El bloque progresista de la UE busca apoyos para salvar la principal ley de la agenda verde ante las presiones de la derecha

El espectro político progresista de la Unión Europea trata de plantar cara a las presión conservadora para frenar la agenda verde europea. La propuesta legislativa clave para proteger la biodiversidad que ha impulsado la Comisión Europea ha sufrido un fuerte traspié esta semana en la Eurocámara, donde el Partido Popular Europeo (PPE), junto con los votos de los liberales, ha logrado rechazarla en dos comisiones,...

El espectro político progresista de la Unión Europea trata de plantar cara a las presión conservadora para frenar la agenda verde europea. La propuesta legislativa clave para proteger la biodiversidad que ha impulsado la Comisión Europea ha sufrido un fuerte traspié esta semana en la Eurocámara, donde el Partido Popular Europeo (PPE), junto con los votos de los liberales, ha logrado rechazarla en dos comisiones, la de Agricultura y Pesca. Ese bloqueo por miedo al castigo electoral constituye un intento de capitalizar el descontento ganadero y pesquero con algunas de las medidas propuestas. Aunque en ese escenario resulta difícil blindar la futura Ley para la Restauración de la Naturaleza de la UE, sus defensores consideran que no es imposible. El bloque progresista y verde del Parlamento Europeo confía en que podrá seguir adelante su camino legislativo, para lo que ha apelado al apoyo de la sociedad civil. Ese intento de defender las medidas medioambientales y alejarlas de las veleidades del ciclo electoral cuenta con un aliado clave: España, que asumirá la presidencia de turno de la UE en julio y que aboga abiertamente por defender la agenda verde europea.

“España se opondrá a la contrarreforma hacia la agenda verde que intentan instaurar en Europa las fuerzas políticas más conservadoras”, afirman fuentes del Ministerio de Transición Ecológica, que recuerdan que, solo en España, más de 30.000 personas mueren cada año de forma prematura por la mala calidad del aire. “La emergencia climática mata a las personas y destruye la prosperidad económica, especialmente entre quienes pertenecen a sectores económicos más vulnerables. Esta contrarreforma conservadora hacia la transición ecológica vuelve a sustentarse en el fomento del miedo en la sociedad. El Gobierno de España se opondrá durante su presidencia europea a que ese miedo logre vencernos. Antes al contrario, consideramos que la UE debe acelerar aún más su agenda verde”, señalan las mismas fuentes.

“En momentos en que Italia está padeciendo inundaciones y España sufre graves sequías, esta negación de lo que está pasando en Europa es inaceptable”, critica Sabien Leemans, responsable de política de biodiversidad de WWF, sobre el rechazo en la Eurocámara a la Ley de Restauración de la Naturaleza. El proyecto de normativa busca reparar el 80% de los hábitats comunitarios en mal estado, con un primer objetivo de recuperar al menos el 20% de las tierras y aguas degradadas para 2030. Frente a los argumentos de los conservadores, que afirman que la ley “supone nuevas trabas para los sectores agrícola, ganadero y pesquero”, replica: “La ciencia es clara: la restauración de la naturaleza incrementará nuestra resistencia ante eventos meteorológicos extremos como estos y apoyará la seguridad alimentaria a largo plazo”.

No es la única política medioambiental que se está viendo lastrada por el miedo de algunos gobiernos al desgaste electoral. La decisión de lograr la neutralidad climática en 2050 y de reducir las emisiones de efecto invernadero al menos un 55% para 2030 fue tomada en 2019 por los 27 Estados de la UE. Pero políticos y formaciones se están echando atrás en algunas de las medidas clave con una mirada electoral cortoplacista, lamentan las organizaciones medioambientales, que temen que el rechazo al próximo gran hito de la agenda pueda amenazar toda la estructura verde europea. Y recuerdan que, electoralmente, también hay interés en defender el medio ambiente: “En las últimas elecciones europeas, en 2019, el clima y el medio ambiente fueron considerados las mayores prioridades por los votantes y el apoyo sigue siendo alto al acercarnos a las elecciones del año que viene”, fijadas para junio de 2024, subraya la rama europea de la ONG WWF.

Junto con otras organizaciones, esta entidad ha lanzado esta semana una recogida de firmas para presionar a los eurodiputados para que apoyen una “Ley de Restauración de la Naturaleza fuerte y que sea adoptada a finales de 2023″. La campaña lleva ya más de 83.000 apoyos. El momento no es banal: la normativa tiene ante sí dos fechas clave: el 15 de junio será debatida y votada en la Comisión de Medio Ambiente, que deberá aprobar el texto final elaborado por el ponente de la ley en la Eurocámara, el socialista César Luena, antes de ser llevada al pleno, en julio.

También el grupo de Los Verdes está recopilando firmas —llevan ya más de 14.000— para “decir no a los argumentos absurdos acerca de que la protección de la naturaleza y la producción alimentaria no pueden ir de la mano”.

“Políticas partidistas”

“El PPE y Renew [grupo de los liberales] están haciendo políticas partidistas a costa de la naturaleza y los agricultores”, ha advertido la eurodiputada alemana de los Verdes Jutta Paulus. “El PPE está poniendo en riesgo nuestro sustento, ecosistemas saludables, seguridad alimentaria, salud y biodiversidad por luchas de poder político. No se puede permitir que la nefasta coalición de PPE, Renew y los populistas de extrema derecha siga minando el Pacto Verde Europeo”, subraya.

Fuentes cercanas a la negociación parlamentaria de los últimos meses lamentan lo que consideran un giro político de los populares europeos. “La excusa del PPE de que no se han tenido en cuenta sus postulados es simplemente mentira. Todo el bloque progresista ha hecho grandes esfuerzos para adaptar los compromisos y mantenerlos dentro de las negociaciones”, aseguran. Según estas fuentes, hasta que el líder del PPE, Manfred Weber, criticó la propuesta de ley, la familia conservadora europea había aceptado “la mayoría” de los compromisos políticos, precisamente por incluir sus demandas sobre seguridad alimentaria, sostenibilidad de la producción agrícola, la supresión del objetivo del 10% de elementos paisajísticos o el refuerzo de la compensación para los propietarios y usuarios de la tierra, entre otros.

Luena reconoce que la votación va a ser, como mínimo, “ajustada”. Pero espera poder cambiar la opinión —y el voto— de un número suficiente de eurodiputados para que la normativa salga adelante en las próximas citas en el Parlamento Europeo. “Vamos a seguir la dinámica de negociar con el PP sobre todas sus prioridades. Si al final mantiene el rechazo a la ley, quedará demostrado que no tiene nada que ver ni con la propuesta de la Comisión ni con la negociación, sino con su deriva extremista”, enfatiza a EL PAÍS.

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