Una campaña de donaciones salva de la horca a una víctima de violencia machista en Irán al reunir el ‘dinero de sangre’

Goli Kouhkan tenía 12 años cuando su familia la vendió a un primo para que se casara con ella, constata un comunicado de expertos de Naciones Unidas del 2 de diciembre. Esa niña de la marginada etnia baluchí era analfabeta e invisible legalmente: ni siquiera tenía documentos de identidad, según la ONU. Una ...

Goli Kouhkan tenía 12 años cuando su familia la vendió a un primo para que se casara con ella, constata un comunicado de expertos de Naciones Unidas del 2 de diciembre. Esa niña de la marginada etnia baluchí era analfabeta e invisible legalmente: ni siquiera tenía documentos de identidad, según la ONU. Una vez casada, estuvo a punto de morir al parir a los 13 años en su casa, sin asistencia médica, y tras un embarazo plagado de palizas de su marido. La adolescente trató de escapar, pero nadie la ayudó: “Entregué a mi hija con un vestido blanco [de novia] y volverás en una mortaja”, le espetó su padre, relata la ONG Iran Human Rights (IHR).

A los 18 años, Kouhkan pidió ayuda a un primo de su marido al encontrar a su maltratador golpeando a su hijo de cinco años. Después siguió un altercado en el que su cónyuge murió en circunstancias poco claras. Aunque la adolescente llamó a una ambulancia, fue condenada a muerte en un juicio plagado de irregularidades, denuncian IHR y la ONU. La ejecución estaba prevista este mes, pero una campaña de donaciones en internet iniciada por la fundación australiana Qasim Child Foundation le ha permitido evitar el patíbulo al reunir el equivalente de 80.000 euros que le exigía su familia política para concederle el perdón. La joven, ahora de 25 años, será liberada.

La legislación iraní recoge una figura basada en la ley islámica cuyo nombre es qisas o “retribución en especie”. Cuando una persona es condenada a muerte por asesinato, corresponde a la familia de la víctima elegir entre que el acusado sea ejecutado; que pague la diya ―coloquialmente el dinero o precio de la sangre (una compensación económica)― para evitar la horca, o perdonar al acusado sin más. Cuando los parientes de la víctima optan por la diya, deciden sin techo legal alguno el valor de esa compensación. El resultado es que ese precio de la sangre suele consistir en cifras inasumibles para unos condenados que a menudo son pobres y, como Goli Kouhkan, muchas veces miembros de una minoría étnica o religiosa.

Irán es el segundo país del mundo en ejecuciones (1.426 este año hasta el pasado noviembre, según IHR), solo por detrás de China, y el primero en relación con su población. También es el Estado que ajusticia a más mujeres. En 2024, 31 fueron ahorcadas en Irán, en datos de IHR. En 2025, ya van 40, un nuevo récord en los 18 años que esta ONG, asentada en Noruega, lleva monitoreando la aplicación de la pena de muerte en la República Islámica de Irán.

Mahmood Amiry-Moghaddam, director de esa organización, señala un dato “significativo”. De esas 40 mujeres, casi la mitad (18) fueron condenadas por matar a sus maridos. Como Kouhkan, dos de ellas habían sido casadas de niñas.

Un informe de IHR de principios de año titulado Mujeres y pena de muerte en Irán, una perspectiva de género, identificaba un perfil habitual de condenada a muerte. Ese retrato robot es el de una mujer maltratada, pobre, a veces víctima de matrimonio infantil, o en ocasiones obligada a casarse con su violador. Ese tipo de acusada termina matando “por desesperación”, recalca el documento, en defensa propia o de sus hijos. Son mujeres “atrapadas”, dice el texto, que no tienen otra forma de escapar.

Las iraníes solo pueden pedir el divorcio en poquísimos casos y si lo logran ―algo que suele ir ligado a una buena posición económica―, pierden de forma automática la custodia de sus hijos cuando estos cumplen siete años. En los seis años que vivió aguantando palizas y trabajando como jornalera agrícola, Kouhkan trató de huir varias veces, pero su condición de “indocumentada”, que no le permitía ni solicitar un ya improbable divorcio, y “la presión social” la dejaron a merced de su maltratador, destaca también el comunicado de los expertos de Naciones Unidas.

Irán no reconoce la violencia machista ni la violación dentro del matrimonio. Kouhkan, entonces de 18 años, fue detenida y coaccionada para firmar una confesión en la que reconocía haber asesinado a su marido y que ni siquiera pudo leer, según IHR. Era analfabeta. Tampoco contó durante el interrogatorio con la presencia de un abogado, aunque más tarde se le asignó uno de oficio. Después de ser condenada a la horca (al igual que el hombre que trató de ayudarla), los allegados de su maltratador fijaron el “precio de sangre” en el equivalente de 85.000 euros, luego reducidos a 80.000.

Un relato “habitual”

Este diario preguntó a la Embajada de Irán en Madrid por este caso. La legación diplomática rebatió las acusaciones de la ONU y de la ONG de derechos humanos. Aseguró que Kouhkan es afgana ―Iran Human Rights insiste en que es iraní―, que dispone de documentos y que tuvo asistencia letrada.

Esta versión oficial se basa en documentos judiciales, recalca la legación diplomática, que reflejan que la joven urdió “con premeditación” un plan para asesinar a su maltratador “de manera extremadamente brutal, con múltiples puñaladas y degollándolo”, algo que, sostienen, confesó la propia adolescente. La Embajada asegura que la motivación del crimen no fue el maltrato ni el asesinato ocurrió en legítima defensa, sino que la chica “mantenía una relación” con el primo de su marido que acudió en su ayuda.

La legación destaca luego cómo el “Poder Judicial iraní” suspendió la ejecución de la pena capital “para celebrar sesiones de conciliación y realizar esfuerzos para obtener el perdón de la familia de la víctima (...) que han dado resultado”.

Este relato oficial es “el habitual”, asegura el director de IHR. “Muchas veces, cuando una mujer víctima de maltrato mata en defensa propia en Irán, si consultas los documentos judiciales, encuentras una versión similar”, explica Mahmood Amiry-Moghaddam. Ese relato es que la condenada “tenía una relación romántica con otro hombre y que por ello planificó el asesinato de su marido”, resalta el activista.

Nada de eso “suele ser cierto”, según el director de IHR, pero “así justifican este tipo de condenas”, afirma. “Si la joven estaba cometiendo adulterio, ¿por qué no la condenaron por ese delito, que en Irán también implica la pena de muerte?“, se pregunta en voz alta.

Iran Human Rights ha documentado casos similares o peores que el de esta joven. Por ejemplo, el de Leila Ghaemi, una iraní de la que solo se sabe que estranguló a su marido al descubrirlo violando a la hija de corta edad y que fue ejecutada en octubre de 2024.

O Zahra Esmaili, una mujer obligada a casarse con su violador, que la había dejado embarazada, según recoge el informe citado de la ONG. El hombre la maltrataba, amenazaba con matarla e intentó violar también a la hija de ambos. La mujer se lo impidió. Esmaili había pedido el divorcio repetidamente, pero ni siquiera obtuvo una respuesta.

Después de que su cónyuge le comunicara la fecha en la que pensaba asesinarla, ella y su hija lo mataron en 2017. El día que iba a ser ejecutada, el 19 de febrero de 2021, Esmaili murió de un ataque al corazón al presenciar cómo ahorcaban a otros condenados. Aunque ya había fallecido, los verdugos colgaron su cadáver de la soga y su suegra accionó el mecanismo del patíbulo, una posibilidad que el sistema judicial iraní ofrece a los familiares de las víctimas de asesinato.