Israel aumenta el cerco a su minoría árabe

El jueves, mientras miles de personas pedían en Tel Aviv que la Cruz Roja acceda a los rehenes en Gaza, Hanín Zoabi ―exdiputada árabe en el Parlamento israelí― salía visiblemente alicaída de la comisaría de Migdal HaEmek, en Galilea, tras más de siete horas retenida. Pertenece a la minoría árabe: los casi dos millones de palestinos con ciudadanía israelí a los que, desde el ataque de Hamás el 7 de octubre, el Estado tr...

El jueves, mientras miles de personas pedían en Tel Aviv que la Cruz Roja acceda a los rehenes en Gaza, Hanín Zoabi ―exdiputada árabe en el Parlamento israelí― salía visiblemente alicaída de la comisaría de Migdal HaEmek, en Galilea, tras más de siete horas retenida. Pertenece a la minoría árabe: los casi dos millones de palestinos con ciudadanía israelí a los que, desde el ataque de Hamás el 7 de octubre, el Estado trata más que nunca como una potencial quinta columna. Zoabi fue la última de los cuatro exparlamentarios arrestados el jueves por la mañana antes de poder iniciar en la ciudad de Nazaret una pequeña protesta silenciosa en solidaridad con Gaza. Fueron soltados a última hora de la tarde, antes de que su estatus legal tuviese que pasar de interrogatorio a detención formal. Los otros tres tienen una orden de alejamiento durante 14 días de Nazaret, la principal ciudad árabe del país. Como vive en la ciudad (fue, de hecho, su alcaldesa), a Zoabi le prohíben solo pisar la plaza que no llegó a albergar la protesta.

Enemiga número uno de la mayoría política judía durante años por su participación en la Flotilla de la Libertad de 2010 (asaltada por comandos israelíes, que mataron a ocho personas), Zoabi asegura que la investigación en sí solo duró 15 minutos. “Lo que muestra que el objetivo éramos los propios detenidos, que no había nada que investigar. Silenciar, intimidar y mostrar quién es el dueño del lugar”, interpreta. La exparlamentaria asegura que los agentes bailaron y cantaron canciones bélicas con la bandera israelí, y le dijeron: “Quizás no sabes dónde vives”. “Las reglas son diferentes después del 7 de octubre”, apunta Zoabi, que vincula el silenciamiento de su minoría con la inseguridad que ha generado en la mayoría judía el “derrumbe de la creencia de que los palestinos están bajo su control”.

Media hora antes salió de la comisaría Sami Abu Shehade. Lidera Balad, el partido panarabista que perdió en las elecciones del pasado noviembre su presencia parlamentaria al concurrir en solitario y quedarse a tres décimas del 3,25% de los votos necesario. Acusa al Gobierno de Benjamín Netanyahu de silenciar “la más mínima voz contra la guerra” mientras “resulta legítimo estar a favor del exterminio” de Gaza. Asegura que los agentes lo empujaron e insultaron en Nazaret; y dirigieron a su abogado a una comisaría para luego llevarlo a otra.

También exdiputado de Balad, Mtanes Shihade pronuncia cinco palabras nada más salir: “Lo primero, necesito un cigarrillo”. Luego, más tranquilo, interpreta los arrestos como una medida “peligrosa” para la convivencia. “Han querido que ni siquiera podamos lanzar el mensaje humano de que nos oponemos a todas las muertes”, lamenta.

Esta minoría tiene sobre el papel los mismos derechos que la mayoría judía, pero son tratados como ciudadanos de segunda en la distribución de presupuestos públicos, planes urbanísticos u oportunidades educativas o laborales. En su mayoría, se definen como palestinos, y tienen familiares en Gaza, Cisjordania o Jerusalén Este. Descienden del tercio (unos 300.000) que se quedó en el territorio que se convirtió en Israel tras la primera guerra árabe-israelí (1948-1949). El resto, y sus descendientes, son hoy los millones de refugiados de la Nakba.

El Alto Comité de Seguimiento para los Ciudadanos Árabes de Israel es considerado su representante oficioso. Engloba a diputados, autoridades locales y movimiento de la sociedad civil. Lo lidera Mohamad Barakeh, exlíder de Hadash, un partido de izquierdas que promueve la cooperación judío-árabe, pero cuyos diputados y votantes son hoy abrumadoramente palestinos. También fue detenido. La policía lo acusó de “organizar una manifestación susceptible de llevar a la incitación y el daño al orden público, en violación de las directrices policiales”. Zvika Fogel ―un diputado ultranacionalista que considera preferible que “mil madres palestinas lloren” la muerte de sus hijos a que lo haga una israelí― ha aprovechado para pedir también la ilegalización del comité y sus miembros.

