Las detenciones de sacerdotes en Chiapas elevan la tensión con la Iglesia

El asesinato de dos jesuitas en Chihuahua, acribillados a balazos hace dos semanas dentro de una iglesia, despertó una ola de indignación que ha llevado a la alta jerarquía de la Iglesia mexicana a dar un paso al frente. Los obispos del país han entrado explícitamente en política reclamando una nueva estrategia de seguridad y amplificando las denuncias que en otros contextos solían quedar más soterradas. Por ejemplo, la peliaguda situación en los Altos de Chiapas, una de las zonas más pobres y olvidadas de México. Atrapada desde hace años por la violencia y la impunidad, los sacerdotes católicos tampoco escapan del laberinto en su función de mediadores sobre el terreno. Esta semana, la Diócesis de San Cristóbal de las Casas publicó un duro comunicado denunciando “persecución, represión e intimidación” a raíz de unas recientes detenciones de curas en la zona.

Hasta siete sacerdotes han sido arrestados en los últimos dos meses. El último episodio es el de Marcelo Pérez. La Fiscalía estatal ha emitido una orden de captura por participar en el secuestro y desaparición de 21 personas en Pantelhó, uno de los municipios más castigados por un avispero de conflictos agrarios, disputas políticas y crimen organizado. Los hechos sucedieron el 26 de julio, cuando el pueblo sufrió una oleada de ataques a viviendas, coches incendiados y enfrentamientos directos con la Guardia Nacional y la policía. La ofensiva fue reivindicada por un grupo llamado Machete inspirado por las iniciativas de autodefensas nacidas hace años en Michoacán. En un comunicado declaraba como sus objetivos “expulsar a los sicarios, a los narcotraficantes y al crimen organizado”.

El sacerdote Pérez está acusado de colaborar con el grupo Machete en el secuestro de 21 personas durante la algarada. Diecinueve de ellas siguen desaparecidas casi un año después. El cura ha negado las acusaciones y sus abogados defienden que cuentan con testigos que prueban que aquel día no estaba siquiera en el pueblo. Las organizaciones de derechos humanos de la zona han denunciado también el clima de hostigamiento contra Pérez y el resto de sacerdotes que actúan como mediadores sociales en Los Altos.

Otras dos de las detenciones de religiosos también están relacionadas con lo sucedido en Pantelhó. El 21 de junio fueron arrestados Pedro Cortés y Diego Mendoza como “posibles artífices” de los secuestros. Además de sacerdotes, ambos formaban parte también del concejo municipal. La Diócesis apunta a que la participación directa en la gestión de los asuntos del pueblo es la causa del conflicto: “Como no quisieron entrar en la corrupción, les acusaron de estar coludidos por los de Machete”.

Desde 2019 se suceden las denuncias de desapariciones, asesinatos y despojo de tierras a los campesinos en este municipio de cerca de 25.000 habitantes, donde el 66% vive en pobreza extrema. Organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) hablan abiertamente de “grupos paramilitares que han mutado en crimen organizado”. En concreto, en Pantelhó todos los dedos apuntan a una familia de caciques locales, los Herrera y los Flores, en una maraña de violencias donde se confunden poderes políticos, económicos, grupos armados y en los últimos años el crimen organizado.

La situación límite en la zona propició incluso que la Iglesia se involucrara creando una comisión diocesana que trabaja específicamente con las 86 comunidades del municipio. En otro pueblo fronterizo con Pantelhó, San Juan Cancuc, se produjeron en junio otras cuatro detenciones denunciados por la Diócesis de San Cristóbal. Manuel Santiz Cruz, presidente del equipo de promotores de la Parroquia de San Juan Cancuc fue arrestado junto con otros religiosos acusados del asesinato de un policía municipal.

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