El dueño de la empresa española que espió a Assange para la CIA colaboraba con el CNI

David Morales, director de la empresa de seguridad española UC Global SL que espió para la CIA a Julian Assange durante su estancia como asilado en la embajada de Ecuador en Londres, era colaborador del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), según apuntan correos electrónicos intervenidos en los dispositivos electrónicos que le incautó la Policía ...

David Morales, director de la empresa de seguridad española UC Global SL que espió para la CIA a Julian Assange durante su estancia como asilado en la embajada de Ecuador en Londres, era colaborador del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), según apuntan correos electrónicos intervenidos en los dispositivos electrónicos que le incautó la Policía tras su detención en Jerez de la Frontera, en septiembre de 2019.

Además de estas pruebas documentales, a las que ha tenido acceso EL PAÍS, tres fuentes vinculadas a los servicios de información españoles y colaboradores de Morales confirman que el exmilitar trabajó en distintas operaciones para el servicio de inteligencia. “Tranquilo, estoy con Dios, con el de aquí (el CNI) y el de allí (la CIA)”, confesó a una persona de su confianza que le advirtió de los límites y riesgos de esa actividad. Un portavoz oficial del CNI declinó responder a las preguntas de este diario.

Las pruebas que vinculan al exmarine con el CNI han aparecido en nuevos volcados de sus teléfonos móviles y no figuraban en la primera copia que la Policía entregó al juez de la Audiencia Nacional que desde hace cinco años investiga el caso. La relación de Morales con el servicio de inteligencia español y las pruebas que apuntan a que la información sobre las reuniones del fundador de Wikileaks con sus abogados se entregó a la CIA dan una nueva dimensión a un caso que ha escalado hasta un juzgado de Nueva York donde víctimas del espionaje han demandado a Mike Pompeo, exdirector del servicio secreto estadounidense. Assange, ya en libertad, permaneció 12 años recluido por la filtración de más de 250.000 documentos clasificados del Departamento de Estado estadounidense en noviembre de 2010. EL PAÍS fue uno de los medios que participó en el esfuerzo concertado de publicación de estos papeles.

Único interlocutor

El 27 de junio de 2016, Morales envió desde su correo corporativo a sus trabajadores un comunicado interno titulado “Contacto con agencia de inteligencia”. Decía así: “Me pongo en comunicación con vosotros a fin de haceros partícipes de que hemos conocido el interés por parte de unidades de inteligencia españolas (CNI) por conocer o disponer de información relativa a nuestras acciones, misiones o trabajos. Llegando a contactar y solicitar la colaboración (paso de información) de los agentes y operaciones que están asignados a esas diferentes misiones”.

El director de UC Global SL, cuya agencia ya se ocupaba de la seguridad en la embajada de Ecuador en Londres, les explicó que las actividades de su empresa eran “fácilmente monitorizables” y añadió que en el caso de que sus misiones fueran de “interés nacional y no afecte a los intereses de nuestros clientes no hay problema para establecer una colaboración adecuada y con un único canal de transmisión, es decir a través mía [sic]”. Y advirtió que si algún agente o colaborador de cualquier servicio de inteligencia nacional o extranjero contactara con ellos le indicaran: “el procedimiento es comunicar conmigo”. La advertencia iba acompañada de una amenaza: ser despedidos si no procedían de esa manera. “Me resultará duro tener que prescindir de alguno de vosotros por fallos de confianza”, apostilló.

Unos meses antes, en marzo del mismo año 2016, uno de los colaboradores de UC Global SL escribió a Morales informándole de que “el CNI quiere contar con nosotros” para unos cursos en un campo de tiro” en una galería en el acuartelamiento del Tercio de Infantería de Marina en San Fernando (Cádiz).

Informe sobre un exdirector del CNI

Otros correos de Morales, fechados tres años después, entre los meses de febrero y marzo de 2019, muestran su participación en los preparativos de una reunión entre la empresa Advanced Security Business Group SL, propiedad del exdirector del CNI (2004-2009) José Alberto Saiz Cortés, y un colaborador de Indra.

El exmilitar escribió a este último y le remitió un informe sobre la empresa del exjefe del CNI, una consultora en seguridad nacional e internacional, según recoge su página web. “Te adjunto un breve informe sobre la empresa con la que vas a mantener el contacto mañana con el fin de que te hagas una idea de la misma, aunque creo que ya tendrás una idea conociendo el perfil de quien está al frente”, dice uno de los correos refiriéndose al exresponsable del servicio secreto español.

El exdirector del CNI, nombrado por José Bono, entonces ministro de Defensa, fue cesado en su puesto después de que el diario El Mundo publicara el uso de fondos del servicio secreto para viajes y aficiones personales. Saiz es ingeniero técnico superior de Montes y continúa al frente de su compañía de seguridad. Este periódico no ha logrado recabar su versión.

Morales fue detenido dos meses después de que una investigación de este diario difundiera los audios y vídeos que sus trabajadores grabaron al activista australiano con sus abogados, médicos y visitantes en el interior de la embajada de Ecuador en Londres, en la que permanecía recluido. Ese material se presentó como prueba en una querella de Assange y la Audiencia Nacional le investiga por delitos de violación de las comunicaciones abogado-cliente, apropiación indebida y blanqueo de capitales.

La demanda presentada en Nueva York por varias de las víctimas del espionaje ha obligado al director de la CIA, William J. Burns, a prestar declaración. El jefe del servicio de inteligencia se ha escudado en la Ley de Seguridad Nacional de 1947 y la Ley de la Agencia Central de Inteligencia de 1940 para no facilitar al magistrado neoyorquino ninguna información “porque podría causar graves daños a la seguridad de Estados Unidos”.

Tras su prolongada reclusión, Assange, de 52 años, logró la libertad el pasado 25 de junio después de firmar un acuerdo con el Departamento de Justicia de EE UU por el que se declaró culpable de un delito de violación de la Ley de Espionaje y aceptó una pena de cinco años de prisión ya cumplida en la cárcel londinense de Belmarsh.

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