Los continuos errores en los tribunales comprometen el combate al crimen organizado

En los juzgados de lo penal de la capital mexicana corre la broma de que las policías están patrocinadas por la marca de cuchillos Tramontina. En los grupos de Whatsapp de los jueces circulan memes de este cubierto con el mango de madera, común en cualquier casa mexicana. “Solo hace falta un cuchillo para que un robo menor o un presunto narcomenudista entre en prisión preventiva y el ministerio público así gane tiempo para investigar el caso”, cuenta un magistrado local a este diario. Después, en algunas ocasiones, el acusado logra demostrar que ese cuchillo no era suyo, no hay huellas, “me lo sembraron”. Y queda absuelto por otro juez. Hasta que un detenido llega a ese punto, puede pasar dos años en la cárcel.

Hay tantas declaraciones policiales que detallan esa marca del arma que supuestamente portaba el detenido, que la presunción de inocencia se ha convertido en un chiste. En estos días en los que los jueces se han colocado en el centro de todas las críticas por parte del Gobierno mexicano, tras la liberación de presuntos delincuentes cuyos operativos habían anunciado con bombo y platillo, la anécdota de los cuchillos Tramontina ejemplifica el día a día de un sistema de justicia plagado de grietas.

En estas semanas, México ha asistido a importantes golpes contra el crimen organizado que han resultado un fracaso en las audiencias. El primero sucedió el 21 de junio, cuando un operativo estatal y federal provocó el caos en el sur de Guanajuato (en el centro del país) para detener al núcleo familiar de uno de los objetivos prioritarios del Ejecutivo de López Obrador: José Antonio Yépez, El Marro, líder del Cartel Santa Rosa de Lima. Entre bloqueos carreteros con vehículos en llamas y negocios también incendiados, se detuvo a 31 presuntos colaboradores de la banda. Entre ellos, la madre, hermana y prima de El Marro. Solo una semana después, todos quedaron en libertad.

La mayoría de ellos, 26, fueron liberados al día siguiente, pues solo estaban acusados de provocar los disturbios de esa noche. Los cinco que quedaban, anunciados por la Fiscalía como quienes controlaban la estructura financiera del cartel, fueron absueltos por la jueza Paulina Iraís Medina, ante las pruebas que presentó la defensa: habían sido detenidos durante cuatro horas sin órdenes de aprehensión; pudieron probar que las autoridades habían “sembrado” un kilo de metanfetaminas y dos millones de pesos en efectivo; además de la tortura de los imputados. Conclusión: absueltos.

Un día después, el presidente López Obrador insinuó en su conferencia de cada mañana que había corrupción entre los jueces y que buscaban “cualquier tecnicismo” para liberar a los criminales. “La responsabilidad del fracaso de los operativos espectaculares se le trata de cargar a los jueces y magistrados, pero eso no soporta el menor análisis serio, porque ninguna decisión judicial es inatacable, lo que quiere decir, que si alguien no se encuentra conforme con la decisión de un juez, tiene a su alcance los medios legales para impugnar tal decisión”, explica el exmagistrado estatal de Guanajuato José Miguel Cortés Lara en una entrevista para este diario. “Por otra parte, debe de recordarse que los encargados de perseguir el delito y los delincuentes son los fiscales, no los jueces”, añade Cortés.

Existe incluso en la jerga jurídica una forma de llamarle a la práctica que detectó la jueza de Guanajuato, la droga “sembrada” por la policía. “Métele su kilo de ayuda”, ha escuchado un juez local de la capital entre los policías de investigación. Aunque el poder judicial se encuentra en la mira del Gobierno por las liberaciones recientes de presuntos criminales, cuatro magistrados consultados por este diario coinciden en que la falla “sistémica” y “estructural”, se encuentra en la parte investigadora, en las Fiscalías y la policía.

“En 2008 México reformó la Constitución y cambió [hasta su plena implementación en 2016] el sistema de procesamiento penal. Teníamos un sistema prácticamente medieval, donde el ministerio público tenía todos los instrumentos y no había un debate en el juicio. No estaba muy claro el principio de presunción, antes, el inculpado tenía que probar que era inocente. Lo que aportaba la Fiscalía tenía pleno valor ante el juez. Este sistema prevaleció en México mucho tiempo y eso hizo que los ministerios públicos y policías no fueran realmente investigadores ni tuvieran el cuidado que se requiere”, explica un magistrado federal con más de 20 años de trayectoria, que prefiere no revelar su identidad. “Ahora, todo lo que se tiene que procesar, necesariamente se tiene que presentar en las audiencias. Los testigos, las periciales... Y aquí se observa la mayor deficiencia. Faltan las herramientas del litigio oral por parte del ministerio público. Además de la deficiencia en peritos o policía científica. Ese es el gran problema”, añade el juez.

