La policía registra la sede del Parlamento Europeo en Bruselas por el escándalo de sobornos de Qatar
La presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, promete que “no habrá impunidad” ante la corrupción
El escándalo de presuntos sobornos de Qatar que asola al Parlamento Europeo ha subido este lunes varios grados de intensidad, con un registro judicial realizado en las oficinas de la sede legislativa en Bruselas. Mientras agentes belgas se incautaban de información en varias oficinas de la Eurocámara, desde la otra sede de la institución, en Estrasburgo, su presidenta, Roberta Metsola, prometía que...
El escándalo de presuntos sobornos de Qatar que asola al Parlamento Europeo ha subido este lunes varios grados de intensidad, con un registro judicial realizado en las oficinas de la sede legislativa en Bruselas. Mientras agentes belgas se incautaban de información en varias oficinas de la Eurocámara, desde la otra sede de la institución, en Estrasburgo, su presidenta, Roberta Metsola, prometía que “no habrá impunidad”. Aseguraba, además, su total cooperación con la justicia belga, que desde que comenzó los registros y detenciones el pasado viernes se ha incautado ya de varios cientos de miles de euros y ha metido en prisión a cuatro sospechosos, entre ellos a una vicepresidenta de la Eurocámara, la socialista griega Eva Kaili.
El grupo Socialistas y Demócratas (S&D), al que pertenecían tanto Kaili como varios de los implicados en las investigaciones, ha empezado el control de daños expulsando de sus filas a la eurodiputada griega y anunciando que se personarán en el juicio que se lleve a cabo en Bruselas. “Nos vamos a personar como parte perjudicada en el proceso judicial, porque el comportamiento criminal de unas personas mancha a esta institución y a la credibilidad de la UE”, ha dicho la presidenta de S&D, la española Iratxe García, al comienzo de uno de los plenos más tensos de la Eurocámara en su sede de Estrasburgo.
Según ha informado la Fiscalía Federal belga, el registro en la Eurocámara se ha realizado para incautarse de datos informáticos de 10 asistentes parlamentarios “congelados” desde el viernes, cuando fueron precintadas varias oficinas del Parlamento. Los investigadores consideran este material necesario para la investigación sobre “corrupción, blanqueo de dinero y organización criminal” que las autoridades judiciales belgas lanzaron hace cuatro meses, pero que solo se conoció el pasado viernes, cuando se produjeron las primeras detenciones.
Desde el viernes se han efectuado 20 registros en oficinas y hasta en domicilios de eurodiputados. Y se han incautado alrededor de un millón de euros: 600.000 en la casa del exdiputado italiano Pier Antonio Panzeri, en torno a cuya figura parece girar toda la trama, y otros 150.000 “en un apartamento que pertenecía a un diputado europeo” y que fuentes parlamentarias identifican como la propia Kaili. Esta política griega pudo ser detenida pese a gozar de inmunidad parlamentaria solo por haber sido aprehendida en “flagrante delito”. Finalmente, según la Fiscalía, “varios cientos de miles de euros” más fueron requisados en “una maleta incautada en una habitación de hotel bruselense”, escena en la que la prensa belga ha situado al padre de Kaili, detenido cuando trataba de huir con el dinero en efectivo presuntamente pagado por Qatar, que ha negado con contundencia su implicación en una trama ilegal.
Desde el domingo permanecen en prisión, formalmente acusados de corrupción, blanqueo de dinero y organización criminal, tanto Kaili como Panzeri, así como uno de sus antiguos asistentes y actual pareja de Kaili, Francesco Giorgi, y un lobista. Mientras, fueron librados el padre de Kaili y el secretario general de la Confederación Sindical Internacional (CIS), Luca Visentini, que ha quedado en libertad condicional.
La mayor parte de los eurodiputados implicados en el escándalo pertenecen al grupo socialdemócrata europeo, que ha celebrado una reunión de urgencia en la que se ha decidido la “expulsión inmediata” de Kaili. Los socialdemócratas apoyarán también su destitución formal como vicepresidenta del Parlamento Europeo, en un procedimiento interno que, según ha anunciado Metsola, comenzará este mismo martes.
