Trump amenaza con no pagar a algunos funcionarios el sueldo que les corresponde en el cierre del Gobierno
El ‘shutdown’ de la Administración estadounidense cumple una semana sin visos de acuerdo entre republicanos y demócratas y con algunos aeropuertos afectados por la falta de personal
El cierre parcial del Gobierno de Estados Unidos cumple una semana este miércoles. El acuerdo entre demócratas y republicanos para asegurar la financiación de la Administración no parece próximo, y desde ambos lados del espectro político continúa el fuego cruzado para responsabilizar al otro del shutdown. Este martes también siguieron las presiones del presidente Donald Trump tanto para forzar el brazo de sus contrincantes en el Senado ...
El cierre parcial del Gobierno de Estados Unidos cumple una semana este miércoles. El acuerdo entre demócratas y republicanos para asegurar la financiación de la Administración no parece próximo, y desde ambos lados del espectro político continúa el fuego cruzado para responsabilizar al otro del shutdown. Este martes también siguieron las presiones del presidente Donald Trump tanto para forzar el brazo de sus contrincantes en el Senado como para maximizar el daño a sus rivales políticos.
Trump sugirió que no todos los funcionarios suspendidos de empleo y sueldo a causa del cierre de la Administración tienen garantizado el pago retroactivo de sus salarios cuando se reincorporen a sus puestos de trabajo. “Depende de a cuáles nos estemos refiriendo, pero en general vamos a cuidar de nuestra gente”, dijo Trump en un encuentro con periodistas en el Despacho Oval antes de su reunión con el primer ministro canadiense, Mark Carney. “Hay algunas personas que no merecen que las cuidemos; de esas nos haremos cargo de una manera diferente”, añadió Trump, en lo que pareció una referencia a esas decenas de miles de funcionarios a los que ha amenazado con despedir de modo definitivo aprovechando la coyuntura.
La pregunta se la hicieron porque horas antes varios medios estadounidenses habían publicado el borrador de un memorando de la Casa Blanca que argumenta que ese pago a posteriori no se puede dar por descontado esta vez, pese a que existe una ley que así lo dice, firmada en 2019 por el propio Trump tras el último shutdown. Duró 34 días, y es el más largo de la historia. Esa norma establece que los funcionarios suspendidos de empleo tienen derecho a recibir el salario devengado durante la interrupción de los servicios públicos.
“Todo empleado federal suspendido tiene derecho a recibir su sueldo retroactivo. Punto. La ley es clara. Nos aseguraremos de que se cumpla”, declaró este martes el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, en una conferencia de prensa.
Cuando se produce un cierre parcial del Gobierno en Estados Unidos, los trabajadores públicos se dividen en dos categorías: aquellos cuya tarea se considera “esencial”, que están obligados a seguir trabajando sin cobrar; y el resto (unos 750.000 esta vez), que se quedan en casa y tampoco reciben su salario. Unos y otros recuperan el dinero que han dejado de ganar mientras dure el shutdown una vez este se resuelve.
Entre esos trabajadores esenciales destacan los controladores aéreos, un sector en el que el absentismo laboral crece durante los cierres de Gobierno, en vista de que no cobran inmediatamente por su trabajo. Aeropuertos de todo el país, de Denver a Newark y de Burbank (California) a Phoenix han experimentado escasez de personal, y retrasos y cancelaciones de vuelos a principios de esta semana.
Torre de control cerrada
En el de Nashville, se esperaba este martes que la torre de control dejara de funcionar entre las 19.00 y la medianoche, hora local. En total, hay 10.800 controladores aéreos afectados, cuya última paga, a menos de que se financie de nuevo la Administración, está prevista para el próximo martes.
Este, los senadores ni siquiera volvieron a votar las dos propuestas que hay encima de la mesa y que podrían reabrir el grifo de la financiación pública que corresponde asignar al Congreso y que quedó cerrado el pasado 1 de octubre, primer día del nuevo año fiscal. Han votado cinco veces hasta ahora, con casi idéntico resultado.
La propuesta demócrata, partido que ha planteado este desafío como el primer gran pulso al presidente tras meses en los que sus bases les han exigido más agresividad, ha recibido los apoyos de la minoría en el Senado y todos votos republicanos en contra. Estos siguen sin convencer a ningún rival de que cambie de bando más allá de los tres senadores demócratas que llevan una semana votando con ellos.
El desacuerdo sigue siendo también el mismo. Los demócratas, con el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, a la cabeza, se resisten a aprobar la resolución de continuidad que han presentado sus rivales para financiar la Administración hasta el siguiente examen presupuestario del 21 de noviembre.
Para hacerlo, exigen el compromiso republicano de que se ampliarán ciertos subsidios de Obamacare, ley que mejoró las prestaciones sanitarias a aquellos ciudadanos sin seguros privados. Esas ayudas expiran a final de año. También quieren que no se apliquen los recortes a Medicaid que contempla la “ley grande y hermosa”, gran reforma fiscal que Trump logró aprobar en julio.
Los republicanos llevan días atacando esa postura con la mentira de que los demócratas no quieren aprobar la financiación del Gobierno porque la supeditan a que se les dé a los inmigrantes irregulares sanidad gratuita (a través de Medicaid, programa de subsidios a las rentas bajas). Ese plan de ataque sigue centrando el debate una semana después del cierre parcial de la Administración, pese a que la ley prohíbe a los indocumentados recibir esos subsidios.
En Washington existe el convencimiento, extraído de la experiencia de shutdowns pasados, de que el primer partido que pestañea es el que pierde. De momento, sigue sin estar claro cuál de los dos será capaz de mantener por más tiempo la mirada.