Carlos Demasi, historiador: “En Uruguay no hay autocrítica, hay una cultura de la impunidad”

Uruguay conmemora los 50 años del golpe de Estado de 1973 sin la autocrítica de sus responsables, con un cerrado pacto de silencio de los militares y controversias abiertas en torno a su pasado reciente. “Uruguay llega a esta fecha con muchas deudas pendientes”, dice en esta entrevista con EL PAIS, el historiador uruguayo Carlos Demasi (Fray Bentos, 1949).

A finales de los años 60, el país se encontraba en medio de una profunda crisis económica, convulsionado por la creciente agitación social y la deriva auto...

Uruguay conmemora los 50 años del golpe de Estado de 1973 sin la autocrítica de sus responsables, con un cerrado pacto de silencio de los militares y controversias abiertas en torno a su pasado reciente. “Uruguay llega a esta fecha con muchas deudas pendientes”, dice en esta entrevista con EL PAIS, el historiador uruguayo Carlos Demasi (Fray Bentos, 1949).

A finales de los años 60, el país se encontraba en medio de una profunda crisis económica, convulsionado por la creciente agitación social y la deriva autoritaria del Gobierno. Fueron tiempos de violencia política, que tuvieron como protagonistas a grupos armados de la extrema izquierda y también de la derecha más radical. Ligado a esto, la progresiva intervención de las Fuerzas Armadas en el Gobierno civil se fue degradando hasta herir de muerte a la democracia.

En febrero de 1973, el Ejército y la Fuerza Aérea emitieron dos comunicados con una serie medidas para –supuestamente- revertir la crisis, desconociendo la autoridad del ministro de Defensa. Esa intentona golpista fue zanjada en un pacto con el presidente de la República, Juan María Bordaberry, quien cuatro meses después, el 27 de junio, encabezaría el golpe de Estado definitivo. Con la disolución del Parlamento y de los Gobiernos departamentales, Bordaberry dio comienzo a 12 años de una dictadura comandada por civiles y militares, que sumió al país en el periodo más oscuro de su historia reciente y cuyas consecuencias llegan hasta el presente.

Pregunta. ¿Cómo llegó Uruguay al golpe de Estado de junio de 1973?

Respuesta. En junio se juntaron varios factores. Había una crisis económica desde los años 60, era muy fuerte la inflación y había caído mucho el salario. El año 72 fue durísimo, con un desabastecimiento muy grande. Había movilizaciones, reclamos sindicales, porque el sueldo no alcanzaba para vivir. Por otro lado, los estudiantes estaban muy movilizados por lo menos desde el año 68. Existía, además, una cierta sensación de que el Estado estaba desbordado.

P. ¿Qué ocurría con los políticos y qué rol jugaron los militares en esa crisis?

R. Desde febrero del 73, los militares estaban jaqueando a los partidos políticos y al Parlamento. Eso llegó a un momento crítico cuando [en junio] la justicia militar pidió el desafuero del senador Enrique Erro [por supuestos vínculos con el grupo armado de izquierda MLN-Tupamaros]. También había otro problema de fondo, relacionado con denuncias de corrupción sobre la clase política, que eran muchas y no eran infundadas.

P. ¿Cuál era la situación con el grupo guerrillero de izquierda MLN-tupamaros?

R. A comienzos del 72 los tupamaros proclamaron el fin de una tregua y el 14 de abril asesinaron a cuatro personas. Por la tarde reaccionaron las fuerzas conjuntas (militares y policías) y asesinaron a ocho tupamaros. Se decretó el Estado de Guerra Interno y a partir de allí las fuerzas conjuntas tomaron el control de la lucha contra la guerrilla, que en octubre de 1972 estaba desmantelada. Los militares publicaron un informe con los nombres de casi 2000 tupamaros detenidos y procesados por la justicia militar, 30 y pico de prófugos, y poco más de una decena de asesinados.

P. ¿Procesados por la justicia militar?

R. La ficción de declarar la guerra era para que la justicia militar se hiciera cargo y la Ley de Seguridad del Estado (julio de 1972) lo regularizó.

P. Eso en democracia, un año antes del golpe.

R. Ese es uno de los puntos centrales de todo este proceso. Desde 1968, el Estado fue violando su propia legalidad, cuando se empezaron a aplicar las Medidas Prontas de Seguridad, la suspensión de las garantías constitucionales en algunas oportunidades, la detención de personas por tiempo indeterminado… Los dos primeros detenidos desaparecidos son de agosto del 71 y el tercero es de marzo-abril del 73. Todavía no se había dado el golpe de Estado y ya había desaparecidos y asesinatos políticos. Era un Estado prácticamente policial, aunque formalmente seguía existiendo el Parlamento.

