Congresistas de EE UU exigen el fin de la ‘doctrina Monroe’ y del intervencionismo en Latinoamérica

En diciembre de 1823, James Monroe, quinto presidente de una república joven, pronunció un discurso con el que quedó inaugurada la política exterior de Estados Unidos, al situar unilateralmente a Latinoamérica y el Caribe en su esfera de influencia. En teoría, predicaba la oposición activa a la interferencia de las potencias europeas en los países del Sur, en pleno proceso de emancipación. En la práctica, marcó el inicio de décadas de invasiones, intervenciones militares y derrocamientos ...

En diciembre de 1823, James Monroe, quinto presidente de una república joven, pronunció un discurso con el que quedó inaugurada la política exterior de Estados Unidos, al situar unilateralmente a Latinoamérica y el Caribe en su esfera de influencia. En teoría, predicaba la oposición activa a la interferencia de las potencias europeas en los países del Sur, en pleno proceso de emancipación. En la práctica, marcó el inicio de décadas de invasiones, intervenciones militares y derrocamientos orquestados por la CIA de Gobiernos legítimos. Ahora, justo dos siglos después, cinco congresistas demócratas han decidido que Washington, y el continente, ya tuvo suficiente doctrina Monroe.

La representante por Nueva York, Nydia M. Velázquez, ha introducido en el Capitolio, según ha podido saber EL PAÍS, una resolución que exige que el Departamento de Estado dé por superado “formalmente” el influyente marco de relaciones internacionales para desarrollar en su lugar una “política del Nuevo Buen Vecino”, “diseñada para fomentar las mejores relaciones y profundizar en una cooperación más eficaz”.

Eso se traduce, según el texto, en el final de todas las sanciones económicas unilaterales, embargo de Cuba incluido; la desclasificación inmediata de los archivos secretos de la CIA relacionados con golpes de estado y apoyo a dictaduras; la aprobación de leyes que permitan la suspensión automática de ayudas a cualquier Gobierno ilegítimo de la región; el apoyo a la “democratización” del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); y el inicio de una colaboración de Washington con el resto de capitales para lanzar una “reforma de gran alcance” de la Organización de Estados Americanos (OEA). A este último organismo multilateral, la resolución acusa de guardar “silencio” sobre “los numerosos abusos atroces perpetrados por las dictaduras de derecha respaldadas por Estados Unidos durante la Guerra Fría”.

La firma de Ocasio-Cortez

“Desde el narcotráfico a la migración masiva y el cambio climático, los numerosos desafíos compartidos entre Estados Unidos y América Latina no pueden abordarse con la anticuada doctrina Monroe. Son algunas de las cuestiones más apremiantes de nuestro tiempo y exigen un proceso que enfatice el respeto y la cooperación”, considera la congresista Velázquez, que cuenta con el respaldo de los representantes Alexandria Ocasio-Cortez (congresista también por Nueva York), Greg Casar (Texas), y Delia Ramirez y Chuy Garcia (ambos de Illinois).

Los cinco patrocinan un texto que cabe leer también como un pliego de cargos contra dos siglos de política expansionista de Estados Unidos en la región (o el hemisferio occidental, como prefieren llamarlo en Washington). Se citan, entre otros, el genocidio indio, la invasión de Texas, Cuba y Puerto Rico, las “guerras bananeras” de principio del siglo XX, la fundación de la CIA, el golpe de estado contra Jacobo Arbenz en Guatemala, el embargo a Cuba, los derrocamientos de Salvador Allende en Chile y Joao Goulart en Brasil, el apoyo a la Operación Cóndor entre 1975 y 1980, los escuadrones de la muerte en El Salvador, la contra en Nicaragua y el resto de las operaciones paramilitares en Centroamérica, la guerra contra la droga del Plan Colombia, las maniobras para desalojar a Hugo Chávez y las sanciones a Venezuela o las políticas austericidas del FMI.

El Congreso se encuentra en receso por las vacaciones navideñas. A la vuelta, en enero, los patronos de la resolución buscarán el apoyo del resto de su partido y tratarán de forzar el voto en el pleno sobre el contenido del texto. Esa decisión está en manos de la mayoría republicana, así que el éxito de la iniciativa es incierto.

El debate sobre la legitimad de la doctrina Monroe, y sobre su spin off, el Corolario Roosevelt, que autorizó a Estados Unidos a intervenir para asegurar sus intereses en la región, no es nuevo. En 2013, el secretario de Estado John Kerry (en tiempos de Obama) dio por terminada su era en una discurso ante la OEA. Seis años después, John Bolton, asesor de Seguridad Nacional durante la presidencia de Donald Trump proclamó “con orgullo” que la doctrina estaba “viva y coleando”.

En 2022, al poco del comienzo de la invasión rusa en Ucrania, el senador por Vermont Bernie Sanders se dirigió al presidente Joe Biden, en el Capitolio con estas palabras: “Vladímir Putin puede ser un mentiroso y un demagogo. Pero es hipócrita que Estados Unidos insista en que nosotros, como nación, no aceptamos el principio de las esferas de influencia. Durante los últimos 200 años nuestro país ha operado bajo la doctrina Monroe como potencia dominante en el Hemisferio Occidental. Según Estados Unidos, Estados Unidos tiene derecho a intervenir contra cualquier país que pueda amenazar nuestros intereses legítimos. Esa es la política de Estados Unidos. Así es cómo Estados Unidos ha socavado y derrocado al menos a una docena de países en Sudamérica, Centroamérica y el Caribe”.

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