En un comunicado, Noa Sattath, directora ejecutiva de la principal asociación nacional de derechos humanos, ACRI, interpreta las detenciones como una “nueva y peligrosa manifestación” de la “desenfrenada agresión contra la sociedad árabe en general, y sus líderes en particular”. También Aida Touma-Suleiman, diputada en la Kneset de Hadash, ve en su detención una “escalada”. “Cuando arrestas al líder, está claro que tratas de atemorizar a toda la comunidad”, señala por teléfono de camino a una reunión de emergencia en Jerusalén con el presidente de Israel, Isaac Herzog.

A Gaza en autobuses

La policía tiene la orden de impedir todo evento en solidaridad con Gaza. Su jefe, Kobi Shabtai, ha dicho públicamente que enviará a la Franja a quien “se identifique” con ella. “Cero tolerancia a cualquier acto […]. No hay permiso para efectuar protestas […]. Quien quiera ser ciudadano del Estado de Israel, bienvenido [en árabe]. Quien quiera identificarse con Gaza, lo subo ahora mismo a un autobús y lo llevamos allá, lo ayudo a llegar”, ha señalado en un vídeo en TikTok difundido por la cuenta en lengua árabe de la Policía israelí, que depende del Ministerio de Seguridad Nacional, cuyo titular es el ultraderechista Itamar Ben Gvir.

El miércoles, el Tribunal Supremo rechazó una apelación contra la prohibición policial de dos manifestaciones (en las ciudades árabes de Um El Fahem y Sajnín) en apoyo a Gaza, donde los bombardeos y posterior invasión han causado más de 11.000 muertos, según las autoridades sanitarias del enclave. La corte argumentó que la “compleja realidad” obliga a buscar un “equilibrio”, pese al “elevado estatus del derecho de protesta”. Y aceptó la posición de la policía de que enviar allí agentes iría “a expensas de tareas de emergencia que salvan vidas”, pese a que los agentes vigilan a diario manifestaciones en ciudades de mayoría judía. “Sí hay suficientes policías para las protestas en Tel Aviv, pero no para la comunidad árabe, con el amparo del Tribunal Supremo de la llamada justicia que tantos salieron a defender a las calles”, ironiza Touma-Suleiman, en referencia a los meses de protestas multitudinarias contra la reforma judicial de Netanyahu, hoy paralizada.

Lo de Nazaret no era, a propósito, una manifestación, sino técnicamente una suerte de concentración silenciosa solo para invitados, explica a las puertas de la comisaría Hassan Yabarín, abogado de los exparlamentarios y director de Adalah, ONG que defiende los derechos de la minoría árabe. La Fiscalía General marca tres requisitos para que una manifestación requiera permiso: que congregue a más de 50 personas; que sea en el exterior y con algún discurso de tipo político y que incluya una marcha. “Ni siquiera necesitábamos permiso, pero lo comunicamos igual a la comisaría de policía”, señala Abu Shehade. “Es ilegal”, añade Yabarín. “Ben Gvir empuja a la policía a hacer cosas ilegales porque está interesado en enfrentar a judíos y árabes”.

En el último mes, las fuerzas de seguridad han efectuado más de 200 arrestos o interrogatorios, y han perseguido publicaciones por los delitos de incitación a la violencia o al terrorismo, que en ocasiones consisten simplemente en muestras de solidaridad con Gaza o en malas interpretaciones, según denuncia la ONG Centro Mossawa. El Parlamento aprobó además el miércoles una enmienda para combatir el consumo de “contenido terrorista”, especialmente relacionado con Hamás y el ISIS (Estado Islámico, en sus siglas en inglés). Adalah la considera una de las medidas “más intrusivas y draconianas jamás aprobadas”, al convertir en delito “el ámbito de los pensamientos y creencias personales”.

La extrema vigilancia marcha paralela a la impunidad de la incitación a la violencia contra palestinos o izquierdistas en las redes, donde se pueden ver agresiones a ciudadanos árabes o el intento de una multitud de forzar el acceso a unos dormitorios universitarios donde viven. Aunque el código penal castiga la incitación a la violencia o el racismo, hay vídeos de israelíes en TikTok abogando por la limpieza étnica, burlándose de los gazatíes bajo las bombas o bebiendo agua para dar envidia en una Franja en la que falta. No ha habido ni arrestos ni imputaciones, según el Centro Mossawa.

Otro vídeo reciente capta a soldados coreando “¡En Gaza!”, como respuesta a un cantante que pregunta a las tropas dónde no hay comida ni medicamentos, y se acabará viviendo en tiendas de campaña. Un conocido presentador y animador infantil, Mani Tzukerl, exhortó a los asistentes a una boda ultraortodoxa a cantar un lema habitual del nacionalismo religioso más radical: “Que te quemen la aldea”. Una diputada del partido que lidera Netanyahu, Taly Gotlib, publicó el pasado día 29 en la red social X, antes Twitter: “Que les quemen la aldea. Sí, sí, en lo que a mí respecta, es una gran motivación el deseo de que Gaza sea borrada e incendiada. He dicho a menudo que la venganza es un valor”.

Sigue toda la información internacional en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal.