El rector de la UNAM confirma que la ministra Yasmín Esquivel ya presentó pruebas sobre el caso de plagio de su tesis

La ministra Yasmín Esquivel ya ha presentado pruebas sobre el caso de plagio de su tesis de licenciatura. Así lo ha confirmado el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue, al ser preguntado por los medios de comunicación. “Ayer sé que estuvo alguien por allá, en su representación. Ya fue alguien por parte de la maestra a presentar sus argumentos”, dijo el martes el funcionario, que estaba en la Cámara de Diputados para firmar un convenio de colaboración entre el Congreso y la universidad. El Comité de Ética de la UNAM, que es el encargado ahora de analizar el caso, ha emitido un comunicado en el que señala que ha invitado tanto a Esquivel como a Edgar Ulises Báez “a manifestar sus argumentos y entregar los documentos que consideraran pertinentes”.

La investigación sobre la tesis de licenciatura “Inoperancia de los sindicatos en los trabajadores de confianza del Artículo 123 Apartado A” sigue su curso. El trabajo fue presentado por Báez en 1986 y por Esquivel en 1987: ambos alumnos publicaron exactamente el mismo texto con solo un año de diferencia. Los dos estaban asesorados por la misma profesora, Martha Rodríguez, hoy ya despedida de la universidad.

Un primer análisis del Comité de Integridad Académica de la UNAM confirmó que la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) era quien había copiado el documento tras analizar “elementos de construcción, desarrollo, estilo, contenido, temporalidad, congruencia y manejo de la información de ambas tesis, así como el análisis de los archivos físicos y digitales institucionales y la documentación exhibida por las partes involucradas”.

Sin embargo, pese a que el plagio estuviera acreditado, el rector aseguró que la universidad no contaba con elementos para invalidar el título en Derecho de Esquivel, puesto que la regulación universitaria no contaba con la opción de retirar un título una vez otorgado. Graue anunció que se iban a hacer modificaciones a las normas a raíz de este caso para “corregir los vacíos legales de la actualidad”. “Tengo muy claro que nada de lo anterior redime la indignación que sentimos ante un caso que pueda llegar a quedar impune”, reconoció el recto, que afirmó, en respuesta a las acusaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador de estar lavándose las manos, que su actuación no está marcada por “la timidez, el temor o el encubrimiento”.

Así Graue, en vez de cerrar el caso, inició el proceso de investigación sobre la tesis de nuevo. Convocó al Comité de Ética, que deriva de la Comisión de Honor del Consejo Universitario, “para que revise los dictámenes y las evidencias”. Esta nueva investigación irá de forma paralela al estudio de “alternativas” de otras “acciones sancionadoras adicionales”, apuntó el rector, que señaló que el último paso es convocar al Consejo Universitario, el órgano de mayor autoridad colegiada dentro de la UNAM, “para analizar en conjunto las diversas opciones y acciones que puedan eventualmente llevarse a cabo, con la fortaleza de la legalidad”.

En ese marco, se reciben ahora las pruebas y los argumentos de las dos partes. “El Comité Universitario de Ética ha venido reuniéndose en sesión permanente para analizar y recabar información pertinente, relativa a la apropiación indebida de las tesis profesionales presentadas hace más de 35 años por dos exalumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México”, se lee en el comunicado del órgano, que apunta que una vez terminen de analizar la información, “hará entrega al rector de un dictamen ético y académico”.

El caso Esquivel ha puesto en entredicho el prestigio de una de las universidades más importantes de América Latina. El plagio de la tesis de la ministra reveló toda una cadena de copia de trabajos. EL PAÍS comprobó que la maestra Martha Rodríguez, por ejemplo, había dirigido al menos siete trabajos con distintos porcentajes de plagio, basados en cuatro originales, a lo largo de tres décadas como docente. Pero que el texto prácticamente íntegro de Báez y Esquivel se publicó en 1993, bajo el título ahora “Sindicato para los trabajadores de confianza”. Ese documento, presentado por Juan Carlos Blanco Silva, quien era, al menos hasta 2018, agente del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la PGJDF, abrió el foco de las irregularidades: el suyo no estaba asesorado por Rodríguez, sino por María Estela González Vidal. Es decir, el mismo trabajo se presentó tres veces en la universidad, pero por dos profesoras distintas.

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