La Policía Federal contrató 40 millones de dólares con empresas fachada a seis meses del fin del Gobierno de Peña Nieto

Creadas en 2017 a nombre de ancianos pensionados, Dizoal y Esrome recibieron pagos millonarios de la corporación para proveer equipos y sistemas de espionaje

El señor José García Brito en su casa. Según registros públicos, la empresa de Brito ganó un contrato por 499 millones de pesos.
El señor José García Brito en su casa. Según registros públicos, la empresa de Brito ganó un contrato por 499 millones de pesos.

En 2018, la Policía Federal adjudicó tres contratos por 772 millones de pesos -40 millones de dólares de entonces- a empresas fachada, según una investigación de EL PAÍS y Univision. Las compañías son Dizoal y Esrome, creadas ante el mismo notario del Estado de México el mismo día, el 4 de abril de 2017. El Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía del Gobierno mexicano muestra que los socios de las empresas cuando se firmaron los contratos eran dos jubilados de Naucalpan, un municipio en la zona metropolitana de Ciudad de México. Uno es un carpintero retirado de 74 años, quien asegura que no ha pisado la oficina de un notario desde que firmó su testamento en 2003. La otra es una limpiadora pensionada de 65 años que no recuerda haber ido nunca al notario.

Los contratos se firmaron durante los últimos seis meses del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018). El acuerdo era proveer sofisticados equipos y sistemas informáticos de monitoreo de redes sociales e intervención de comunicaciones. Ya en 2019, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló irregularidades en los contratos de Dizoal y Esrome, sobre todo por el equipo adquirido, pagado a sobreprecio o directamente defectuoso.

Cuando se firmaron los contratos, la Policía Federal dependía de la Secretaría de Gobernación, encabezada por el político mexiquense Alfonso Navarrete. El dinero salió de la partida presupuestaria de Gastos de Seguridad Pública y Nacional, un rubro dedicado a acciones que implican riesgo, urgencia o confidencialidad. En 2018, el presupuesto de la Policía Federal en esta partida fue de 3.247 millones de pesos, unos 170 millones de dólares. Es decir, uno de cada cuatro dólares que gastó la Policía Federal con cargo a esa partida en 2018 terminó en las empresas fachada.

Los Gastos de Seguridad Pública y Nacional son una de las partidas más oscuras del presupuesto. En teoría, su uso está acotado a investigaciones delicadas, para evitar que policías, militares, marinos o fiscales se pongan en riesgo justificando los gastos de manera tradicional, con facturas. La ley prevé controles para esta partida, pero la Administracion anterior aumentó su uso de manera exponencial, dificultando la tarea de los órganos fiscalizadores. En julio, EL PAÍS informó de un presunto desfalco de 7,8 millónes de dólares cometido por funcionarios de la vieja fiscalía en 2013 y 2014, cuando el titular era Jesús Murillo Karam. El dinero salió de la misma partida, Gastos de Seguridad Pública y Nacional.

Cuando la ASF cuestionó el proceso de contratación y adquisición de los equipos, Dizoal y Esrome dijeron que sus proveedores eran compañías israelíes. Según los auditores, los nombres de las empresas israelíes son Gita Technologies, Septier Communications y Cybergloves. Es probable que estas firmas no tengan ningún conocimiento de su aparición en los contratos de Dizoal y Esrome con la Policía Federal. Los auditores descubrieron que ninguna de las dos empresas mexicanas transfirió dinero en pago por los equipos a proveedores fuera del país. Las empresas israelíes no respondieron las llamadas del equipo periodístico.

Pese a las irregularidades, la ASF no investigó el historial mercantil de Dizoal y Esrome. Ignoró que fueron creadas el mismo día, ante el mismo notario y que sus dueños en el papel son personas mayores de bajos recursos. Los auditores tampoco indagaron en el proceso de adquisición de los equipos. “La Auditoría no siguió la ruta del dinero y la trazabilidad de los proveedores. Generar auditorías de este tamaño y esta naturaleza requiere saber quién decide el gasto y por qué, quiénes son los proveedores. Ellos tendrían que haberlo hecho”, dice Muna Dora Buchahin, especialista en fraude y lavado de dinero. Buchahin trabajó durante 13 años en la ASF y dirigió el área de daño patrimonial, que realiza auditorías por malversación de fondos públicos. La ASF la separó de su cargo en 2018, después de que ella iniciara investigaciones por corrupción dentro del Gobierno.