Varios socialistas dejan sus cargos
En un intento de contener los estragos en el grupo S&D, varios eurodiputados han anunciado su intención de hacerse a un lado mientras se aclaran los hechos. Se trata del belga Marc Tarabella, cuyo domicilio fue registrado el sábado y que ha pedido este lunes su suspensión del grupo. La también belga Marie Arena ha dimitido como presidenta del subcomité de Derechos Humanos. En noviembre, presidió una controvertida audiencia sobre la situación de derechos humanos en Qatar que varios participantes denunciaron como un blanqueo de la situación en el país sede del Mundial de fútbol.
Además, el italiano Pietro Bartolo ha dimitido como responsable del grupo S&D en las negociaciones de la Comisión de Libertades del Parlamento Europeo sobre la liberalización de visados para Qatar. Esta medida iba a ser aprobada en este pleno, pero finalmente se ha decidido frenar este mismo lunes. Según indican fuentes socialdemócratas, el también italiano Andrea Cozzolino ha dimitido como coordinador de urgencias de S&D.
“Todo el grupo socialista estamos en shock. Hoy es un día oscuro para las instituciones europeas, para el Parlamento Europeo y para nuestra familia política”, ha reconocido Iratxe García al término del encuentro a puerta cerrada, al que eurodiputados como el francés Raphaël Glucksmann acudieron con reclamos duros ante la magnitud del escándalo. “El grupo va a tener que rendir cuentas, las prácticas tienen que cambiar”, dijo al entrar a la reunión.
“El compromiso de nuestro grupo político en la lucha contra la corrupción y por la transparencia ha sido siempre muy claro”, aseveró después García, que indicó que el motivo de que S&D se vaya a personar en el juicio se debe a que es una “parte perjudicada” por el escándalo. “Queremos llegar hasta el final, queremos que se puedan esclarecer todas las circunstancias, cooperar con la justicia y pedir la creación de una investigación en el Parlamento Europeo para esclarecer toda la situación”, ha declarado a periodistas la socialista española.
También Metsola ha pedido al inaugurar el pleno una investigación para “analizar todos los hechos relacionados con el Parlamento”. “No va a haber impunidad. Ninguna. Los responsables verán que este Parlamento está del lado de la ley. No se barrerá nada bajo la alfombra”, ha prometido.
Estrasburgo celebrará este martes un debate sobre las “sospechas de corrupción de Qatar y la necesidad de transparencia y rendición de cuentas en las instituciones europeas”, tal como habían solicitado varios grupos europeos. Una resolución al respecto será votada el jueves.
Aunque las sospechas se ciernen sobre todo sobre responsables del grupo socialdemócrata, las investigaciones siguen en marcha y muchos temen que la lista de investigados siga aumentando. Consciente de que el caso afecta a toda la Eurocámara, Metsola ha pedido que no se politice el asunto. “Las acusaciones no van de izquierdas o derechas, o de norte o sur”, ha subrayado la maltesa, del grupo popular europeo PPE. “Se trata de lo correcto y de lo incorrecto, les pido que resistan la tentación de explotar este momento para sacar rédito político. No abaraten la amenaza que afrontamos”, ha pedido Metsola. Varios eurodiputados han lamentado, además, algunas reacciones, como la del primer ministro húngaro. Viktor Orbán, cuyo país está en el punto de mira de Bruselas por no adoptar suficientes medidas contra la corrupción, se burló en redes sociales del escándalo.
La UE es consciente del daño profundo a su reputación de este tipo de casos, por lo que no está ahorrando en medidas de contención. “Es una cuestión de confianza de la gente en nuestras instituciones y esta confianza en las instituciones necesita los estándares más altos de independencia e integridad”, ha dicho la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ha propuesto un organismo independiente que vele por la ética, común para todas las instituciones de la UE con normas “claras y fuertes” de integridad y transparencia para todos.
“Es una cuestión de transparencia y de reglas muy claras y todas las instituciones europeas deberían someterse a las mismas normas que pongamos”, ha explicado la jefa del Ejecutivo europeo, que ha recordado que la Comisión cuenta ya con un mecanismo ético propio. En marzo, propuso formalmente al Consejo y el Parlamento que se trabajara en una instancia común de este tipo. “Espero que ahora aceleremos este proceso”, ha manifestado Von der Leyen.
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