Entre las fallas más recurrentes con las que se encuentran los magistrados consultados en las audiencias y que acaban resolviendo con una absolución destacan las detenciones arbitrarias, sin delito flagrante (demostrado) ni una orden judicial; los cateos o inspecciones en domicilios sin una orden; la tortura de los detenidos; la alteración de las condiciones de detención; la obtención ilegal de pruebas; el “sembrado” y fabricación de evidencias; la excesiva tardanza en la puesta a disposición y la detención por extorsiones fallidas. Además, el abuso de la flagrancia en la mayoría de los imputados, capturados sin orden judicial en el momento en el que cometen el delito o poco después de cometerlo. Sobre este último punto, señala el exmagistrado Cortés: “Es una verdadera suerte que nadie cree que tienen los policías. Más bien, refleja el abuso y actuar arbitrario. Si existiera trabajo de inteligencia, habría más casos de detenidos por orden judicial. Esta práctica lo que evidencia es el desprecio de muchas fiscalías sobre los derechos humanos. Eso es lo verdaderamente peligroso”.

Las consecuencias de las fallas del sistema son conocidas: la impunidad que reina en México. Teniendo en cuenta solo las estadísticas por homicidio (de competencia estatal) hasta 2018, por cada 10 víctimas de asesinato, solo dos obtuvieron una sentencia condenatoria, según los datos de Transparencia publicados por un informe de la ONG Impunidad Cero hace dos años. Hay Estados donde la impunidad llega al 99%, como es el caso de Morelos y Oaxaca. A nivel federal, durante los 12 años de la guerra contra el narcotráfico —entre 2006 y 2018— se detuvo a 233 presuntos criminales, pero solo se obtuvieron dos sentencias por crimen organizado, según una investigación de Mexicanos contra la Corrupción.

Hace unos días, la Fiscalía General de la República prometió rehacer el caso Ayotzinapa, la desaparición de los 43 estudiantes de Guerrero en 2014 que abrió un cisma político y social en México y que golpeó duramente al Gobierno de entonces, presidido por Enrique Peña Nieto (del PRI). El Gobierno anunció el lunes la detención de un presunto criminal ligado al cartel Guerreros Unidos, vinculado a la desaparición de los jóvenes: José Ángel Casarrubias, alias El Mochomo. Uno de los delincuentes más buscados fue imputado por delincuencia organizada, pero no se pudo demostrar su vinculación y una jueza ordenó su absolución. El escándalo estaba servido. Y antes de que el acusado cruzara la puerta de salida de la audiencia, la Fiscalía había logrado otra orden de detención, en este caso por cohecho: un presunto pago de millones de pesos a las autoridades para conseguir su liberación.

“Sobre este caso en particular, las declaraciones del fiscal general van a tener mayores repercusiones, porque no es el único acusado con las pruebas que la propia Fiscalía ha declarado que fueron falsificadas [por el Gobierno anterior], sino que hay muchos más acusados por los mismos hechos e incluso personas sentenciadas con las mismas pruebas que hoy se dice son falsas. El resultado de tales declaraciones será que cualquier defensor, por bisoño que sea, llevará al proceso la declaratoria de falsedad de tales pruebas e incluso al propio fiscal como testigo. Quizá la Fiscalía no previó ese resultado”, explica Cortés.

Un caso similar al de El Mochomo ha sucedido con uno de los presuntos autores intelectuales del atentado contra el jefe de la policía de Ciudad de México, Omar García Harfuch, la semana pasada. José Armando Briseño, El Vaca, fue detenido poco después del brutal ataque con armas propias del Ejército, pero la Fiscalía no pudo sostener su vinculación por intento de homicidio ni su participación en los hechos, de manera que se encuentra imputado por cohecho. “Este tipo penal es una práctica últimamente recurrente por parte de las fiscalías, como a pequeña escala lo es el cuchillo Tramontina. En lo que se resuelve, el acusado se encuentra detenido y la fiscalía gana tiempo para investigar y pedir una orden de detención por el delito por el que lo buscaba en un inicio”, explica a este diario un juez de control de la capital.

Las acusaciones de corrupción a los jueces por parte del presidente de México han irritado a un sector del gremio que ejerce su trabajo en condiciones de riesgo. Hace solo dos semanas, el magistrado federal Uriel Villegas fue acribillado a balazos junto a su esposa en Colima después de haber tratado casos relacionados con el hijo del líder del cartel Jalisco Nueva Generación, el más poderoso del país. Un compañero suyo, cercano a Villegas, cuenta a este diario que después del asesinato de su amigo, sus hijos le preguntaron: “¿Quién nos va a cuidar si te matan?”. Esa idea le ha estado rondando la cabeza estos días. Recuerda que les respondió: “Si llego a morir en este trabajo es porque hago lo que me gusta, porque actúo conforme a derecho. No por miedo, no por favorecer a ninguna persona. Por el amor que le tengo a nuestro país”.