Cinco agresores muertos por cada herido: la letalidad del Ejército en el Gobierno de López Obrador

Por cada agresor herido hay cinco que mueren en enfrentamientos con el Ejército. Son las cifras del último informe de la Secretaría de la Defensa, que aparecen entre los millones de correos hackeados a la institución, a los que ha tenido acceso este diario. Durante el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, los militares han matado a 739 presuntos agresores (hasta agosto de este año) y herido a 155. Se trata de los resultados de los choques entre criminales y soldados, sin precisar cómo se produjeron esas muertes, si se trató de una defensa justificada de los militares o si se pudieron haber evitado. La tasa de letalidad, un dato que no suele reconocer la institución, exhibe cómo el mantra del mandatario de “abrazos y no balazos” no se sostiene cuando los militares se exponen a campo abierto con el crimen organizado. Una respuesta dura de los soldados similar a la del Gobierno de Enrique Peña Nieto.

El índice de letalidad del Ejército, que se obtiene dividiendo el número de agresores muertos entre los heridos, ha ido creciendo en los últimos años. Sin superar las exorbitantes cifras de 2011 y 2012, que superaban los 14 muertos por cada herido, en la etapa más sangrienta de la guerra contra el narco que emprendió Felipe Calderón (2006 a 2012). No obstante, el Gobierno de López Obrador ha mantenido una tendencia al alza, con una tasa de 5, unos datos elevados para un país que declara no estar en guerra contra el crimen organizado.

Las cifras que maneja el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) de años anteriores, obtenidas a través de solicitudes de transparencia, muestran cómo mientras con Peña Nieto (2012-2018), que emprendió una época de mano dura contra el narco, con grandes capturas, como la de Joaquín El Chapo Guzmán, la tasa de letalidad a partir de 2016 fue de 2,6, 2,8 hasta llegar a 4,2 en su último año. Esta tendencia la ha mantenido el Ejército de López Obrador, que pese a sus reiteradas promesas de evitar las confrontaciones con los criminales y enarbolar la bandera de la pacificación del país, los militares han matado —sin conocer las circunstancias— a 229 personas solo en los ocho meses de este año.

La información del documento, comparado con las cifras del CIDE, apunta a que este 2022 será el más letal del Ejército en ocho años. La cantidad de presuntos agresores fallecidos está cerca de alcanzar el dato de todo el 2020, hasta ahora el más sangriento del Gobierno actual. El informe no menciona, no obstante, si se debe a que se han producido muchos más enfrentamientos con el narco o si su respuesta ha sido más dura que nunca. Y desde el Ejecutivo no se ha anunciado ningún giro en la estrategia de combate contra el narco.

En una presentación enviada a altos mandos de la Secretaría de la Defensa (Sedena), llamada Resumen de Resultados, se exponen una decena de enfrentamientos con los cárteles en las zonas más calientes del país, sucedidas entre agosto y septiembre de este año: Zacatecas, Michoacán, Tamaulipas, Nuevo León o Nayarit, son algunos de los casos que menciona. Las diapositivas muestran imágenes de los presuntos criminales acribillados a balazos, con sus cuerpos desfigurados por la metralla, junto a una lista de armas incautadas y kilos de marihuana, cocaína y químicos para elaborar metanfetamina y fentanilo.

Los papeles de la Sedena, una filtración masiva de más de 4,4 millones de correos de trabajadores de la institución, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, muestran con este archivo la disparidad entre lo que el Gobierno comunica y lo que se lleva a cabo en el terreno. La estrategia de seguridad del presidente, que desde que tomó el poder en diciembre de 2018 repitió el eslogan de los abrazos y que irritó a algunos políticos conservadores de Estados Unidos, es más contundente contra el narco de lo que reconoce en público. El informe de la letalidad del Ejército, además de otros documentos que ha publicado este diario sobre operativos, cantidades de droga requisadas y jefes del narco fichados en todas las regiones del país, desvelan una persecución similar a la de sus antecesores.

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