Polonia se moviliza para bloquear el acuerdo migratorio de la UE por motivos de “seguridad nacional”

Polonia se moviliza para bloquear el acuerdo migratorio de la Unión Europea. El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, ha cargado este martes contra la regulación europea que, por primera vez, establece un reparto solidario de los flujos migratorios y su gestión entre los Estados miembros, y fija una cuota de solicitantes de asilo reubicados o una aportación a la hucha común de 20.000 euros por migrante...

Polonia se moviliza para bloquear el acuerdo migratorio de la Unión Europea. El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, ha cargado este martes contra la regulación europea que, por primera vez, establece un reparto solidario de los flujos migratorios y su gestión entre los Estados miembros, y fija una cuota de solicitantes de asilo reubicados o una aportación a la hucha común de 20.000 euros por migrante rechazado. Alimentando el discurso xenófobo y contra la inmigración, Morawiecki ha aludido a la “seguridad nacional” y de las familias polacas para oponerse al pacto comunitario, que aún debe negociarse con el Parlamento Europeo para obtener el texto del reglamento final. Varsovia, y también Budapest, que votaron en contra del acuerdo, aspiran a bloquear ahí la norma.

“La UE está tratando de obligar a Polonia a aceptar inmigrantes ilegales de otros países o hacernos pagar”, ha declarado el primer ministro polaco en sus redes sociales. “Mientras gobierne el PiS [su partido, el ultraconservador Ley y Justicia], no permitiremos que eso suceda”, ha añadido Morawiecki. En los últimos días, el Gobierno del PiS ha asegurado que se movilizará para hacer descarrilar el acuerdo. Polonia asegura que la nueva regulación, que se guía por la premisa “solidaridad flexible pero obligatoria”, va contra el principio de voluntariedad que Varsovia defiende en la política migratoria y, aunque no ha presentado ningún estudio que avale el argumento, afirma que las nuevas fórmulas aumentarán los flujos de llegada.

Los ministros del Interior de la UE acordaron el jueves un cupo de 30.000 reubicaciones al año entre los Estados miembros (excepto aquellos de recepción, que sufren las mayores presiones migratorias, que pueden quedar fuera del reparto y el pago) o una contribución financiera o logística cuantificable a la cesta solidaria común, como adelantó EL PAÍS. También se endurecerán los requisitos de entrada y gestión, y se ampliarán las opciones para devolver a quienes han visto rechazada su solicitud de asilo. Si el acuerdo sale adelante en la negociación con la Eurocámara, la UE repartirá a los reubicados entre los socios teniendo en cuenta su población y PIB.

El primer ministro ultraconservador de Hungría, Viktor Orbán, también se opone al acuerdo y ha afirmado que la adopción de una cuota de migrantes va contra la decisión del pueblo húngaro. “Bruselas no puede abusar de su poder. Nadie puede decir a los húngaros con quién tenemos que vivir”, ha lanzado en su página de Facebook.

El acuerdo se aprobó por mayoría cualificada en el Consejo de Ministros del Interior de la UE, con el voto en contra de Polonia y Hungría y la abstención de Lituania, Malta, Bulgaria y Eslovaquia. Ahora, Orbán y Morawiecki quieren volver a poner sobre la mesa de la cumbre europea de final de mes el acuerdo ya aprobado, ya que en las reuniones de los jefes de Estado y de Gobierno se aprueban los asuntos por unanimidad y, desde el principio, Varsovia y Budapest han aspirado a vetar el pacto. Mientras, Polonia habla de impulsar una coalición con el Parlamento Europeo para frenar la futura norma en la etapa de “trílogos”, en la que los representantes del Consejo de la UE, la Comisión y el Parlamento Europeo dan luz verde a un reglamento final.

Familias con niños menores de 12 años

Es en esa fase donde Alemania también aspira a introducir algunas de las reclamaciones a las que tuvo que ceder para sacar adelante el acuerdo: la excepción de mantener a familias con hijos menores de 12 años en los centros especiales en los que aguardarán, mientras dure el proceso, los solicitantes de asilo procedentes de países que tengan menos de un 20% de aceptación de peticiones.

Polonia ha insinuado también que si sale adelante el acuerdo, con el reparto de reubicados o pagos a la cesta solidaria, no lo cumplirá. “Tenemos derecho a rechazarlos e ir en contra de esta decisión”, ha asegurado el portavoz del primer ministro, Piotr Müller. Los tratados, sin embargo, marcan que Varsovia debe acatar lo acordado. Si no lo hace, se iniciaría el enésimo contencioso de la UE contra el socio díscolo a través de un procedimiento de infracción. Polonia tiene ya bloqueados 35.360 millones de euros del fondo de recuperación de la UE por no cumplir con medidas requeridas del Estado de derecho de la UE. Hungría tiene bloqueados 27.800 millones de euros.

El tema seguirá vivo, además, en las próximas semanas en Polonia, que tiene elecciones generales este otoño y donde el debate migratorio puede volver a la mesa política. El partido anti-UE Polonia Soberana, el socio menor de la coalición gobernante del PiS, ha anunciado que presentará un proyecto de resolución ante el Paramento polaco que se opone a lo que ha llamado “reubicación forzada de inmigrantes”.

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