El Supremo discute dos delitos imputados a Trump por no admitir su derrota de 2020

Donald Trump continúa marcando el curso judicial en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Varios de los casos de más calado político y constitucional lo tienen como protagonista, a veces de forma directa y otras, indirecta. Este martes, mientras el primer juicio penal al expresidente calienta sus motores en una corte de Manhattan, en Nueva York, los nueve magistrados del Alto Tribunal celebran una vista en la que se decide el alc...

Donald Trump continúa marcando el curso judicial en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Varios de los casos de más calado político y constitucional lo tienen como protagonista, a veces de forma directa y otras, indirecta. Este martes, mientras el primer juicio penal al expresidente calienta sus motores en una corte de Manhattan, en Nueva York, los nueve magistrados del Alto Tribunal celebran una vista en la que se decide el alcance de dos delitos imputados a Trump en el caso federal por intento de amaño electoral tras los últimos comicios presidenciales, celebrados en noviembre de 2020. Aunque en puridad él no sea parte en la vista, lo que decidan los jueces puede exonerarle de esas acusaciones. Además, el caso es decisivo para las responsabilidades penales por el asalto al Capitolio que tuvo lugar el 6 de enero de 2021.

El Tribunal Supremo tiene entre sus integrantes una supermayoría conservadora de seis a tres. Tres de sus magistrados fueron nombrados por el propio Trump cuando era presidente. Los jueces ya sentenciaron el pasado 4 de marzo que la decimocuarta enmienda de la Constitución, sobre la inhabilitación en casos de insurrección, no le impedía presentarse a las elecciones. Además, este tribunal tiene sobre la mesa un recurso en el que el expresidente reclama inmunidad. Hay más casos vinculados al republicano que pueden escalar a la cúspide judicial.

De momento, el Supremo escuchará este martes los argumentos orales del caso Joseph Fischer contra EE UU, en el que un imputado por participar en el asalto al Capitolio pide amparo. Lo que está en juego en este proceso judicial es la validez del delito de obstrucción de un procedimiento oficial aplicado a la insurrección de enero de 2021, que impidió seguir adelante con normalidad en el Congreso con la certificación de la victoria electoral de Joe Biden frente a Trump en las elecciones de noviembre de 2020.

En el caso de Fischer, un expolicía de Boston, el juez de distrito inicialmente le dio la razón en su petición de desestimar la acusación por obstrucción. El magistrado interpretó que para poder imponer una pena por obstaculizar un procedimiento oficial, con fue la sesión en el Congreso que ratificaba la victoria de Biden, la ley exige haber realizado “alguna acción con respecto a un documento, registro u otro objeto”. Ante la decisión de este juez, el Departamento de Justicia recurrió ante el tribunal de apelaciones del Distrito de Columbia, que dijo que el artículo debía aplicarse en el caso de Fischer.

El delito de obstrucción está regulado en el código penal estadounidense en el artículo 1512 del US Code 18, que indica en su letra (c)(2) que “quien de manera corrupta obstruya, influya o impida cualquier procedimiento oficial, o intente hacerlo, será multado conforme a este título o encarcelado no más de 20 años, o ambas cosas”.

La letra de ese apartado concreto de la ley, considerada de forma aislada, parece ajustarse con claridad a lo ocurrido en el asalto al Capitolio. El problema de interpretación se pone de manifiesto cuando se observa que prácticamente todo ese artículo está destinado a castigar a quien boicotee u obstruya una investigación de diferentes formas, desde asesinar a un testigo a ocultar pruebas.

De hecho, el titular de esa disposición es: “Interferencia sobre un testigo, una víctima o un informante”. Ese artículo, además, se aprobó como parte de la ley Sarbanes-Oxley de 2002, dirigida a perseguir delitos de cuello blanco. En el original en inglés, además, hay varias palabras que dejan margen de interpretación.

La pregunta que el Supremo ha aceptado contestar es la siguiente: “¿Se equivocó el [Tribunal del] Circuito del Distrito de Columbia al interpretar 18 U.S.C. § 1512(c) (‘Interferencia sobre testigos, víctimas o informantes’), que prohíbe la obstrucción de las pesquisas e investigaciones del Congreso, al incluir actos no relacionados con las investigaciones y las pruebas?”.

En el caso de Washington contra Donald Trump por intentar alterar el resultado electoral de las elecciones de 2020, dos de los delitos de los que se le acusa dependen de la respuesta a esa pregunta. En el pliego de cargos de ese caso, que supuso la tercera imputación de Trump, el fiscal lo acusa de cuatro delitos: conspiración para defraudar al Gobierno estadounidense, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción o intento de obstrucción de un procedimiento oficial y conspiración para violar derechos civiles. Aunque Trump no está acusado de forma directa por el asalto al Capitolio, sus maniobras pretendieron obstruir la certificación de la victoria de Biden de diversas maneras, de modo que el segundo y el tercer delito dependen de lo que diga el Supremo en este caso.

La acusación de Trump en el procedimiento de Washington por interferencia electoral depende también de lo que decida el Supremo en relación con la inmunidad que alega tener el expresidente y que los tribunales inferiores le negaron. La vista para la exposición de los argumentos orales sobre la inmunidad está agendada para el 25 de abril. La decisión afectaría a los cuatro delitos imputados en dicho caso. Ese recurso ha retrasado de forma indefinida el juicio, que debería haber empezado el mes pasado y que ahora está paralizado, con la posibilidad de que no se celebre antes de las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre, que volverán a enfrentar a Biden y Trump.

La sentencia del caso Fischer, que se espera para junio, afectará a decenas de condenados por el asalto al Capitolio. Al menos 353 acusados han sido imputados por obstruir, influir o impedir de forma corrupta un procedimiento oficial, o por intentarlo, según un recuento reciente del Departamento de Justicia. Es una de las figuras penales más utilizadas para perseguir a los que asaltaron el Capitolio. En total, casi 1.400 personas han sido acusadas de delitos federales derivados de los disturbios. Un total de 791 personas se han declarado culpables de diversos cargos federales, muchas de las cuales se enfrentaban o se enfrentarán a penas de prisión en la sentencia, y otras 193 han sido declaradas culpables en juicios.

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