Donald Trump denuncia ante el juez “una guerra jurídica y política” para socavar su candidatura en 2024

Donald Trump ha regresado este lunes a un tribunal de Nueva York, para declarar en un juicio civil por fraude que amenaza con mermar el imperio inmobiliario que forjó su reputación antes de entrar en política. Su imagen de marca, la del poderoso magnate hecho a sí mismo, que fue el trampolín a la presidencia en 2016. Al igual que sus dos hijos mayores, Donald Jr. y Eric la semana pasada, el expresidente ha respondido a...

Donald Trump ha regresado este lunes a un tribunal de Nueva York, para declarar en un juicio civil por fraude que amenaza con mermar el imperio inmobiliario que forjó su reputación antes de entrar en política. Su imagen de marca, la del poderoso magnate hecho a sí mismo, que fue el trampolín a la presidencia en 2016. Al igual que sus dos hijos mayores, Donald Jr. y Eric la semana pasada, el expresidente ha respondido a cuestiones contables que el juez Arthur Engoron, que instruye la causa, ya declaró en su día fraudulentas: cómo los Trump inflaron el valor de varias propiedades para obtener beneficios de los bancos y las compañías aseguradoras. Según la fiscal general de Nueva York, Letitia James, el fraude se prolongó una década, entre 2011 y 2021 (el último tramo, coincidiendo con su estancia en la Casa Blanca), durante la que exageró su fortuna en 2.200 millones de dólares [unos 2.047 millones de euros], y obtuvo a cambio beneficios de un centenar de millones.

Bajo juramento, Trump ha denunciado la “guerra política” de la que dice ser objeto por parte de los demócratas. A primera hora de la mañana, antes de dirigirse al tribunal de Manhattan, criticó al juez Engoron y a la fiscal James en las redes sociales y, antes de entrar en la sala, aseguró que el caso es un intento de socavar su candidatura presidencial de 2024. “Es una guerra política, como la llamarían ustedes, o una guerra jurídica política”, dijo al entrar en la sala. Una vez en el estrado, ha repetido el argumento esgrimido por sus dos hijos de que las irregularidades se deben a la empresa externa de contabilidad que redactó los informes, y que, en el caso concreto de la propiedad de Mar-a-Lago, una de las investigadas, pensó: “Estaba muy infravalorada, pero no hice nada al respecto, simplemente lo dejé estar”. El expresidente ha explicado que en general sentía que sus activos estaban infravalorados en sus declaraciones financieras.

La duración de las respuestas de Trump ha exasperado al juez Engoron, que, dirigiéndose a uno de los abogados de la defensa, le ha recordado que estaban en un tribunal, no en un mitin político. El magistrado ha pedido al letrado que reconvenga a Trump para agilizar su declaración, sin conseguirlo. El expresidente ha arremetido contra el juez y la fiscal en una declaración más próxima a la arenga que a un testimonio en sede judicial. Al reanudarse la vista tras la pausa del almuerzo, el acusado ha seguido enhebrando monólogos, pero sin la exasperación de la mañana.

La Organización Trump, que al igual que el exmandatario, sus dos hijos mayores y altos ejecutivos de la compañía, está acusada del fraude, infló según el juez el valor de campos de golf, torres de apartamentos y otros activos en un momento en que muchos prestamistas se negaban a hacer negocios con él. El candidato republicano favorito para llegar a la Casa Blanca en 2024 ha negado haber actuado mal.

A diferencia de los cuatro casos penales a los que se enfrenta, este juicio civil no amenaza con llevarlo a prisión, pero sí con costarle una sanción de 250 millones de dólares, que pide la fiscal James, y, sobre todo, con perjudicar la actividad de la organización e incluso inhabilitar a los Trump para dirigir cualquier negocio en Nueva York, su Estado natal. El juez ya ha cancelado los certificados comerciales de las empresas que controlan gran parte de sus negocios, aunque esta orden estará en suspenso durante la apelación. Está previsto que la hija del expresidente Ivanka Trump, que no está imputada, declare este miércoles.

