Ecuador, elecciones bajo el terror de la narcoviolencia

El candidato a la presidencia Fernando Villavicencio fue asesinado a tiros el pasado miércoles en Quito, la capital de Ecuador. Esta misma semana, el domingo, se organizará el debate entre los candidatos. Y el próximo 20 de agosto, en menos de dos semanas, más de 13 millones de ecuatorianos están llamados a...

El candidato a la presidencia Fernando Villavicencio fue asesinado a tiros el pasado miércoles en Quito, la capital de Ecuador. Esta misma semana, el domingo, se organizará el debate entre los candidatos. Y el próximo 20 de agosto, en menos de dos semanas, más de 13 millones de ecuatorianos están llamados a las urnas. La inseguridad, un tema que ya era omnipresente en las campañas, monopoliza los discursos de los aspirantes, alimenta la desconfianza en el Gobierno de Guillermo Lasso y atraviesa las preocupaciones de la población, mientras la sombra de la narcoviolencia planea sobre las elecciones de primera vuelta tras el magnicidio.

En medio de la peor crisis de seguridad de su historia reciente, Ecuador se asume en una “guerra contra las mafias”. Así lo afirmó el general Luis Lara, el ministro de Defensa, después del atentado contra Villavicencio y así lo hizo también el presidente Lasso hace dos años, al declarar el estado de emergencia tras una serie de amotinamientos en las cárceles del país. La narrativa bélica domina los mensajes de las autoridades, los discursos de quienes se oponen al Gobierno y las columnas de opinión de los principales diarios.

“Fernando luchó hasta su último aliento por salvarnos de este estado de maldad e impunidad en el que estamos atrapados. Si para algo debe servir su sacrificio es para enterrar a las mafias, a los delincuentes disfrazados de políticos”, aseguró Andrea González Nader, candidata a la vicepresidencia y compañera de fórmula de Villavicencio por el Movimiento Construye. La campaña se ha vuelto monotemática: solo se habla de vacunas [extorsiones], pandillas, carteles de la droga, jefes criminales, motines carcelarios, asesinatos políticos y candidatos que se presentan como la solución a la inseguridad.

“Este es el momento de todos los que creemos que hay que derrotar a las mafias y a los delincuentes”, señaló el empresario y exvicepresidente Otto Sonnenholzner (alianza Actuemos), en el segundo puesto entre los ocho candidatos en liza, según la mayoría de las encuestas. Sonnenholzner ha sostenido que los delincuentes “controlan el crimen desde las cárceles del país” y han sumido a Ecuador en una ola de violencia similar a “la Colombia de los ochenta” o al “México de los noventa”, por lo que ha propuesto nuevas medidas penitenciarias para evitar que los presos de más alta peligrosidad tengan contacto con el exterior. El izquierdista Yaku Pérez, a su vez, convocó a un pacto entre los aspirantes para poner las necesidades del país por delante, pero solo uno de sus rivales respondió al llamado.

El empresario Jan Topic, que ha llamado la atención por querer emular la estrategia de seguridad de Nayib Bukele en El Salvador, ha empezado a capitalizar su eslogan “Ecuador sin miedo” y se ha convertido en un termómetro de la aceptación que tendrían las medidas de severidad y mano firme contra el crimen entre varios sectores de los votantes ecuatorianos. Como otros aspirantes, Topic suspendió su campaña tras el atentado y dio un mensaje 24 horas después en el que pidió a sus rivales ser “valientes” y anunció que tenía “la voluntad, los pantalones y la mano dura” para lograr un país seguro. Él será el primer candidato que hablará sobre el tema de seguridad, el primero en el debate de este domingo.

La correísta Luisa González, puntera en las encuestas, recordó que el ataque contra Villavicencio no fue el único. En febrero también fue asesinado Omar Menéndez, candidato a alcalde de Puerto López, y en diciembre pasado Javier Pincay, candidato a alcalde de Portoviejo, sobrevivió a un atentado. Ambos, por cierto, resultaron electos. El alcalde de Durán, Luis Chonillo, también fue tiroteado en mayo y abandonó el país para esconderse y gobernar de forma telemática.

