Palestina: un Estado sin pleno reconocimiento internacional ni control absoluto del territorio

El anhelo palestino de establecer un Estado propio ha fracasado durante las últimas siete décadas. La ocupación de Israel y la ausencia de un gobierno estable en todo el enclave, capaz de ejercer su administración de forma autónoma en Cisjordania y Gaza, impiden que los territorios que conforman Palestina ejerzan su soberanía o desarrollen políticas públicas para los 5,5 millones de personas que aproximadamente viven en ellos. Pese a todo...

El anhelo palestino de establecer un Estado propio ha fracasado durante las últimas siete décadas. La ocupación de Israel y la ausencia de un gobierno estable en todo el enclave, capaz de ejercer su administración de forma autónoma en Cisjordania y Gaza, impiden que los territorios que conforman Palestina ejerzan su soberanía o desarrollen políticas públicas para los 5,5 millones de personas que aproximadamente viven en ellos. Pese a todo, un total de 139 Estados de los 193 miembros de Naciones Unidas han reconocido a Palestina como un Estado soberano de pleno derecho (entre ellos no figuran Estados Unidos ni los principales países europeos). ¿Cuál es, entonces, su estatus jurídico y el de sus ciudadanos?

La Convención de Montevideo, de 1933, fija los atributos clásicos que debe cumplir un Estado para ser considerado como tal: que tenga soberanía efectiva sobre un territorio definido, una población estable, una serie de instituciones capaces de responder a las necesidades de los ciudadanos y que sea reconocido como un igual por otros Estados. “En el caso de Palestina podría incluirse en la serie de los denominados ‘casi-Estados’ o Estados con soberanía limitada”, explica Isaías Barreñada, doctor en Ciencias Políticas y coautor de Palestina: de los acuerdos de Oslo al apartheid (Catarata, 2023).

“No tiene soberanía efectiva sobre su territorio, sino sobre una especie de archipiélago de pequeñas porciones de su territorio”, apunta Barreñada, profesor también de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. El motivo es que Al Fatah y la Autoridad Palestina gobiernan en una Cisjordania cada vez más inundada de asentamientos colonos israelíes, mientras que Hamás lo hace de facto en Gaza. Tampoco tiene jurisdicción sobre el conjunto de la población palestina, en la medida en que algunas zonas, las denominadas B y C según los Acuerdos de Oslo de 1993, están bajo control israelí —las primeras solo bajo control militar y las segundas, militar y civil—.

Sí posee Palestina, según contempla Barreñada, “el atributo de haber creado instituciones propias de un Estado, como instituciones de gobierno o legislativas”. Prueba de ello es que “ha convocado elecciones y ha elaborado textos constitucionales”. Y desde el punto de vista del reconocimiento, “es bastante extenso”. “Pero no es la totalidad”, matiza. En concreto, 54 países miembros de la ONU no la han reconocido, entre ellos, “potencias de Occidente como Estados Unidos, Canadá y una serie de países de Europa”, como España.

“En España la situación es muy insólita porque no ha reconocido a Palestina como Estado, pero existe una misión diplomática de Palestina en España, encabezada por un diplomático palestino [Husni Abdel Wahed], al que España reconoce como embajador y que ha presentado sus credenciales ante el Rey”, explica el experto. La semana pasada, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, instó a reconocer a Palestina como Estado.

Palestina es, por su parte, miembro de organismos internacionales como la Liga Árabe o la Unesco, y desde el 29 de noviembre de 2012, es Estado observador no miembro de la ONU. La resolución aprobada aquel día por 138 países reconocía “el derecho del pueblo palestino a la libre determinación y a la independencia en su Estado de Palestina” sobre el territorio ocupado por Israel desde 1967. Sin embargo, el hecho de pertenecer a organismos internacionales no es una condición suficiente para que Palestina sea reconocida como un Estado. “El reconocimiento de un Estado no lo da un organismo internacional como la Unión Europea, que no tiene competencias para ello, o Naciones Unidas”, aclara Barreñada.