Trump ha hecho de la contrariedad virtud, al aprovechar cada imputación o revés judicial para solicitar donaciones para su campaña, alegando que se le persigue por sus opiniones políticas. La fiscal James es demócrata, igual que el fiscal de Manhattan Alvin Bragg, que en abril le endosó la primera imputación por el caso Stormy Daniels (el presunto pago de un soborno a una actriz porno para acallar una relación extramatrimonial), por lo que Trump se presenta ante sus seguidores como víctima de una caza de brujas política. Al arrancar el juicio, el 2 de octubre, calificó a los “demócratas neoyorquinos” de “tiranos corruptos”.

Parece que el victimismo le está funcionando, tanto en la recaudación de fondos para su campaña como en intención de voto: el republicano lidera las encuestas en cinco de los seis Estados bisagra, determinantes para decidir la presidencia en 2024. Biden solo está en cabeza en uno de los seis Estados decisivos, según una encuesta publicada este domingo.

Las pruebas presentadas en el juicio civil hasta ahora han revelado que ejecutivos de la empresa, incluidos los dos hijos mayores, manipularon el valor de tasación de propiedades emblemáticas de la familia, como la mansión de Mar-a-Lago en Florida, la misma a la que está vinculada la imputación por retener información clasificada sacada de la Casa Blanca en enero de 2021. Un testigo principal, el exabogado y conseguidor del magnate Michael Cohen, declaró que Trump le ordenó falsificar estados financieros para aumentar su patrimonio neto. De hecho, la investigación arrancó precisamente después de que Cohen testificara ante el Congreso en 2019 que Trump y sus empleados habían manipulado su patrimonio para satisfacer sus intereses.

La fiscal James desarrolló la causa, presentando el patrón de la Organización Trump para inflar el valor de las propiedades de la compañía en documentos presentados ante prestamistas, aseguradoras y el Servicio de Impuestos Internos (IRS, en sus siglas inglesas; Hacienda). En septiembre de 2022, la oficina de James rechazó una oferta de acuerdo de los abogados de Trump. Días después, presentó una demanda contra este y su empresa, acusándoles de un amplio esquema de prácticas comerciales fraudulentas. El juicio comenzó el 2 de octubre, después de que un tribunal de apelaciones de Nueva York rechazara las maniobras dilatorias del expresidente. La decisión se produjo después de que el juez que supervisa el caso concluyera que Trump cometió fraude de forma persistente al inflar el valor de sus activos y le despojara del control sobre algunas de sus emblemáticas propiedades neoyorquinas, incluida la Torre Trump, el símbolo de su imperio.

El enfado de Trump ha sido evidente en todo momento, y sus reacciones airadas en el tribunal, donde ha descalificado a ayudantes del juez, le han valido multas de 15.000 dólares por violar en dos ocasiones una orden de silencio que le impide criticar al personal del órgano judicial. También ha ridiculizado a sus oponentes legales calificándolos de “racistas” y “trastornados” durante sus mítines y en las redes sociales. Aunque hasta este lunes no se había requerido su presencia en el tribunal, ya ha comparecido varias veces entre evidentes gestos de desdén y aprovechando el plató televisivo a las puertas del edificio judicial para denunciar la persecución política de la que dice ser objeto. El juez Engoron amplió el viernes a los abogados de la familia la orden de silencio.

El apretado calendario judicial de Trump amenaza con distraerle de la campaña electoral durante gran parte del próximo año. Estaba previsto que el juicio en el Tribunal Supremo del Estado de Nueva York, en el bajo Manhattan, se prolongara hasta principios de diciembre, pero podría terminar antes si el Estado llama a declarar a sus últimos testigos esta misma semana. No está claro a cuántos testigos llamará la defensa. La comparecencia de Trump este lunes es la 24ª en el orden de testimonios.

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