El inmovilismo de las autoridades de Guerrero acerca las familias de los 43 a Salgado Macedonio

Alejadas de la polémica por las acusaciones de violación contra Félix Salgado Macedonio, las familias de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa ven con esperanza al candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero. El martes, un contingente de padres y madres de los 43 se encontró con él durante un acto electoral en Iguala, lugar del ataque contra los muchachos hace casi siete años. Le entregaron un documento y se fueron. El documento recogía compromisos ineludibles, según ellos, para alcanzar la verdad en el caso. Ese fue el primer contacto de las familias con el postulante de Morena. El primer contacto con cualquier candidato a gobernar Guerrero, un movimiento arriesgado.

No sin trabas, la llegada a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador y el cambio de guardia en la fiscalía en 2019 hicieron que la investigación sobre el ataque y los primeros años de pesquisas avanzara. Pero hay aspectos de la agresión, del contexto criminal de la región y de la búsqueda de evidencias que dependen de dinámicas estatales. Las familias de los 43 necesitan un Gobierno afín en el Estado que empuje sus exigencias. El inmovilismo de la Administración de Héctor Astudillo, del PRI, y la escasa confianza que sienten por el candidato de la coalición PRI-PRD, Mario Moreno, hacen de Salgado una opción deseable.

El rechazo frontal a Salgado Macedonio expresado desde hace meses por amplios sectores de la sociedad llega descafeinado a Guerrero. A pesar de las protestas registradas contra el candidato en ciudades como la misma Iguala, Acapulco o Chilpancingo, domina la idea del menos malo. Y en Guerrero los malos han sido muy malos. De tal manera que hay parte de la población que prefiere ignorar las acusaciones contra un hombre que, hasta hace poco, era conocido por su lucha social.

Es el caso del activista Abel Barrera, líder social en el Estado desde hace décadas, director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan. Barrera resume así sus argumentos: “Dentro de esta maraña de gobernantes torturadores, violadores y asesinos que hemos tenido en Guerrero, aparece este candidato con una trayectoria de décadas peleando contra los caciques. Pues es un mal menor, ¿no? Porque al final el objetivo es acabar con el cacicazgo”.

Barrera pone de ejemplo al clan de gobernadores de la familia Figueroa, por ejemplo Rubén Figueroa, que estuvo a cargo del Gobierno durante la masacre de Aguas Blancas, en 1995. O al mismo Zeferino Torreblanca, que en sus años de gobernador coincidió con Salgado Macedonio en la alcaldía de Acapulco. “Entonces la lucha estaba contra la presa de La Parota”, dice Barrera, en referencia a un enorme proyecto hidroeléctrico que el Estado planeó en los primeros años de los 2000. “Salgado dijo que no iba a apoyar la construcción de La Parota. Ahí se dio el acercamiento de los comuneros con él. Porque el alcalde anterior de Acapulco, López Rosas, y el Gobierno de Torreblanca habían mandado policías a reprimir cuando había asambleas”.

En un Estado donde gobernante y acusado son palabras cercanas, sorprende tanto el escándalo actual como el silencio pasado. Vidulfo Rosales, asesor de las familias de los 43, no ve un problema en el acercamiento a Salgado. Al contrario, sigue la lógica que les mueve: alcanzar la verdad, saber qué pasó con los 43, después de años de desplantes y engaños de las administraciones priistas, tanto en el Estado con Astudillo, como con Enrique Peña Nieto en el Gobierno de la República.

Sin entrar a valorar las acusaciones contra el candidato, Rosales explica que “las autoridades estatales nunca se han comprometido. Desde el Gobierno federal se están haciendo esfuerzos, pero no hay complemento por parte del Gobierno del Estado para acelerar las investigaciones”, añade. Rosales argumenta que “Salgado se posicionó en varias ocasiones en el Senado, pidiendo avances en el caso por iniciativa propia. Fustigó desde la tribuna la verdad histórica”, dice. Salgado ganó un escaño por Morena en la Cámara Alta en 2018.

Buscar la verdad

Rosales cuenta que fueron los padres y madres de los estudiantes normalistas quienes buscaron el encuentro. En el documento que le entregaron, las familias pidieron básicamente dos cosas. Una, el compromiso de Salgado, si resulta elegido, de buscar los vídeos del Palacio de Justicia de Iguala, uno de los escenarios del ataque contra los estudiantes. Dos, profundizar en la responsabilidad de las autoridades estatales en el ataque.

En el caso del Palacio de Justicia, los vídeos de las cámaras de seguridad habrían registrado parte del ataque. Uno de los autobuses con los que los estudiantes trataban de salir de Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014 fue interceptado por policías justo enfrente. De allí, el contubernio criminal integrado por miembros de Guerreros Unidos y por policías al menos de Iguala y Huitzuco se llevaron a un grupo de entre 15 y 20 estudiantes. “Llevamos dos años en el Congreso del Estado pidiendo la comparecencia del presidente del Tribunal Superior de Justicia para que explique qué pasó con los vídeos y no lo llaman”, lamenta Rosales.

Otro de los caminos trabados estos años para las familias ha sido el que conduce a la posible responsabilidad de las autoridades estatales, tanto en el ataque como en el presunto encubrimiento puesto en marcha después. En el documento que le entregaron a Salgado, las familias señalan la necesidad de investigar a Ángel Aguirre, gobernador entonces por el PRD. Rosales señala que Aguirre es cercano a Mario Moreno, candidato de la coalición PRI-PRD. Las madres y padres quieren que se investigue también el papel del fiscal de Guerrero entonces, Iñaki Blanco, del secretario de seguridad pública, Leonardo Vázquez y en general de la policía ministerial, el cuerpo investigador de la fiscalía. “Para que todo esto avance se necesita el compromiso de las autoridades estatales”, defiende el abogado.

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