizar los comicios judiciales.

Ante la asfixia presupuestal, el organismo ha dibujado tres escenarios: solicitar de manera inmediata y urgente una extensión presupuestal a la Hacienda pública; exigir más recursos echando mano de mecanismos judiciales, como la presentación de una controversia constitucional ante el Supremo mexicano; o ajustarse a la austeridad para realizar la elección lo mejor que se pueda, con los recursos con los que cuentan y con el tiempo encima. “No se nos están dando los elementos que se requieren para organizar esta elección y se tiene que evidenciar. Tenemos todo en contra”, dijo en una entrevista la consejera Dania Ravel.

El bloque oficialista en el Legislativo ha hecho oídos sordos a los llamados que días atrás hicieron los consejeros para que aprobaran los recursos que consideraron indispensables, como la partida de 13.200 millones de pesos que solicitó el INE para realizar la elección. “Me parece que [los legisladores] no se lo están tomando con la seriedad que amerita el caso. Todas las autoridades somos corresponsables. No presentamos una propuesta de presupuesto con ocurrencias, fue bien organizada y planeada”, defendió el consejero Arturo Castillo.

Del recorte resalta la ausencia de sustento jurídico y técnico, según los consejeros. De los 27.000 millones que les han dejado, 7.000 corresponden a las prerrogativas que de acuerdo a la Constitución les corresponden a los partidos políticos y 15.000 millones al gasto corriente del instituto. Les han quedado 5.000 millones para la elección judicial, aunque no han querido dar una cifra final, por los ajustes que deberán realizar.

Taddei ha salido a dar la cara este jueves acompañada únicamente por dos de los 10 consejeros, Arturo Castillo y Norma de la Cruz. No ha habido acuerdo para un pronunciamiento colegiado, profundizando en la división que permea en las entrañas del organismo. Desde diferentes trincheras, los consejeros han sacado pecho para defender la solicitud y reprobar la decisión del bloque oficialista, defensores férreos de la enmienda constitucional que lleva a las urnas la elección de los impartidores de justicia en México.

Los consejeros también han puesto sobre la mesa la falta de conocimientos de los legisladores. El oficialismo argumenta que en la elección del 2 de junio el INE organizó la votación de más de 20.000 cargos con menos recursos (12.000 millones de pesos), por lo que suponen que esta elección con 881 cargos debe requerir menos presupuesto. En los comicios federales en los que resultó electa Claudia Sheinbaum se disputaron 629 cargos federales y para ello se emplearon únicamente tres boletas por ciudadano, el resto de espacios (19.400) fueron locales, organizado por los organismos de cada Estado con sus respectivos recursos. Para la elección extraordinaria en puerta se elegirán más de 800 cargos de impartición de justicia y serán necesarias seis boletas con por ciudadano, lo que implica un mayor número de materia electoral.

“Desconozco la causa de las decisiones que están tomando pero es importante que recapaciten. Reducir el presupuesto de un ejercicio electoral de este tamaño, tiene sus costos y uno de los actores que asume ese costo es la ciudadanía”, dijo el consejero Castillo. De la decisión del oficialismo se han desprendido cuestionamientos sobre la eventual presentación de una reforma electoral, similar a la propuesta en su día por Andrés Manuel López Obrador, que planteaba la desaparición del instituto y afectaba a su autonomía. “A ningún país en el mundo le conviene no tener un organismo como lo tiene el Estado mexicano. El INE es garantía de la celebración de elecciones pacíficas y la transición del poder por la misma vía. No debe representar una molestia para ningún Gobierno”, sostuvo Taddei.