La organización C4ADS, que se dedica al análisis e investigación de conflictos globales y temas de seguridad transnacional, revisó los registros internacionales de comercio a solicitud de Univision y EL PAÍS. La organización, con sede en Washington DC, dice que en las bases de datos de registros aduaneros internacionales no figuran envíos de las empresas israelíes a Dizoal o Esrome. “Una revisión de registros de comercio de tres grandes bases de datos aduaneros no mostró que Comercializadora Dizoal o Servicios Esrome recibieran importaciones en México en 2018, ni en ningún momento posterior”, dijo Henry Peryonnin, investigador de C4ADS.

En respuesta a las preguntas del equipo de periodistas, la ASF argumenta que la auditoría se realizó “con todo el rigor técnico y cumpliendo y agotando los procedimientos correspondientes por lo que no existe falta de profundidad”. El órgano de fiscalización señala que Dizoal y Esrome transfirieron los recursos a otras empresas que tienen “perfectamente identificadas”. La ASF añade que Esrome y Dizoal no pagaron sus impuestos. “Al respecto, se solicitó al SAT a través de la Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal que constataran el cumplimiento se sus obligaciones fiscales”.

Actualmente, los hallazgos de la ASF sobre los contratos de Dizoal y Esrome están en etapa “de seguimiento”, según el Sistema Público de Seguimiento de Auditorías. Esto implica que los auditores no han presentado denuncias ante la Fiscalía. Para Buchahin, el “flojo” trabajo de los auditores impide que las eventuales denuncias que presente la ASF redunden en investigaciones serias contra la Policía Federal.

El carpintero empresario

El carpintero José García Brito vive en la colonia San Mateo, una barriada de Naucalpan. Según el Registro Público de Comercio, García Brito fundó con una socia Comercializadora Dizoal el 4 de abril de 2017 en Chalco, otro pueblo de la zona metropolitana de la capital. Un año más tarde, Dizoal ganó un contrato con la Policía Federal por 499 millones de pesos. Cuando eso ocurrió, el carpintero era el administrador único de la empresa, según los registros públicos.

Originario de Guerrero, García Brito se explica con dificultad porque acaba de pasar una neumonía y le falta el aliento. No sabe si fue covid. Explica que en 2017 no fue a Chalco a crear ninguna empresa. De hecho, aclara, nunca ha ido a Chalco. Al carpintero le extraña que hayan registrado una empresa a su nombre e insiste en que la última vez que fue al notario fue en 2003, por el testamento. Pero fue a uno cercano, en su misma municipio. Naucalpan y Chalco están a casi 50 kilómetros, en puntos opuestos del área conurbada de Ciudad de México.

No muy lejos de la casa de José García Brito, en la colonia San Rafael Chamapa, también en Naucalpan, vive Alberta Manzano, socia fundadora de Servicios Esrome. En 2018, Esrome ganó dos contratos con la Policía Federal por un total de 274 millones pesos. Cuando eso ocurrió, Manzano era socia y administradora única de la compañía. Su casa está en lo alto de un cerro al que es difícil llegar en carro. Desde la puerta, el interior refleja una austeridad impuesta: una casa construida cuarto a cuarto, siempre sin acabar.

Igual que García Brito, Manzano dice que no tiene idea de por qué aparece como socia y administradora de una empresa que ha ganado contratos millonarios con el Gobierno federal. “Hace tres años trabajé de limpieza y en restaurantes”, explica la mujer, “pero yo no tengo empresa. Yo ni zapatos he comprado, ya se están rompiendo. Ya se imagina [que] si yo tuviera una empresa... Pero, ¡qué feo trabajan con nuestros papeles!”, exclama.