Sin embargo, ser miembro de pleno derecho de la ONU es un paso importante, aunque el proceso es más complejo. “El Estado habrá de presentar una solicitud al secretario general”, alegando que cumple con todos los requisitos, describen Lisbeth Katherine Duarte Herrera y Jorge Daniel Miramontes Romero en el artículo Reconocimiento Internacional de Palestina. Esa solicitud deberá recibir el visto bueno de un comité de admisiones ligado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en el que tienen derecho a veto cualquiera de los cinco miembros permanentes (Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido o Francia). Una vez pasado ese filtro, la Asamblea General de la ONU decidiría por mayoría si el país es admitido o no como Estado miembro.

“En 2011, Palestina presentó su solicitud, pero el secretario general [entonces Ban Ki-moon] sabía que Estados Unidos lo bloquearía, así que congeló la petición palestina, que sigue en un cajón, hasta que hubiera condiciones para evitar el rechazo estadounidense”, explica el doctor en Ciencias Políticas. Porque, según añade, si pasa ese filtro “todos sabemos que, en la Asamblea General, Palestina tendría mayoría”.

Una resolución “anómala”

Para encontrar una respuesta a la actual situación palestina es necesario bucear en los orígenes del conflicto. “La singularidad del caso palestino residió en que su proyecto fue interferido por el proyecto colonial sionista y que Naciones Unidas terminó zanjando una partición, en 1947, que contravenía el derecho de autodeterminación de los pueblos colonizados”, escriben José Abu-Tarbush y Barreñada en su reciente libro sobre Palestina. Según concluyen, la ONU resolvió un conflicto generado por el colonialismo [Palestina fue colonia británica] de una forma totalmente “anómala”, que consiste en dividir el territorio en dos para que una parte sea entregada a los colonos y otra a la población autóctona. Es la denominada solución de “dos Estados”, uno para los judíos y otro para los palestinos.

“Los sionistas de aquella época [el Estado de Israel no nace hasta 1948] aceptan la propuesta de la ONU, pero Palestina y los países árabes la rechazaron al considerarla una solución salomónica”, subraya Barreñada. “Imaginad que hubiera pasado eso con Argelia y que la mitad de Argelia hubiese sido para los colonos franceses y la otra mitad para la población autóctona magrebí”, detalla para resaltar la “anomalía” de esta decisión. “A principios de los setenta los palestinos se dan cuenta de que el Estado de Israel es una realidad irreversible, y en ese momento es cuando admiten recuperar el territorio que les queda, un 22% de lo que era originariamente” la Palestina histórica, continúa. Pero ya Israel “no lo permitirá”.

La nacionalidad palestina

Pero, ¿qué nacionalidad tienen los ciudadanos de un casi-Estado? Los palestinos que tras la proclamación del Estado de Israel, en 1948, permanecieron en territorio israelí adoptaron la nacionalidad de este país. Sin embargo, el estatus legal del resto es muy diverso. “Quienes nacieron, por ejemplo, antes de 1967 en los territorios que administraba Jordania [en Cisjordania] tienen documentos de residencia jordanos”, cuenta Barreñada, mientras que los que nacieron más tarde disponen de documentos de identidad proporcionados por Naciones Unidas y, los más jóvenes, por la Autoridad Palestina.

Sin embargo, varía mucho de unos países a otros la situación de los palestinos de la diáspora, aquellos obligados a vivir fuera de la Palestina histórica después de la Nakba (desastre) de 1948, unos siete millones, según la Oficina Central Palestina de Estadísticas. “En algunos sitios figuran como inmigrantes, en otros como refugiados y otros adquirieron la ciudadanía de los lugares de acogida”, explica Barreñada.

En países como Jordania o Siria “cuentan con muchas facilidades, pero en otros como en Líbano solo disponen de documentación de Naciones Unidas, si salen nunca podrán regresar y tienen problemas para acceder al mercado laboral porque hay oficios vetados para ellos”, señala el experto. Esta variedad de regímenes jurídicos, que puede afectar a miembros de una misma familia —“abuelos con documentos jordanos y nietos con los de la Autoridad Palestina”— impide que a veces puedan reencontrarse o salir del territorio en el que se encuentran.

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