El jefe de jefes, Félix Gallardo, pierde la batalla con la Justicia

Un juez ha rechazado la petición del que fuera el jefe de jefes del narco mexicano, Miguel Ángel Félix Gallardo, de reducir su condena. El primer gran capo de la historia del narcotráfico, encarcelado desde 1989, cumple dos penas en prisión que suman casi la misma edad que tiene: 76 años. Sentenciado por el brutal asesinato en 1985 del agente infiltrado de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Enrique Kiki Camarena, y por delincuencia organizada, el padre de todos los narcos actuales buscaba lograr la indulgencia de las autoridades para salir libre en siete años —le faltan todavía 44—, alegando un frágil estado de salud. Pero el gran estratega del imperio criminal de la droga ha perdido su última batalla.

Los abogados de Félix Gallardo persiguen desde hace años un privilegio similar al que obtuvo otro de los líderes del cartel, también acusado del asesinato de Camarena, Ernesto Fonseca Carrillo, más conocido como Don Neto, quien obtuvo la prisión domiciliaria en 2017. Félix Gallardo, Don Neto y Rafael Caro Quintero fueron los tres cabecillas de la organización criminal más poderosa de los ochenta y noventa, el cartel de Guadalajara, que fueron condenados por el asesinato del agente. De los tres, el único que permanece tras las rejas es Félix Gallardo. Caro Quintero fue liberado en 2013 por un defecto de forma en una sentencia y mientras los jueces resolvían, se fugó.

El capo, que dio una entrevista a Telemundo mostrando sus achaques —ciego de un ojo, sordo y en silla de ruedas—, buscaba que los años que ha pasado en prisión (33) le sirvieran para purgar dos sentencias en una y de esta manera salir libre en 2029, por los siete años que le quedaban de la primera. El juez ha rechazado esta opción y ha señalado, según menciona la prensa local, que después de la condena de 40 años que sigue su curso por los delitos de narcotráfico y armas de fuego, debe concluir la siguiente, de 37 más, por el caso Camarena.

Félix Gallardo fue detenido en abril de 1989 en una lujosa casa en Cosmos (Guadalajara). La persecución y captura de sus principales socios, Caro Quintero y Don Neto, tras la furia de la DEA por el secuestro, tortura y asesinato de Kiki Camarena arrinconó a su líder y reventó el viejo tablero criminal. “Con ello concluía el modelo de cartel único con el que se inició la industria del narcotráfico en el país”, escribió el periodista Diego Enrique Osorno en un reportaje en este diario.

En la entrevista televisiva negó cualquier vinculación al crimen organizado y su testimonio parecía aferrarse al de un hombre viejo, cansado y enfermo, que no comprende por qué lleva 32 años en prisión. Lo ocurrido en 1985 ya ha ocupado las portadas y ha inspirado libros y guiones de Netflix, pero sigue siendo el origen de decisiones actuales, como la recompensa que ofreció la DEA el año pasado de 20 millones de dólares por el paradero de Caro Quintero, la más alta para un criminal.

Camarena era un agente estadounidense que, infiltrado en el Cartel de Guadalajara, desmanteló una gigantesca plantación de marihuana, ubicada en el llamado rancho del Búfalo. La versión oficial indica que, en represalia, los narcotraficantes lo asesinaron a él y al piloto con el que inspeccionaba los sembradíos de droga, Alfredo Zavala. Sus cuerpos aparecieron, un mes después de ser secuestrados, en una zanja a 150 kilómetros de Guadalajara. Los informes revelaron que habían sido salvajemente torturados.

No es la primera vez que un juez le rechaza la revisión de la condena. En marzo de este año, la Suprema Corte, desechó otro recurso en ese sentido. Y antes, un tribunal federal se negó a otorgarle otro amparo al narco porque había requerido la devolución de bienes incautados después de su captura. Félix Gallardo debe pagar una indemnización de casi 21 millones de pesos mexicanos (poco más de un millón de dólares) a la familia de Camarena y Zavala, asesinados juntos en 1985.

Aún existe una opción para Félix Gallardo. La posibilidad de que su caso sea acogido en la amnistía decretada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para presos de edad avanzada y por cuestiones de salud. Un juez debe valorar si, pese a los delitos de alto impacto que se le achacan, amerita concluir el resto de condena en su casa.

En diciembre pasado, el director de las cárceles de Jalisco —el Estado donde se encuentra la prisión Puente Grande, donde cumple su condena— señaló que el capo debía continuar su pena en prisión domiciliaria. “Por las enfermedades irreversibles, como la pérdida de un ojo, la pérdida de un oído, aspectos gastrointestinales… En estricto apego a derecho, él debería de estar en un resguardo domiciliario”, aseguró José Antonio Pérez Juárez durante la presentación de un informe anual de actividades. Y llegó a hablar bien de su conducta: “Jamás en su internamiento tuvo una riña”.

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