“Debo confesarles que a veces no puedo articular palabras que los convenzan de que tenemos que trabajar por el bien de una sociedad que nos eligió para servirlos, porque también tengo miedo”, reconoció Chonillo en una carta publicada el lunes. En julio, Agustín Intriago, el alcalde de Manta, fue asesinado de seis tiros. La lista de agresiones y amenazas del crimen organizado, como las que denunció Villavicencio, es prácticamente interminable. La última víctima ha sido Estefany Puente, candidata a la Asamblea, que salió ilesa después de ser interceptada el viernes por dos hombres en motocicleta, que abrieron fuego contra su coche.

El equipo de González ha insistido en que la ola de violencia es culpa de la “ineptitud” de Lasso y en que el regreso de la Revolución Ciudadana, el proyecto político del expresidente Rafael Correa, es la solución para retomar el rumbo del país. “¡Ya basta! La violencia criminal nos mata a todos”, reclama en un mensaje de campaña. La única mujer presidenciable en la contienda promete que va a “desmantelar las organizaciones delictivas, pacificar las cárceles y eliminar a las mafias de la extorsión” con ayuda del Ejército y la depuración de la Policía, así como una política que ataque las causas de la violencia, como las carencias en educación y la falta de oportunidades. No está claro todavía cuál será la tendencia predominante. Si el asesinato de Villavicencio, cercano a Lasso, va a afianzar la ventaja de González o va a movilizar a los votantes que se oponen a Correa.

“Los análisis que todo el mundo ha hecho no sirven para nada ya”, afirma el analista político Pedro Donoso. En su opinión, el asesinato de Villavicencio marca “un punto de inflexión” y ha desvanecido las certezas que se habían construido desde que se anunciaron las elecciones extraordinarias en mayo, después de que Lasso declarara la llamada “muerte cruzada”, que implica que pusiera fin a su Gobierno dos años antes de lo previsto y disolviera el Congreso para evitar un juicio político. Donoso comenta que hasta hace unos días, cuatro de cada 10 votantes seguían indecisos, había un porcentaje considerable que iba a anular su voto y la ventaja de González parecía prácticamente blindada. “El atentado tendrá consecuencias, pero no sabemos todavía cuáles”, reconoce.

A unos días de la primera vuelta, ya se vislumbran otras certezas. “Hoy por hoy, el gran elector es la violencia, que no está en la papeleta, pero está presente en toda la vida política del Ecuador”, asegura Donoso. En su opinión, la visibilidad de los atentados contra Villavicencio y otros políticos supone un desafío contra el Estado, justo cuando los ecuatorianos salen a elegir a un nuevo Gobierno. “El asesinato de Villavicencio manda un mensaje político contra la democracia, la delincuencia busca demostrar que ellos son los que imponen las reglas”, afirma.

El atentado es sintomático de la crisis de violencia que arrastra el país, pero apela también a un problema más profundo. Casi dos de cada tres ecuatorianos aseguraron que su país es inseguro, según una encuesta de la consultora Gallup publicada en enero. Fue la cifra más alta en Latinoamérica. Casi el 95% de los ciudadanos considera que Ecuador “va por el camino equivocado” y seis de cada diez “no confía en el Estado”, según una encuesta de Perfiles de Opinión de julio pasado. Lasso aparece como el mandatario peor evaluado de la región, con solo un 14% de aprobación, y el 87% de la población está insatisfecha con la democracia, de acuerdo con la última entrega de Latinobarómetro. Casi uno de cada cinco ecuatorianos se decanta por el autoritarismo, según ese estudio.

Después de que los tres últimos presidentes enfrentaran acusaciones de corrupción, de que el país estuviera al borde de la inestabilidad este año tras el amago de un juicio político a Lasso y de que la tasa de homicidios se triplicara en la última década, Ecuador vuelve a las urnas. Lo hará entre dudas sobre la seguridad de los comicios, conmocionado por la violencia de los últimos meses y en pleno estado de excepción, 11 días después del asesinato de Villavicencio. Pese a todo, la visión predominante entre los candidatos, las autoridades electorales y el Gobierno es que posponer las votaciones profundizaría aún más la crisis. “Es el peor mensaje que podría mandar el Estado”, coincide Donoso. El candidato elegido gobernará desde noviembre de 2023 hasta mayo de 2025.

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