Más allá de las empresas que dicen que no crearon, Manzano y García Brito comparten un pasado. Alguna vez, los dos dieron copias de sus identificaciones a representantes de partidos políticos durante campañas electorales. En México, es habitual que los candidatos regalen despensas, útiles escolares o materiales de construcción antes de la cita con las urnas. Es una forma de asegurarse el voto. Los cuadros locales de los partidos piden a los vecinos copias de sus identificaciones y otros documentos y a cambio entregan las despensas. Solo en ocasiones así, dicen Manzano y García Brito, han entregado sus documentos.

El notario de Chalco

Para crear una empresa en México, el fundador debe acudir a un notario con el original de su identificación entre otros papeles oficiales. Las negativas de Manzano y García Brito abren la puerta a que la constitución de las empresas haya sido fraudulenta. “Esto es un modus operandi. Con las fotocopias ya tienen los datos para un alta de una empresa”, dice Buchahin, la exauditora federal. “Hay una red estructurada de corrupción. No es un caso aislado, sino un entramado de sucesos para que fabriquen el expediente, hagan el requerimiento del dinero y lo bajen a cuentas que obviamente también están vinculadas”, defiende.

El notario ante el que se crearon Dizoal y Esrome se llama Salvador Ximénez Esparza, entonces titular de la notaría número 126, radicada en Chalco. Xíménez es hijo del político del PRI Héctor Ximénez, fallecido en 2000. Hasta su muerte, Ximénez padre fue senador y antes contendió por la candidatura del partido al Gobierno del Estado de México. Pese al empuje en las últimas elecciones de Morena, la formación que lidera López Obrador, el PRI resiste en el Estado de México, entidad que nunca ha dejado de gobernar.

En México, la concesión de notarías es un asunto político. En 2005, el gobernador del Estado de México, Arturo Montiel, le dio la notaría 126 a Ximénez Esparza de manera provisional. En septiembre de 2011, meses antes de iniciar su campaña para la presidencia, el gobernador Enrique Peña Nieto le dio definitivamente la titularidad de la notaría. Navarrete, secretario de Gobernación cuando se firmaron los contratos, es cercano a Montiel y Peña Nieto. Fue fiscal durante el Gobierno del Montiel, puesto que abandonó en 2006, un año después de que Peña asumiera el poder en la entidad. En 2008, Navarrete volvió al gabinete de Peña Nieto como secretario de Desarrollo Metropolitano.

Más allá de la familia de Ximénez Esparza -además de su padre, su hermana fue la secretaria general del PRI en la entidad, en los años de Peña Nieto como gobernador- el notario es conocido por sus irregularidades. En 2017, la responsable de una de las alcaldías de Ciudad de México, Xochitl Galvez, le denunció por firmar escrituras de edificios con documentos falsos. “Había un edificio que tenía permitido 14 departamentos en tres niveles. Pero una vez construido tenía cinco niveles y 33 departamentos”, explica Gálvez, hoy senadora por el PAN. “Este notario de Chalco aprobó el régimen de condominio, que es lo que permite luego al dueño vender los departamentos”. No fue cosa de una vez, Gálvez dice que fueron varias veces, siempre con Ximénez Esparza de por medio.

Vista la actividad del notario, Gálvez presentó otra denuncia penal contra él en el Estado de México. Cuando Dizoal y Esrome se registraron, el notario estaba bajo investigación, debido a la denuncia de Galvez. Poco después le fue revocado su permiso de notario, situación que persiste hasta ahora.

Apoderadas compartidas

Además de notario, las dos empresas comparten también cargos. En mayo de 2017, un mes después de su constitución, Dizoal y Esrome nombraron a seis apoderadas. Las mismas seis personas en las dos empresas. EL PAÍS y Univision enviaron mensajes por Facebook a las apoderadas que aparecen en la red social, pero no se obtuvo respuesta.