P. A diferencia de lo que pasó en la región, el Parlamento uruguayo fue disuelto por el presidente constitucional, Juan María Bordaberry. ¿Cómo ocurrió?

R. El golpe de Estado lo dio el presidente civil, no hubo un asalto al poder, no fue una junta militar la que lo desalojó. Es el estilo uruguayo de los golpes de Estado. Entre 1898 y 1973 hubo cuatro dictadores y los cuatro fueron los presidentes que disolvieron las cámaras.

P. Con la guerrilla desmantelada, ¿cómo justificaron la decisión?

R. En el decreto de disolución de las cámaras, Bordaberry decía que se estaba viviendo un estado de suspensión de la Constitución por culpa de la “antipatria” que se infiltraba en las instituciones y mencionaba el rechazo al desafuero del senador Erro como el elemento decisivo. Y decía que, para defender efectivamente la Constitución, disolvía el Parlamento. Los militares no eran muy ideológicos, eran bastante pragmáticos. El golpe era necesario para frenar el comunismo, porque, aunque estuviera derrotada la guerrilla, el comunismo seguía activo.

P. Ese discurso encajaba en la coyuntura regional y mundial.

R. La Guerra Fría era el eje conceptual predominante. Democracia no quería decir régimen garantista, sino anticomunismo. La dictadura brasileña era demócrata, en cambio la cubana era peligrosísima.

P. ¿Cuál fue la reacción de los políticos?

R. El golpe de Estado no los tomó por sorpresa, pero se quedaron noqueados. Los sectores de derecha de los partidos tradicionales (Nacional y Colorado) apoyaron el golpe; los de centro, por decirlo de alguna manera, lo rechazaron, pero no hicieron ningún movimiento en contra. El Frente Amplio (fundado en 1971) emitió un boletín manifestándose en contra. Hubo una declaración conjunta del Partido Nacional y del Frente Amplio, en rechazo al golpe y apoyando la huelga general, pero no tomaron ninguna iniciativa política.

P. En 1976 Amnistía Internacional denunció la comisión de torturas en las cárceles uruguayas. ¿Tuvo algún impacto?

R. El tema de los derechos humanos no era un asunto que circulara normalmente en la sociedad. Los derechos humanos eran para algunos grupos de izquierda una estrategia burguesa. Y para grupos de la derecha una traba a la acción contra la subversión. El primero que vincula la situación del Uruguay con los derechos humanos fue Zelmar Michelini (senador por el Frente Amplio asesinado en 1976) en el Tribunal Russell en Roma, en 1974. Más adelante, en 1976, su secuestro y asesinato, junto al de Héctor Gutiérrez Ruiz, fue un caso emblemático.

P. En relación con su población, Uruguay llegó a tener el mayor número de presos políticos de América Latina.

R. Más de 6.000 personas, presos políticos, estuvieron en prisión prolongada, aunque después descubrimos que había centros de detención que se nos habían escapado. La prisión momentánea fue una experiencia corriente para prácticamente toda la población.

P. ¿Ha habido alguna autocrítica con respecto a lo ocurrido?

R. No, nadie ha hecho autocrítica en este país, es la cultura de la impunidad. El Partido Colorado, que es el que está más comprometido, porque Bordaberry fue presidente por el Partido Colorado, construye una narrativa casi de ficción sobre cómo fue el golpe de Estado. En 2013, Ope Pasquet (diputado colorado) hizo una autocrítica y Jorge Batlle (expresidente colorado) dijo que era el tipo más idiota que había en política. Eso demuestra cuál es la actitud frente a cualquier autocritica.

P. ¿Cómo está Uruguay en términos de justicia, a medio siglo del golpe?

R. Llega a esta fecha con muchas deudas pendientes. En Uruguay no hubo una justicia transicional que dijera qué ocurrió, cómo ocurrió, quiénes fueron los responsables. Hubo una salida negociada, en 1984, que para muchos era la única posible. Recién en el año 2005 se empezó a investigar el tema de los desaparecidos, porque hubo un negacionismo radical entre 1985 y 2003, cuando el Estado admite que es responsable de la desaparición de personas. Actualmente tenemos muy pocos militares procesados y se sabe muy poco porque mantienen un pacto de silencio terrible.

Sigue toda la información internacional en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.