La Iglesia abre un canal de comunicación con el Gobierno para frenar la violencia en México

Han quedado atrás los rumores de las reuniones que la cúpula religiosa y el Gobierno han entablado en las últimas semanas, a puerta cerrada y sin hacer declaraciones, para hablar sobre la creciente violencia que se vive en México. Este viernes, finalmente, la Iglesia católica, integrada en el movimiento Diálogo Nacional por la Paz (DNP), ha entregado a la Secretaría de Gobernación una propuesta para atender a los municipios del país más golpeados por la violencia. La titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, junto con representantes católicos, activistas e integrantes de su círculo, sostuvo la reunión en la que, aseguró, ha sido un seguimiento “del trabajo coordinado en favor del país”.

La reunión abre una vía de diálogo clara y oficial entre prelados y el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, y tiende un puente de comunicación en contraste con el silencio y la distancia entre ambos frentes durante el Gobierno de López Obrador. El encuentro de este viernes, del que han resultado comunicados y fotografías oficiales, tiene lugar después del asesinato a balazos del sacerdote Marcelo Pérez en Chiapas, el pasado 20 de octubre, y tras una ola de indignación que tuvo eco también en las declaraciones del Papa Francisco sobre lo sucedido: “Que su sacrificio, como el de otros sacerdotes asesinados por fidelidad al ministerio, sea siempre de paz y vida cristiana”, declaró el pontífice, en los días siguientes al asesinato de Pérez, mientras otros hechos de violencia castigaban con su terror nuevamente a los Estados de Guanajuato, Guerrero, o Sinaloa.

La propuesta, que ha sido entregada durante la reunión, incluye un esquema de atención a las víctimas de la violencia en los puntos más críticos del país; estrategias para mejorar la institucionalidad de cada una de esas regiones y comenzar a fortalecer a las comunidades. De acuerdo con lo que han informado ambos frentes, el paso siguiente es el análisis de ese documento por parte del Gobierno: “[La propuesta] fue recibida para su revisión y seguimiento”, dijo el DNP en un comunicado.

Por parte del Gobierno Federal, además de la titular de Gobernación, estuvieron presentes la subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social, y Asuntos Religiosos, Rocío Bárcena Molina; y la titular de la Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención y Reconstrucción del Tejido Social, Clara Luz Flores. Del lado del movimiento DNP, asistieron Rogelio Cabrera López, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y Jorge Atilano González Candia, director ejecutivo del DNP entre otros representantes.

La CEM había ya alertado de una “violencia extrema” y una “situación alarmante” en el país, tras el asesinato del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos, el pasado 6 de octubre, y pedía, entonces, acciones inmediatas a las autoridades. Tras el asesinato, dos semanas después, del sacerdote Marcelo Pérez, en Chiapas, el obispo Ramón Castro, secretario general de la CEM, declaraba a EL PAÍS que mantuvieron una reunión previa con Clara Luz Flores (de la Unidad de Asuntos Religiosos): “Se están creando puentes, al menos hay diálogo, algo que no tuvimos en seis años”, dijo, por teléfono.

En ese encuentro, apuntó, se habló de cómo trabajar en conjunto por la reconstrucción social, y los religiosos expusieron ejemplos locales de trabajo comunitario que entienden como casos de éxito. El mensaje que expresaron a la funcionaria fue: “ustedes solos no van a poder”, relató Castro. “Con todo respeto señalamos que la estrategia ‘abrazos, no balazos’ no funcionó, no funciona aún [...] están rebasadas las autoridades”.

La Iglesia en México ha jugado un papel importante de mediador en algunas partes del país, en donde el poder de las bandas criminales supera incluso al del Estado. Ante estos nuevos reflectores, los sacerdotes se han expuesto a ser focos de amenazas y ataques en contra de ellos, de sus templos y de las comunidades en las que trabajan. Aunque el caso del asesinato del sacerdote Marcelo Pérez, en San Cristóbal de las casas, es de los más recientes, algunos casos como el asesinato de los jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, en junio de 2022, puso en alerta a la Iglesia y les obligó a asumir un papel más activo y crítico dentro del problema de la violencia en el país.