Un periodista mexicano asesinado en 2017 fue espiado previamente por el ‘software’ Pegasus
Una investigación revela que miles de teléfonos en México, entre ellos de periodistas, activistas y líderes sindicales, fueron incluidos como objetivos de espionaje a través del ‘malware’ contratado por el Gobierno de Peña Nieto
![David Marcial Pérez](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F0cf90cf5-089d-4574-b3ae-32ee996dc9c7.jpg?auth=90ca1e819bd994001ffa97722618fec216c574a2715afa0bf9a0844d5573afab&width=100&height=100&smart=true)
En marzo de 2017, semanas antes de ser asesinado a tiros mientras lavaba su coche, el teléfono del periodista mexicano Cecilio Pineda fue incluido en la lista de objetivos del software Pegasus, el polémico programa de espionaje propiedad de la compañía israelí NSO Group adquirido por el Gobierno de Enrique Peña Nieto. En abril del mismo año, un grupo de periodistas y activistas mexicanos acusó al Gobierno priista de haber sido víctimas de espionaje a través del malware. La polémica crece ahora tras la revelación de que al menos 15.000 números de teléfono en México, entre ellos periodistas, activistas, líderes sindicales y defensores de los derechos humanos, estaban en la lista de objetivos de Pegasus, según una investigación publicada este domingo por la ONG Forbidden Stories junto con Amnistía internacional y un consorcio de medios.
Este tipo de tecnología se justifica en la lucha de los Gobiernos por la seguridad nacional, el combate al terrorismo o al narcotráfico. El escándalo escala el ámbito mexicano. El año pasado la empresa de mensajería WhatsApp, propiedad de Facebook, demandó al fabricante del programa, NSO Group, por haber penetrado su sistema para espiar a periodistas, diplomáticos y activistas en todo el mundo.
La lista de objetivos revelada este domingo incluye más de 50.000 teléfonos de todo el mundo. Casi la mitad corresponden a números mexicanos, el país con más presencia en la lista. Al menos 26 periodistas de México están incluidos entre los objetivos de programa de espionaje según la lista revelada, que abarca los años 2016 y 2017.
![El periodista Cecilio Pineda, asesinado en 2017.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/WZCTSU55GJCX5JIEZRE6U3SMBA.jpeg?auth=48756b2f45cdd0344b51b3d183b9b69228b585d54821763207ed9b44a3584fce&width=414)
Pineda, 38 años, era un reportero local de Guerrero, uno de los Estados más violentos y corroídos por el crimen organizado. A finales de abril, semanas antes de su asesinato, había empezado a recibir amenazas de muerte a través de llamadas anónimas. El inicio de las amenazas coincide, según la información de The Guardian, uno de los medios asociados al consorcio que ha liderado la investigación, con la inclusión del teléfono de Pineda en la lista de objetivos de espionaje.
La tarde del 3 de marzo, varios individuos montados en una motocicleta le dispararon a quemarropa mientras lavaba su coche. El teléfono de Pineda desapareció tras el crimen, por lo que no puede confirmarse si había sido previamente infectado por el malware. Una vez dentro de los dispositivos, Pegasus permite acceso total a la información, desde contactos, rastreos de llamadas a geolocalización.
Apenas dos horas antes de su asesinato, Pineda había publicado un video en sus redes sociales denunciando que los políticos locales estaban coludidos por una banda de secuestradores que causaba estragos en Tierra Caliente. “Va a seguir habiendo muertes, puesto que [las autoridades] no quieren actuar como debe de ser”, denunció. Tres años después no hay ningún detenido por el asesinato.
El caso Pegasus, uno de los mayores escándalos del sexenio pasado, persigue de nuevo a Peña Nieto, que ha negado en varios ocasiones que su Gobierno haya utilizado el software de NSO para otros fines que no sean la seguridad nacional. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, se ha esforzado en tomar distancia con la polémica. “No estamos metidos en eso, aquí se decidió que no se iba a perseguir a nadie”, dijo el mandatario en noviembre. El actual Gobierno ha abierto una investigación al respecto, pero la lentitud de las pesquisas inquieta a activistas y afectados.
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