En junio de 2018, Dizoal firmó su contrato con la Policía Federal. Concretamente, con la División Científica, encabezada entonces por la comisaria Patricia Trujillo. Cuando la ASF divulgó su informe sobre las presuntas irregularidades en la firma, el cumplimiento y el pago de estos contratos, Trujillo, que se había incorporado a la Guardia Nacional, dejó su cargo. Para esta investigación se ha contactado a la exfuncionaria con la intención de pedirle una entrevista pero ha declinado la invitación.

En septiembre de 2018, Esrome firmó sus contratos, uno con la División de Inteligencia y otro con la División de Investigaciones de la corporación. El titular de Investigaciones era José Antonio Vega. Y el de Inteligencia, Alejandro Bautista. En el Registro de Servidores Públicos del Gobierno federal solo aparece la hoja de vida de Bautista, que dejó la corporación en 2019. EL PAÍS y Univision trataron de contactar a Vega y Bautista, pero no fue posible. Un vocero de la Secretaría de Seguridad Pública actual quedó en informar sobre los dos, pero al cierre de esta información no había contestado.

El comisionado general de la Policía Federal cuando se adjudicaron los contratos, Manelich Castilla, dice que las responsabilidades de su puesto como superior de Trujillo, Bautista y Vega radicaban en el área operativa y táctica de la institución.

Después de firmar los contratos con la Policía Federal, Esrome y Dizoal celebraron asambleas extraordinarias para cambiar de administradores únicos y accionistas. Según el Registro Público de Comercio, las dos asambleas se celebraron el 21 de noviembre de 2019. En ambos casos, un mismo notario avaló los cambios. Se trata de Leonardo Molina, de Tlaxcala. Como Ximénez Esparza, Molina también tiene antecedentes por irregularidades. Entre 2015 y 2018, registró 15 empresas fantasma que se usaron para malversar fondos en el Estado y el municipio de Puebla, según una investigación de Datamos. EL PAÍS y Univision se comunicaron por correo electrónico y llamaron por teléfono a la oficina de Molina. Una trabajadora de la notaría dijo: “No podemos darles ninguna información sobre nuestra actuación en la formalización de asambleas”.

Con los cambios de noviembre de 2019, una misma persona se quedó con la mayoría accionarial de las dos empresas. Se trata de Laura Valdez Lemus, que por lo menos hasta octubre de 2017 trabajó en la dirección de finanzas de Sapase, la empresa municipal de agua y alcantarillado de Ecatepec, otro pueblo de la zona metropolitana del Estado de México. EL PAÍS y Univisión se pusieron en contacto con Sapase, pero Valdez ya no trabaja en la dirección de finanzas. En Recursos Humanos no quisieron decir si ella trabaja o no en la empresa.

En las mismas asambleas extraordinarias en que Laura Valdez se quedó con la mayoría accionarial de Esrome y Dizoal, las empresas compartían a la misma delegada especial de la asamblea, una mujer llamada Silvia Gómez. En la dirección fiscal que aparece como suya en el registro público dicen que no la conocen.

Actualmente, las empresas no parecen tener una operación real. Sus sedes están en dos edificios de la colonia Polanco, uno de los barrios más exclusivos de América Latina. Entre ambos inmuebles no hay ni 100 metros. En una visita reciente a ambas sedes se pudo constatar que no había nadie trabajando. En el edificio de Dizoal, el portero dijo que hacía tiempo que nadie venía. En la sede de la empresa había una hoja de papel a modo de letrero pegada en la puerta. Bajo el letrero había otra hoja, más reciente, un aviso que decía que en estos momentos no cuentan con servicio. En el aviso aparecía un número de teléfono. Al marcarlo, una mujer dijo que no tenía idea de qué era Dizoal y señaló que ese era su número personal.

El portero del edificio de Dizoal dijo también que los “señores” que trabajan ahí tienen otra sede “ahí al lado”. Desde la calle, señaló el edificio donde está la sede de Esrome. Allí no había portero, pero la oficina de Esrome aparecía igualmente cerrada. En este caso el letrero era una placa de metacrilato. En la puerta no había ningún aviso.

* Peniley Ramírez, periodista de Univison Investiga, contribuyó con esta investigación.

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