Tres países africanos gobernados por juntas militares se retiran del Tribunal Penal Internacional
Malí, Níger y Burkina Faso denuncian la “justicia selectiva” del organismo, al que acusan de ser “instrumento de represión neocolonial en manos del imperialismo”
Los tres países de la Alianza de Estados del Sahel (AES), Malí, Níger y Burkina Faso —todos ellos gobernados por juntas militares resultado de golpes de Estado, y aliados de Rusia en el continente—, anunciaron el lunes su retirada del Estatuto de Roma y, por tanto, del Tribunal Penal Internacional (TPI) “con efecto inmediato”. Los tres gobiernos acusan a este organismo en un comunicado de ser “un instrumento de represión neocolonial en manos del i...
Los tres países de la Alianza de Estados del Sahel (AES), Malí, Níger y Burkina Faso —todos ellos gobernados por juntas militares resultado de golpes de Estado, y aliados de Rusia en el continente—, anunciaron el lunes su retirada del Estatuto de Roma y, por tanto, del Tribunal Penal Internacional (TPI) “con efecto inmediato”. Los tres gobiernos acusan a este organismo en un comunicado de ser “un instrumento de represión neocolonial en manos del imperialismo” incapaz de juzgar crímenes de guerra, contra la humanidad y genocidios ante los que mantiene un “mutismo inexplicable” mientras se centra casi en exclusiva en crímenes cometidos en África.
Los tres países, que suman una población de 70 millones de personas y que se adhirieron al Estatuto de Roma a comienzos de los años 2000, han mostrado su disposición a seguir cooperando “en la promoción y protección de los derechos humanos desde el respeto a la soberanía de los Estados”, pero manifiestan su frontal rechazo al TPI. A su juicio, esta jurisdicción es un ejemplo de “justicia selectiva” porque no actúa contra países del norte que cometen graves crímenes de guerra y, sin embargo, “se ceba contra ciertos actores que no pertenecen al círculo cerrado de beneficiarios de la impunidad internacional institucionalizada”, según el comunicado.
El Tribunal Penal Internacional, creado en 2002, fue ratificado por 124 países del mundo, pero entre ellos no se encuentran potencias como Estados Unidos, Rusia, China, la India o Israel. Desde su nacimiento se han abierto decenas de casos en esta jurisdicción, y la mayoría han sido sobre presuntos crímenes cometidos por ciudadanos africanos, según recoge el propio TPI en su página web. Ello ha provocado numerosas críticas de dirigentes mundiales y expertos, sobre todo desde África, como las del presidente ruandés, Paul Kagame. Burundi ya se retiró del Estatuto de Roma hace una década y Sudáfrica inició el proceso, aunque posteriormente dio marcha atrás.
No obstante, el TPI ha impulsado en los últimos años varias causas fuera de África: en marzo de 2023 emitió una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladímir Putin, por la expulsión y traslado ilegal de niños durante la invasión de Ucrania; en noviembre de 2024 acusó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de crímenes de guerra y contra la humanidad y ordenó también su detención; y el pasado julio dictó también una orden de arresto contra Haibatulá Ajundzadá, líder supremo de los talibanes de Afganistán.
El paso dado ahora por los tres países de la AES se enmarca en un proceso de ruptura con organismos occidentales e internacionales. Esta confederación les acusa de ser “servidores del neocolonialismo” mientras estrecha sus lazos con países como Rusia, China, Turquía o Irán, que se han convertido en suministradores de armamento o aliados económicos y en materia de defensa y seguridad.
Entre las primeras decisiones de las juntas militares que llegaron al poder mediante golpes de Estado en Malí (2020), Burkina Faso (2022) y Níger (2023) estuvo la expulsión de los soldados franceses de su territorio, proceso que fue luego seguido por otros países africanos como Costa de Marfil y Senegal. En 2024, los tres gobiernos del Sahel también anunciaron su retirada de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao), decisión que se hizo efectiva el pasado enero.
Malí, Níger y Burkina Faso acusaban a este organismo regional de ser correa de transmisión de los intereses europeos, y en particular franceses, en África occidental. La ruptura supuso la abrupta interrupción de un proceso de integración regional que había comenzado 50 años antes. La Misión de Naciones Unidas en Malí (Minusma) también fue expulsada, mientras que, ante las dificultades creadas por la retirada francesa, la Unión Europea suspendió su misión de formación al ejército maliense.
Naciones Unidas y organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han acusado a las juntas militares de Malí y Burkina Faso de la comisión de masacres, torturas, asesinatos extrajudiciales y violaciones de los derechos humanos cometidos contra civiles en el marco de la guerra que mantienen contra los grupos yihadistas que operan en la región. En el caso de Malí, estas acciones militares fueron cometidas junto a mercenarios rusos, primero del grupo Wagner y en la actualidad de Africa Corps. Asimismo, estos gobiernos y el de Níger han emprendido una dura campaña represiva contra periodistas, políticos y activistas ciudadanos que se han mostrado críticos con su gestión.